El régimen de Daniel Ortega le retirará la nacionalidad a los nicaragüenses que adquieran una ciudadanía extranjera

La Asamblea Nacional del régimen de Nicaragua aprobó este viernes una reforma constitucional que elimina la doble nacionalidad para ciudadanos nicaragüenses, en una medida promovida directamente por los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo.

La reforma fue adoptada de forma unánime por los 91 diputados oficialistas durante una sesión especial en Niquinohomo, localidad natal del héroe nacional Augusto C. Sandino.

El nuevo texto constitucional establece que “la nacionalidad nicaragüense se perderá al momento de adquirir otra nacionalidad”, según detalló el Parlamento en la red social X.

La medida modifica los artículos 23 y 25 de la Carta Magna y contempla excepciones únicamente para ciudadanos centroamericanos, quienes podrán optar por la nacionalidad nicaragüense sin renunciar a la suya de origen.

“Quien adquiere otra nacionalidad y jura lealtad a un Estado extranjero, rompe el vínculo jurídico y moral con Nicaragua. No puede existir doble fidelidad: la patria exige compromiso exclusivo”, argumentaron Ortega y Murillo en el documento legal que acompañó la reforma.

Durante la sesión, transmitida por el canal parlamentario, el presidente del Legislativo e integrante del régimen, Gustavo Porras, defendió la modificación. “El comandante Daniel y la compañera Rosario nos dieron la tarea de reformar dos artículos de la Constitución Política en lo relativo a la nacionalidad, la que tildó de absolutamente democrática”, expresó.

El cambio constitucional aún requiere ser ratificado en una segunda legislatura en 2025 para entrar en vigor de manera definitiva. La votación se enmarcó en la conmemoración del 130 aniversario del natalicio de Sandino (1895-1934) y forma parte de una serie de reformas impulsadas por el régimen sandinista para consolidar su poder.

A mediados de febrero, el régimen puso en vigor una reforma más amplia de la Constitución que eliminó el equilibrio entre los poderes del Estado, legalizó la apatridia y consolidó la figura de la “copresidencia”, mediante la cual Ortega y Murillo comparten formalmente el poder ejecutivo.

Esa enmienda amplió el mandato presidencial de cinco a seis años, otorgó al Ejecutivo la facultad de coordinar todos los demás órganos del Estado, y derogó artículos clave, entre ellos el que prohibía la tortura.

En el mismo paquete constitucional, los legisladores oficialistas incluyeron la creación de “fuerzas militares de reserva patriótica” y “policía voluntaria”, que opositores y organizaciones de derechos humanos han señalado como estructuras parapoliciales. También se oficializó como símbolo patrio la bandera del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

Desde 2018, el régimen de Ortega y Murillo ha intensificado el control sobre la sociedad nicaragüense tras las protestas sociales de ese año, cuya represión dejó más de 300 muertos, según la ONU. La dictadura calificó esas manifestaciones como un intento de golpe de Estado impulsado por Estados Unidos.

El régimen ha despojado de la nacionalidad a cientos de opositores en los últimos años, muchos de los cuales fueron expulsados del país.

Con la nueva normativa, cualquier nicaragüense que adopte otra ciudadanía perderá de forma automática la suya, consolidando el marco legal para castigar la disidencia política con la pérdida de la identidad nacional.

Críticos locales e internacionales, entre ellos la ONU, la OEA, Estados Unidos y el Parlamento Europeo, han denunciado que las reformas suponen una regresión autoritaria que busca perpetuar a Ortega, de 79 años, en el poder junto con su esposa.

(Con información de AFP y EFE)