Noboa declaró como prioridad la erradicación del reclutamiento de menores por bandas criminales

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa declaró como prioridad nacional la prevención y erradicación del reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos delictivos. Esta medida busca enfrentar una de las formas más alarmantes de violencia que afectan a la infancia y adolescencia en el país, especialmente en territorios controlados por estructuras criminales.

Según el comunicado oficial de la Presidencia de la República, la disposición responde a la creciente amenaza que representa la vinculación forzada de menores a actividades ilícitas por parte de grupos armados organizados, organizaciones delictivas, bandas de delincuencia organizada y grupos terroristas. El texto enfatiza que la prioridad es impedir que “lo más preciado de las familias ecuatorianas, nuestros hijos, estén en las manos de la delincuencia organizada y el terrorismo”.

El decreto también establece la creación del “Comité para la Prevención y Erradicación del Reclutamiento, Uso y Utilización de Niños, Niñas y Adolescentes”, que funcionará como una instancia de coordinación interinstitucional para formular, implementar y ejecutar políticas públicas, planes y programas orientados a enfrentar esta problemática.

Esta instancia deberá articularse con el Plan Nacional de Desarrollo y coordinar sus acciones con los distintos niveles de gobierno, conforme lo establece la Constitución y la ley.

Entre las medidas de protección contempladas, se prioriza el derecho de los menores a crecer en un entorno familiar y comunitario seguro, con acceso a educación, salud y afecto. El Decreto N.º 21 se apoya en disposiciones constitucionales que reconocen el interés superior del niño y garantizan su derecho a una vida libre de violencia, así como en tratados internacionales que obligan al Estado a prevenir el reclutamiento y uso de menores por actores armados.

De acuerdo con el contenido del decreto, el Estado ecuatoriano asume la responsabilidad de adoptar medidas legislativas, administrativas y técnicas para asegurar que niñas, niños y adolescentes no sean instrumentalizados por bandas delictivas. La normativa vigente en el país sanciona con penas de 10 a 13 años de prisión a quienes recluten menores con fines delictivos, y eleva la pena a entre 13 y 16 años cuando se los utiliza para delitos graves como tráfico de drogas, extorsión, sicariato, trata de personas o terrorismo .

El decreto destaca que la protección integral de la niñez y adolescencia debe darse “sin discriminación alguna”, asegurando su desarrollo en un ambiente de afectividad y seguridad. También recuerda que las personas en situación de riesgo, entre ellas los menores víctimas de violencia, deben recibir atención prioritaria y especializada tanto en el ámbito público como privado.

Este anuncio se produce en un contexto en el que múltiples informes, tanto nacionales como internacionales, han alertado sobre el reclutamiento de menores por parte de bandas narcodelictivas en Ecuador, especialmente en zonas costeras como Esmeraldas, Guayas y Manabí. En estas regiones, las organizaciones criminales han instrumentalizado a niños y adolescentes para actividades como transporte de drogas, extorsión, vigilancia y sicariato.

En el 2023, Infobae ya reportó sobre el reclutamiento de menores para actos delictivos en medio de la escalada violenta de Ecuador. Entonces, en los primeros tres meses de ese año, 500 niños y adolescentes fueron detenidos por la Policía. Un año antes, The Telegraph reveló cómo la mafia albanesa cooptaba niños para convertirlos en sicarios.

En junio de 2024, la Policía realizó un operativo que permitió localizar la zona donde se realizaban el adiestramiento de jóvenes para que participen en actividades delictivas, principalmente asesinatos por encargo. En abril de este año, una investigación periodística contó el caso de un policía que entrenaba a niños para ser gatilleros.

Aunque el decreto no implica un gasto adicional para el Presupuesto General del Estado, establece que las entidades que integren el Comité deberán ejecutar las acciones necesarias con los recursos ya asignados. Las políticas implementadas buscarán prevenir desde la raíz este fenómeno, fortaleciendo la educación, la inclusión social, la protección comunitaria y la presencia estatal en zonas de alta vulnerabilidad.

La Presidencia subrayó que esta intervención será “integral y técnica”, y que se desplegará con carácter urgente para revertir una situación que ha puesto en riesgo la vida y el futuro de miles de menores. “No permitiremos que lo más preciado de las familias ecuatorianas esté en manos de la delincuencia organizada y el terrorismo”, concluye el comunicado emitido desde Carondelet.