Gobierno Petro destinó cerca de $28.000 millones a programa de energía solar, pero ninguna comunidad recibió las obras

El Gobierno de Gustavo Petro destinó cerca de $28.000 millones al programa EN-Comunidad, una iniciativa que buscaba convertir a organizaciones indígenas, campesinas y afrodescendientes en productoras de su propia electricidad. Sin embargo, al finalizar el convenio en diciembre de 2025, ninguna de las comunidades beneficiarias había recibido las obras de infraestructura energética contempladas en el propósito del programa.

La iniciativa fue liderada por el Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (Fenoge), que suscribió un convenio de cooperación internacional con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) por $27.815 millones. Los recursos se destinaron a capacitaciones, fortalecimiento empresarial, estudios de factibilidad y dotaciones para las organizaciones participantes.

De acuerdo con una investigación de Cambio, aunque las actas del Gobierno contemplaban la entrada en operación de las empresas comunitarias, la financiación para construir los proyectos energéticos no quedó asegurada. El fondo sostuvo posteriormente que las obras no estaban incluidas en el alcance del convenio con la OIM y que haber sido seleccionado no garantizaba recursos para su ejecución.

Cómo nació el programa EN-Comunidad y por qué no se construyeron las plantas solares

El 29 de mayo de 2023, durante la gestión de la entonces ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, el comité directivo de Fenoge aprobó el mecanismo de financiación Desarrollo Energético Comunitario.

La propuesta buscaba que organizaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes constituyeran empresas de servicios energéticos y desarrollaran proyectos para generar electricidad en sus territorios.

Inicialmente, el mecanismo contó con un presupuesto de $14.112 millones y una meta aproximada de 21 organizaciones. Su funcionamiento contemplaba dos líneas de financiación: la primera cubriría las capacitaciones, la constitución de las empresas y la formulación de los proyectos; la segunda estaría destinada a construir las soluciones energéticas.

Sin embargo, los recursos para esta última etapa no estaban garantizados desde el comienzo, pues su financiación dependería de los resultados de la primera fase y tendría que gestionarse posteriormente.

El 24 de julio de 2023, Fenoge abrió la convocatoria nacional EN-Comunidad, dirigida a juntas de acción comunal, consejos comunitarios, organizaciones indígenas, cooperativas y otras asociaciones, especialmente de territorios vulnerables y con dificultades de acceso a la electricidad.

La convocatoria recibió 491 postulaciones, de las cuales 331 cumplieron los requisitos para continuar en el proceso.

Meses después, el Gobierno amplió el alcance de la iniciativa. El 29 de noviembre de 2023, durante la administración del ministro Omar Andrés Camacho, el comité directivo aumentó el presupuesto a $27.902 millones y amplió la meta a cerca de 49 organizaciones.

El 28 de diciembre de ese año, el administrador de los recursos de Fenoge y la OIM firmaron un convenio de cooperación internacional por $27.815 millones. La organización quedó encargada de las capacitaciones, el fortalecimiento empresarial y la formulación técnica de los proyectos.

Aunque el convenio permitió financiar la primera línea del mecanismo, no dejó asegurados los recursos para construir las plantas solares.

Las actas de Fenoge contemplaban la entrada en operación de las empresas comunitarias

El 16 de julio de 2024, el comité directivo de Fenoge volvió a revisar el programa. En una sesión presidida por Camacho y registrada en el acta 59, se aprobó ampliar la cobertura a aproximadamente 60 organizaciones, sin aumentar el presupuesto.

En esa reunión se ratificó que el mecanismo tenía dos líneas de financiación: una para estructurar las empresas comunitarias y otra para implementar sus proyectos energéticos. Entre los resultados esperados también se mantuvo la denominada entrada en operación efectiva de esas organizaciones.

Durante la sesión, Camacho preguntó si los beneficiarios de EN-Comunidad estaban incluidos entre las primeras 1.000 comunidades energéticas priorizadas por el Gobierno. La entonces directora de Fenoge, Ángela Patricia Álvarez Gutiérrez, respondió que eran adicionales.

Esto significaba que las organizaciones seleccionadas no tenían garantizada su participación en otros programas de financiación que permitieran ejecutar las obras.

Mientras la OIM desarrollaba las capacitaciones, acompañaba la constitución de empresas y elaboraba estudios de factibilidad, no se había definido quién asumiría los costos de construcción.

Al cierre de 2025, Fenoge reportó 50 estudios de factibilidad y cinco estudios técnicos entregados a 55 organizaciones, 740 personas capacitadas y 61 grupos dotados con equipos.

En su informe de gestión y empalme del 31 de diciembre de 2025, el fondo señaló que las comunidades continuaban esperando la implementación de sus proyectos y que avanzar hacia la construcción requería apoyo y decisiones del Gobierno.

El documento también registró diferencias con la OIM por los desembolsos y observaciones sobre la calidad de algunos productos entregados, situaciones que dificultaban la liquidación del convenio.

Fenoge explicó que ser beneficiario no garantizaba la construcción de los proyectos

En mayo de 2026, la Asociación de Mujeres Afro Mineras Barequeras Víctimas del Conflicto Armado de Barranco de Loba (Afrominba) presentó un derecho de petición ante Fenoge para conocer qué había ocurrido con su proyecto.

El director del fondo, Brayan Giraldo Ruiz, respondió que EN-Comunidad había terminado su ejecución en diciembre de 2025 y se encontraba en proceso de liquidación.

El funcionario explicó que la selección de las organizaciones no garantizaba la asignación de recursos para construir las soluciones energéticas y que la instalación de infraestructura excedía el alcance del convenio firmado con la OIM.

También reconoció que dentro del programa no se adelantó ningún proceso individual de implementación física de los proyectos energéticos.

De esta manera, las organizaciones recibieron capacitaciones, estudios, acompañamiento para constituir empresas y dotaciones básicas de oficina, pero no las instalaciones para generar electricidad.

Comunidades indígenas y afrodescendientes siguen esperando los paneles solares

Uno de los casos documentados por el medio es el de Playita Copomá, una comunidad indígena del Litoral del San Juan, en Chocó. Allí existe un terreno reservado desde 2025 para instalar unos paneles solares que nunca llegaron.

La comunidad esperaba la solución energética desde que ingresó al programa. Entretanto, la pequeña planta con la que contaba quedó averiada por un sismo que también afectó varias viviendas.

Su gobernador, Robinson Cabezón Chamapuro, describió las dificultades que enfrenta el territorio por la falta de electricidad.

“Somos una comunidad fundada en 2011 y no conocemos nunca una energía a este 2026”, afirmó.

En el resguardo indígena de Río Pichimá, Iquino Cuero contó que la comunidad destinó un terreno de 100 metros cuadrados para la instalación de los paneles y participó en las capacitaciones a través de la asociación Camagua. Sin embargo, casi tres años después no había recibido los equipos ni información sobre las obras.

“Somos beneficiarios del proyecto, pero la verdad nosotros no hemos tenido este beneficio hasta el momento”, manifestó.

La situación también fue reportada por Enol Chamarra Chiripúa, gobernador de Isla Bello, en el resguardo Buenavista, quien llevaba más de dos años participando en capacitaciones sin ver avances en el proyecto.

Por su parte, Willington Siciliano Siricúa, representante de la comunidad Tiberias, en el resguardo San Antonio de Togromá, recordó que les habían anunciado paneles solares para beneficiar a 40 familias, pero estos tampoco llegaron.

En Barranco de Loba, Bolívar, la representante de Afrominba, Luz Neida Ardila, mostró el terreno seleccionado en el corregimiento de San Antonio para desarrollar una iniciativa que beneficiaría, entre otros espacios, a una institución educativa.

La asociación participó en las capacitaciones y entregó la información solicitada, pero la construcción nunca comenzó. Ardila también explicó que las fluctuaciones del servicio eléctrico han ocasionado daños en electrodomésticos como neveras y lavadoras.

“No entendemos por qué quedó hasta allí”, expresó.

Otro caso corresponde al corregimiento de Santa María, donde, según su líder, Harrison Javier Klinger, la comunidad destinó un terreno de 12 hectáreas para una posible instalación solar. Después de casi dos años de formación y estudios, el proyecto tampoco se había materializado.

Una planta solar de $5.432 millones quedó sin financiación

En Pueblo Nuevo Mejía, corregimiento de San Martín de Loba, Bolívar, la comunidad recibió capacitaciones, equipos de oficina y un estudio para construir una planta solar de 159,6 kilovatios pico, cuyo costo estimado era de $5.432 millones.

Para desarrollar la iniciativa, sus integrantes constituyeron Enerpume S.A.S. E.S.P., una empresa comunitaria de servicios públicos. Sin embargo, el proyecto no obtuvo financiación para su construcción.

Un representante comunitario consultado por Cambio cuestionó que varias organizaciones terminaran con empresas legalmente constituidas, pero sin recursos para ponerlas en funcionamiento. Según advirtió, esta situación puede generar obligaciones administrativas y tributarias para las asociaciones.

“¿De qué sirve tener una empresa registrada si no existen los recursos para ponerla a funcionar?”, preguntó.

Edwin Palma reconoció que las comunidades quedaron sin financiación

El programa EN-Comunidad pasó por tres ministros de Minas y Energía: Irene Vélez, durante su creación; Omar Andrés Camacho, cuando se amplió el presupuesto y la cobertura, y Edwin Palma, quien estuvo al frente de la cartera durante la etapa final del convenio.

En respuesta a Cambio, Palma reconoció que el Gobierno no cumplió el propósito central de la iniciativa. “En la promesa de fondo, todavía no, y no lo voy a maquillar”, afirmó.

El exministro explicó que la primera etapa permitió constituir organizaciones y formular proyectos, pero admitió que las comunidades quedaron “a mitad de camino”, sin financiación para construir las plantas energéticas.

Sobre la segunda fase, sostuvo que nunca fue aprobada y que su financiación dependía de los resultados de la primera. También reconoció que durante su administración Fenoge no presentó ante el comité directivo una solicitud de recursos para construir los proyectos.

Palma justificó esa decisión en las observaciones sobre la calidad de los estudios entregados por la OIM. Según explicó, comprometer recursos para ejecutar obras sobre proyectos que todavía estaban bajo revisión habría sido irresponsable.

El exministro también informó que Fenoge rechazó dos estudios de factibilidad y mantenía bajo revisión cerca de $3.230 millones en costos reportados por la OIM, ante posibles sobrecostos.

Además, identificó seis eventos por $930,9 millones cuya relación con el convenio no había sido acreditada. La conciliación preliminar estableció un posible saldo de $389,7 millones a favor del fondo, sujeto a la liquidación definitiva.

Palma aclaró que los casi $28.000 millones correspondían al valor total del convenio y no al dinero efectivamente desembolsado. Durante su gestión, aseguró, se giraron $5.130 millones para dotaciones, mientras que otro desembolso de $7.392 millones quedó suspendido por incumplimiento de requisitos.

También reconoció que el contrato no incluyó mecanismos suficientes para rastrear los gastos de la OIM, una deficiencia que motivó un hallazgo de la Contraloría con posible incidencia disciplinaria.

“No puedo garantizar que todo se ejecutó exactamente como se prometió”, concluyó.

Contraloría tuvo dificultades para rastrear los recursos del convenio

En septiembre de 2026, el medio informó que la Contraloría General de la República había tenido dificultades para rastrear el uso de los $27.815 millones del convenio. De ese total, Fenoge aportó cerca de $27.063 millones y la OIM, otros $752 millones.

La organización internacional administró los recursos y contrató las actividades bajo sus propias reglas. Sin embargo, los informes entregados al organismo de control agrupaban los gastos en rubros generales, como capacitaciones y formulación de proyectos, sin permitir identificar con precisión a todos los proveedores, los pagos realizados y sus soportes.

El convenio tampoco exigía expresamente la entrega de los comprobantes individuales de las contrataciones internas de la OIM. Estas condiciones limitaron la posibilidad de verificar detalladamente el destino de los recursos, aunque no constituyen por sí mismas una prueba de desvío de dinero.

A este antecedente se suma la auditoría de cumplimiento a Fenoge correspondiente a la vigencia 2025, publicada en junio de 2026. La Contraloría emitió un concepto con reservas e identificó cinco hallazgos administrativos, tres de ellos con posible incidencia disciplinaria, relacionados con fallas de supervisión, retrasos y problemas de planeación. Estos hallazgos no corresponden específicamente a EN-Comunidad.