El militar boliviano que en junio pasado comandó un alzamiento militar en La Paz acusó al Gobierno de Luis Arce de haber montado el operativo para ganar aceptación en medio de conflictos que atravesaba el país en ese momento.
El ex comandante general de las Fuerzas Armadas, Juan José Zúñiga manifestó que el Gobierno buscaba un enfrentamiento con la Policía y algunas organizaciones sociales con el objetivo de ”subir su popularidad y victimizarse”.
El militar está detenido en la cárcel de El Abra, en Cochabamba (centro) desde el 26 de junio de 2024, día en el que se produjo el operativo que la administración de Arce consideró un intento de golpe de Estado. El tema volvió a la primera línea informativa luego de que la semana pasada, el Ministerio de Gobierno (Seguridad) presentara un documental en el que señala la participación de civiles en el supuesto intento de derrocamiento.
Zúñiga señaló en una entrevista con un medio internacional que no conoce las personas que, según el documental, iban a formar parte del “gabinete civil” tras la caída de Arce y la instalación del nuevo Gobierno.
“Para nada hubo un intento de golpe de Estado. Yo cumplí una orden, los demás militares cumplieron una orden superior”, afirmó el militar y relató que en los días previos a la avanzada habló con el presidente Arce y miembros de un supuesto “círculo íntimo de decisión que está por encima de los ministros”.
Tras la difusión del documental, se emitieron cinco órdenes de aprehensión contra personas que estarían involucradas en el operativo militar y dos de ellas fueron enviadas a la cárcel con detención preventiva. De igual manera, se convocó a varios civiles a declarar en calidad de testigos entre los que se encuentran el pre candidato a la Presidencia Jaime Dunn, el analista económico Gonzalo Chávez y Édgar Villegas, un activista e ingeniero de sistemas que cobró notoriedad pública durante los conflictos post electorales de 2019, cuando denunció indicios de fraude en la votación nacional.
Para varios analistas y miembros de la oposición, las citaciones y detenciones son parte de una persecución política del Gobierno. “Es inaceptable esta campaña de desprestigio y amedrentamiento (...) Desde la oposición democrática exigimos que se detenga este plan y alertamos a la comunidad internacional sobre esta nueva acción autoritaria”, escribió el ex presidente Carlos Mesa.
Según el ministro de Justicia, César Siles, hay al menos 30 personas investigadas por este caso, entre militares y civiles. Además de Zúñiga, cuentan con detención preventiva el ex comandante de la Armada, Juan Arnez y el exjefe de la División Mecanizada del Ejército, Edison Irahola, además del activista Fernando Hamdan.
A raíz de la proyección del documental fueron enviados a prisión con detención preventiva el periodista retirado Bismarck Imaña y Mario Tankana, un coronel del Ejército en servicio pasivo. El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo manifestó que enfrentarán distintos tipos penales por su participación “vital” en el supuesto intento de golpe de Estado y pidió que las demás personas implicadas en la investigación se presenten voluntariamente ante la Justicia para prestar su declaración.
“Me apena que usen mi caso para perseguir a gente totalmente inocente. Han mostrado un gabinete ministerial que nunca he conocido”, manifestó Zúñiga.
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