El contralor general de Panamá, Anel Flores, afirmó este lunes que la auditoría realizada a la empresa Panama Ports Company (PPC), filial de la multinacional hongkonesa CK Hutchison, reveló múltiples incumplimientos contractuales, una deuda millonaria con el Estado panameño e irregularidades legales en la renovación automática de su concesión para operar dos puertos clave en las entradas del Canal de Panamá.
“Más de 300 millones de dólares que nos adeudan por incumplimientos en el contrato”, declaró Flores durante una conferencia de prensa, en referencia a PPC, que gestiona los puertos de Balboa y Cristóbal, situados respectivamente en el litoral pacífico y atlántico del canal.
La empresa administra ambos puertos desde 1997, tras obtener un contrato de concesión de 25 años, que fue renovado automáticamente en junio de 2021 por un nuevo período equivalente. Esta extensión se concretó en medio de denuncias públicas sobre supuesta corrupción y condiciones desfavorables para el Estado, que posee solo un 10 % de participación accionarial en PPC.
Según la Contraloría, el contrato original fue modificado en 2002, durante el gobierno de Mireya Moscoso (1999-2004), eliminando un canon anual de 22 millones de dólares al fisco y estableciendo como única fuente de ingreso para el Estado un cargo por movimiento de contenedores, además de otorgar amplias exenciones fiscales.
Flores estimó que estas condiciones han significado una pérdida acumulada para el erario público de aproximadamente 1.200 millones de dólares, a razón de 55 millones por año.
“Esta situación no es culpa de la compañía, sino de unos malos panameños que negociaron muy mal”, manifestó el contralor, quien acusó a antiguos funcionarios de haber suscrito un contrato perjudicial para los intereses nacionales.
Flores indicó además que la renovación automática de la concesión fue aprobada por la Junta Directiva de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) sin cumplir con los requisitos legales ni contar con el refrendo obligatorio de la Contraloría General.
El funcionario anunció que se presentará una denuncia penal ante el Ministerio Público contra los miembros de dicha junta directiva y contra oficiales de PPC, con el objetivo de esclarecer las condiciones de una renovación que, en sus palabras, fue “benevolente en exceso”.
El caso ha cobrado relevancia geopolítica tras declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien aseguró que su Gobierno está “retomando” el control de la vía interoceánica al afirmar que “China está operando el canal”, en alusión a la presencia de CK Hutchison en los puertos de entrada y salida del mismo.
En ese contexto, Trump celebró como un logro el anuncio de un acuerdo de traspaso de la concesión portuaria entre CK Hutchison y un consorcio liderado por la gestora de activos estadounidense BlackRock, en el marco de una operación global que abarca más de 40 terminales en unos 20 países, valorada en casi 23.000 millones de dólares.
El presidente panameño, José Raúl Mulino, desmintió nuevamente las declaraciones del mandatario estadounidense y reafirmó la soberanía nacional sobre la vía interoceánica: “¡Nuevamente miente el presidente Trump! El Canal de Panamá no está en proceso de recuperación. El canal es panameño y seguirá siendo panameño”.
La transacción entre CK Hutchison y BlackRock, que incluía los puertos de Balboa y Cristóbal, estaba prevista para concretarse el pasado 2 de abril, pero se ha retrasado debido a una investigación en curso por parte del regulador chino, lo que ha aplazado su ejecución.
(Con información de EFE)
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