La Fiscalía de Costa Rica acusó al presidente Rodrigo Chaves de presionar a contratista para beneficiar a su círculo cercano

La Fiscalía General de Costa Rica presentó el lunes una acusación penal contra el presidente Rodrigo Chaves y el ministro de Cultura, Jorge Rodríguez, por su presunta participación en un esquema de corrupción relacionado con la contratación de una empresa financiada por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Según un comunicado oficial de la Fiscalía, ambos funcionarios enfrentan cargos por el delito de concusión, tipificado en la legislación costarricense como la acción de un funcionario público que obliga o induce a una persona a entregar o prometer, de forma indebida, un bien o beneficio patrimonial para sí o para un tercero.

“Este delito sanciona con penas de 2 a 8 años al funcionario público que, abusando de sus funciones, obligare o indujere a alguien a dar o prometer indebidamente, para sí o para un tercero, un bien o beneficio patrimonial”, explicó la Fiscalía General en un comunicado.

La acusación fue presentada este lunes por el fiscal general, Carlo Díaz, ante la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia, que deberá evaluarla y resolver, sin un plazo definido, si remite el caso a la Asamblea Legislativa para que esta considere el levantamiento de la inmunidad del mandatario.

La investigación sostiene que un publicista que brindó servicios a la Presidencia, mediante recursos proporcionados por el BCIE, fue presionado para otorgar un beneficio patrimonial indebido. Este habría consistido en la adquisición de un inmueble destinado a un asesor y amigo cercano del presidente Chaves, según expusieron los fiscales del caso.

La Fiscalía General explicó que “investigó la contratación aparentemente a la medida para la empresa RMC La Productora S.A., con el fin de que esta prestara servicios de comunicación, mercadeo, consultoría estratégica, producción de mensajes y análisis de tendencia de opinión para la Presidencia de la República de Costa Rica, correspondiente al período 2022-2026”.

El caso se produce en un momento político complejo para el gobierno de Chaves, quien asumió la presidencia en mayo de 2022 tras una campaña en la que prometió un “cambio” y combatir la corrupción, y en la que estuvo envuelto en polémicas por denuncias de acoso sexual, así como por la existencia de supuestas estructuras paralelas de financiamiento electoral, actualmente bajo investigación por parte del Tribunal Supremo de Elecciones.

De avanzar la acusación, corresponderá a la Asamblea Legislativa decidir si levanta el fuero constitucional que protege al mandatario, paso necesario para que pueda ser juzgado. Hasta el momento, ni el presidente Chaves ni el ministro Rodríguez han ofrecido declaraciones públicas sobre el proceso. La investigación continúa en curso bajo la dirección de la Fiscalía General.

(Con información de Reuters/EFE)