Ley de Sometimiento desató choque entre congresistas: unos celebraron el fin de la paz total y otros anunciaron demanda ante la Corte Constitucional

La aprobación de la Ley de Sometimiento en la Cámara de Representantes generó posiciones enfrentadas entre los congresistas que respaldaron el proyecto y quienes se opusieron a su contenido. Mientras algunos celebraron la decisión como el cierre de la política de paz total del Gobierno de Gustavo Petro, integrantes del Pacto Histórico anunciaron que acudirán a la Corte Constitucional para cuestionar la iniciativa por presuntos vicios de procedimiento y reparos relacionados con sus disposiciones.

El presidente Abelardo de la Espriella también se pronunció sobre la aprobación y agradeció al ministro de Justicia, Iván Cancino, y al Congreso de la República por sacar adelante el proyecto. En su mensaje, aseguró que la denominada paz total llegó a su fin.

Las reacciones se conocieron después de la discusión en la plenaria de la Cámara, donde representantes de diferentes bancadas expusieron sus argumentos sobre las condiciones de sometimiento de las organizaciones criminales, los beneficios judiciales y las disposiciones relacionadas con la seguridad y la protesta social.

Abelardo de la Espriella y congresistas celebraron el fin de la paz total

A través de un mensaje, el presidente Abelardo de la Espriella celebró la aprobación de la iniciativa y reconoció el trabajo del ministro de Justicia, Iván Cancino, para sacar adelante el proyecto.

“¡HABEMUS LEY DE SOMETIMIENTO!”, escribió el mandatario, que también agradeció al Congreso por contribuir, según señaló, al fortalecimiento de la justicia y la seguridad en Colombia.

En su pronunciamiento, aseguró que su Gobierno continuará trabajando por la seguridad y la tranquilidad de los ciudadanos. Además, afirmó: “La falsa paz total llegó a su fin”.

Una de las reacciones a favor fue la de Daniel Felipe Briceño Montes, representante a la Cámara por Bogotá y coordinador ponente del proyecto en esa corporación.

El congresista destacó cuatro aspectos de la iniciativa: el fin de las mesas de negociación, la eliminación de los gestores de paz, la imposibilidad de suspender órdenes de captura y extradiciones, y las disposiciones relacionadas con la protección de los menores de edad.

Sobre este último punto, aseguró que la legislación no contempla beneficios para quienes hayan participado en el reclutamiento de niños.

Por su parte, Luis Miguel López Aristizábal, representante por Antioquia, afirmó que la nueva legislación establece que los integrantes de organizaciones criminales deben someterse a la justicia y no recibir beneficios políticos.

“Se acaba la paz total y empieza la ley de sometimiento, porque los grupos armados ilegales, los criminales, tienen que someterse a la ley”, manifestó.

El congresista también cuestionó los resultados de la política de paz del anterior Gobierno y mencionó el aumento de integrantes de organizaciones armadas, las masacres, los secuestros, el reclutamiento de menores y las extorsiones.

En la misma línea se pronunció Simón Molina Gómez, representante a la Cámara por Antioquia y primer vicepresidente de esa corporación, quien destacó varias disposiciones del proyecto.

Entre ellas mencionó la verificación individual de los integrantes de las organizaciones, la ausencia de reconocimiento de estatus político y la imposibilidad de suspender órdenes de captura o extradiciones.

También señaló que los beneficios estarán condicionados, tendrán control judicial y podrán revocarse. Según su explicación, la iniciativa contempla exigencias como el desarme, la entrega de bienes y la entrega de información sobre menores reclutados, secuestrados, desaparecidos y minas.

A las declaraciones se sumó Hilda Gutiérrez, representante por Cundinamarca, quien celebró la aprobación y sostuvo que la nueva legislación permitirá terminar con lo que calificó como impunidad durante el Gobierno de Gustavo Petro.

Entretanto, Estefanel Gutiérrez Pérez, representante por el Atlántico, defendió la iniciativa y cuestionó a los congresistas del Pacto Histórico por su oposición al proyecto. También relacionó la anterior política de paz con hechos como asesinatos de líderes sociales, masacres, desplazamientos y confinamientos.

Gabriel Becerra anunció demanda contra la Ley de Sometimiento

Desde el Pacto Histórico, Gabriel “Gabo” Becerra Yáñez, representante a la Cámara por Bogotá, anunció que su equipo y la bancada de esa colectividad participarán en una demanda ante la Corte Constitucional cuando el proyecto se convierta en ley.

El congresista cuestionó las condiciones en las que se desarrolló la discusión y aseguró que no existieron suficientes garantías para el debate.

Según su versión, durante la plenaria se sometió a votación el informe de ponencia sin que los ponentes lo presentaran y sin abrir la discusión. También afirmó que no quedó un registro completo de las proposiciones entre una ponencia y otra y que la presidencia de la Cámara interrumpió varias veces las intervenciones de quienes buscaban exponer sus reparos.

Becerra también cuestionó el contenido de la iniciativa, particularmente las condiciones que permitirían acceder a beneficios judiciales a personas vinculadas con actividades de financiación de organizaciones criminales.

Uno de sus reparos se relacionó con los testaferros y las personas que habrían lavado recursos provenientes del narcotráfico. El representante sostuvo que el texto permite que estas personas puedan aspirar a la suspensión de la pena después de tres años, siempre que cumplan las condiciones establecidas.

También cuestionó la eliminación de referencias expresas a los nexos políticos al momento de valorar los aportes de quienes se sometan a la justicia y decidir sobre su libertad condicional.

Otro de los puntos mencionados por Becerra fue una advertencia que, según indicó, realizó la Defensoría del Pueblo sobre el procedimiento para compulsar copias cuando una persona sometida señale a políticos, empresarios o funcionarios que presuntamente protegieron a una organización criminal.

El representante afirmó que el texto exige esperar hasta que exista una condena para realizar ese trámite, situación que, a su juicio, podría dificultar las investigaciones por la pérdida de pruebas o la prescripción de los delitos.

“El país tiene derecho a saber quién puso las armas, quién puso la plata y quién garantizó la protección política de esos delitos”, expresó.

Oposición cuestionó disposiciones sobre protesta social

La clasificación de organizaciones como terroristas fue otro de los aspectos que generó diferencias durante la discusión.

Becerra manifestó preocupación porque, según su interpretación, el proyecto permitiría calificar a una organización bajo esa categoría cuando sus actividades puedan alterar la convivencia pacífica o comprometer la seguridad ciudadana.

Para el congresista, esta disposición podría afectar a personas que participan en movilizaciones sociales, como paros campesinos o marchas estudiantiles.

Los cuestionamientos también fueron expuestos por Andrea Camila Vargas De La Hoz, representante a la Cámara por el Atlántico, quien denunció cambios en el artículo 2 durante la etapa final de la discusión.

La congresista aseguró que horas antes se había aprobado un parágrafo presentado mediante una proposición de Hernán Muriel, cuyo propósito era proteger la protesta social frente a posibles señalamientos relacionados con la categoría de terrorismo.

Sin embargo, afirmó que durante la medianoche se solicitó reabrir la discusión de ese artículo y posteriormente se eliminó el parágrafo.

“Eso lo habíamos aprobado en plenaria hace unas cuantas horas, pero ahora, a la medianoche, cuando vieron la oportunidad, pidieron reaperturar la discusión del artículo dos”, manifestó.

Vargas cuestionó que la definición de las organizaciones terroristas quedara bajo el alcance del Gobierno y aseguró que la oposición continuará defendiendo las movilizaciones pacíficas.

Jaime Raúl Salamanca también señaló reparos al proyecto

Jaime Raúl Salamanca Torres, representante a la Cámara por Boyacá, reconoció que el Gobierno consiguió las mayorías para aprobar la iniciativa después de varias sesiones y más de quince horas de debate en la última plenaria.

El congresista destacó algunos aspectos que consideró positivos, como la inclusión de una pena mínima de diez años para los cabecillas de organizaciones criminales y la eliminación de una disposición relacionada con la contratación directa de recursos de Fonsecón desde el Ministerio del Interior.

También señaló que durante la discusión se logró incluir a financiadores y políticos dentro del alcance de la norma.

No obstante, Salamanca expresó preocupación por la disposición relacionada con la protesta social y los posibles beneficios para quienes participaron en el reclutamiento de menores.

Además, mencionó los cuestionamientos sobre posibles vicios de procedimiento que, según indicó, deberán ser evaluados por la Corte Constitucional.

El representante explicó que votó negativamente el proyecto y que continuará ejerciendo control político desde su posición de independencia.