El gobierno de Panamá autorizó la presencia de tropas y contratistas de Estados Unidos en zonas adyacentes y de acceso al Canal de Panamá, como parte de un acuerdo bilateral de cooperación en materia de defensa.
El pacto, que fue divulgado este jueves por las autoridades panameñas, generó un intenso debate interno debido a su sensibilidad histórica, aunque el Ejecutivo negó que implique la instalación de bases militares o la cesión de soberanía.
El documento fue suscrito por el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, y el ministro de Seguridad de Panamá, Frank Ábrego. Según el texto, las fuerzas estadounidenses podrán utilizar las instalaciones “autorizadas” para entrenamiento, ejercicios y otras actividades de seguridad conjunta.
El acuerdo incluye imágenes de los sitios aprobados, que comprenden dos bases aeronavales y un aeropuerto, todos ubicados en áreas anteriormente ocupadas por el ejército estadounidense durante la administración del enclave conocido como la Zona del Canal, antes de su devolución a Panamá en diciembre de 1999.
El acuerdo tendrá una vigencia de tres años prorrogables, y establece que las instalaciones seguirán siendo propiedad del Estado panameño. Serán de uso conjunto entre las fuerzas de seguridad de ambos países para enfrentar amenazas que puedan afectar la seguridad del canal.
Desde su retorno al poder en enero, el presidente estadounidense Donald Trump reiteró su intención de “recuperar” el control estratégico del canal, alegando que está bajo “influencia” de China. En ese contexto, las declaraciones de Hegseth, quien afirmó el miércoles en rueda de prensa en Panamá que los ejercicios conjuntos representan una “oportunidad para revivir” una “base militar”, provocaron una reacción inmediata en el país.
De visita en Lima, el presidente panameño José Raúl Mulino aseguró que rechazó terminantemente la inclusión de expresiones como “bases militares” y “cesión de territorio” durante las negociaciones del acuerdo.
“Retiramos los conceptos de presencia militar permanente, de bases militares, de cesión de territorio, porque eso sí es inaceptable”, afirmó.
Mulino relató que entregó hasta “cuatro versiones” corregidas del borrador inicial propuesto por el Departamento de Defensa de Estados Unidos. “¿Usted quiere un lío, (...) que se prenda el país?”, dijo haberle planteado directamente a Hegseth, en referencia al rechazo social que podría provocar una presencia militar estadounidense permanente.
Por su parte, el canciller Javier Martínez-Acha también defendió el acuerdo y negó cualquier vulneración de la soberanía nacional. “Es rotundamente falso que hayamos cedido soberanía”, declaró este jueves en entrevista con la emisora Arca-Media.
Aseguró que el acuerdo no contempla uso exclusivo por parte de Estados Unidos, y que su aplicación respetará plenamente la Constitución de la República y el Tratado de Neutralidad del canal, firmado en 1977. Según Martínez-Acha, el objetivo es ampliar la cooperación en defensa frente a amenazas reales y no establecer presencia militar extranjera permanente.
La presencia militar estadounidense en Panamá fue históricamente un tema sensible. Tras la invasión militar de diciembre de 1989, cuando Estados Unidos capturó al entonces dictador Manuel Antonio Noriega, acusado de narcotráfico, el país centroamericano abolió sus fuerzas armadas y prohibió por ley el establecimiento de bases extranjeras en su territorio. Desde entonces, cualquier cooperación en materia de defensa con potencias extranjeras estuvo sujeta a estrictos límites legales y al escrutinio de la opinión pública.
(Con información de AFP y EFE)
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