Orsi anunció que Uruguay renegociará el contrato de la megaobra para el agua potable: qué alternativas tiene

Durante cuatro horas, el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, estuvo reunido con su Consejo de Ministros, en el primer encuentro que mantuvo con ellos desde que asumió el cargo. El mandatario escuchó en ese ámbito las prioridades de cada una de las carteras y, al terminar, en una rueda de prensa marcó los ejes programáticos para los próximos meses.

Una de las prioridades de corto plazo la administración de Orsi es renegociar el contrato con el consorcio internacional que ganó la licitación para construir una megaobra para mejorar el suministro del agua potable.

La firma entre el Estado uruguayo y el consorcio internacional se concretó a fines de enero, a falta de algo más de un mes para que termine el mandato de Lacalle Pou. El Proyecto Neptuno está pensado para Arazatí (departamento de San José), a unos 100 kilómetros de Montevideo. La idea fue presentada por el consorcio Aguas de Montevideo (compuesto por las empresas Berkes, Saceem, Cimsa y Fast), y propone la instalación de una toma de agua sobre el Río de la Plata, una planta potabilizadora, una estación de bombeo y una tubería.

El proceso estuvo lleno de idas y vueltas porque, a las críticas del Frente Amplio, se le sumaron el rechazo de movimientos sociales. Además, hubo una decisión judicial –que fue desestimada por un Tribunal de Apelaciones– que hizo detener por un tiempo la firma del contrato. El argumento de los recursos judiciales presentados es que la Constitución uruguaya establece que el suministro del agua debe ser realizado por el Estado.

Desde antes de asumir, el gobierno de Orsi se había mostrado dispuesto a cambiar ese contrato. Este lunes, Orsi anunció que se abrirá un “ámbito de negociación” con los representantes de las empresas. “Tenemos que ver de qué forma, con lo que está establecido en un contrato, podemos renegociar este compromiso. El Uruguay tiene que cumplir con sus obligaciones”, dijo el mandatario uruguayo.

“Hoy lo que decimos es: hay que sentarse a renegociar esto. La idea es en 90 días tener un acuerdo”, señaló el presidente uruguayo.

El gobierno, por tanto, se compromete a cumplir con un contrato cuyo incumplimiento podría derivar en arbitrajes internacionales millonarios. Pero sobre la mesa también tiene varias alternativas que deberían cuantificarse en conjunto, según informó el diario El País. Uno de los costos más grandes que tiene el plan es la construcción de un pólder, que es una reserva de agua bruta para utilizar en momentos en los que el agua tiene alta salinidad.

En el memorando de entendimiento que acompaña el contrato firmado hay cuatro posibles cambios al plan del consorcio: llevar la toma a 84 kilómetros de Arazatí, eliminar el pólder donde se guardaría el agua para los días en los que haya mucha salinidad, reducir ese pólder (y los días de agua salada apoyarse en otras reservas) o contar con un nuevo embalse.

A estas opciones se le suman otras alternativas que manejan en el gobierno de Orsi. Lo que analizan las autoridades es que la toma de agua se dé en otro punto. Riachuelo es una de las alternativas y también Juan Lacaze, una localidad del departamento de Colonia.

En el contrato también están establecidas algunas condiciones para la renegociación. Las modificaciones no se pueden realizar en los primeros 12 meses desde su firma. Por otro lado, todo cambio al proyecto inicial no puede implicar un costo que supere el 50% del presupuesto en caso de que sea por acuerdo mutuo o un 20% cuando sea solo a iniciativa del gobierno.

Esta espera de un año, según El País, le da margen al gobierno para evaluar sin apuro las alternativas que tiene sobre la mesa.