La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó al gobierno ecuatoriano a garantizar el financiamiento del Mecanismo de Prevención y Protección al Trabajo Periodístico, una instancia creada en 2022 para salvaguardar la seguridad de los comunicadores.
Esta solicitud surge tras su visita de cooperación técnica a Ecuador los días 14 y 15 de enero de 2025, en la que se identificaron múltiples obstáculos en la implementación del mecanismo, entre ellos, la falta de presupuesto y la escasa articulación interinstitucional.
El llamado de la Relatoría coincide con el asesinato del periodista Patricio Aguilar, ocurrido el 4 de marzo en Quinindé, Esmeraldas. Aguilar, director del periódico comunitario El Libertador, fue atacado a tiros mientras realizaba su labor periodística en una de las zonas más violentas del país. Según la RELE, este crimen refuerza la urgencia de adoptar medidas concretas de protección para periodistas en riesgo y de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de agresiones contra la prensa.
Durante su visita a Ecuador, la Relatoría mantuvo reuniones con representantes del gobierno, la Fiscalía General del Estado, la Defensoría del Pueblo y la sociedad civil. En este contexto, destacó que, a pesar de la existencia del mecanismo de protección, persisten fallas graves que afectan su eficacia.
Entre las principales limitaciones, se mencionó la falta de conocimiento sobre su funcionamiento por parte de los propios periodistas y la ausencia de medidas adecuadas para proteger a comunicadores en situaciones de alto riesgo. Además, se advirtió que varias solicitudes presupuestarias para su operatividad fueron rechazadas en 2023 y 2024, lo que compromete su implementación efectiva.
La RELE también expresó su preocupación por el incremento de amenazas y agresiones contra periodistas, especialmente en provincias con alta presencia del crimen organizado. De acuerdo con el monitoreo realizado por la Relatoría, en 2024 se registraron 131 alertas de agresiones contra trabajadores de la comunicación y al menos 15 periodistas debieron exiliarse por amenazas. Entre los ataques documentados, se incluyen atentados, agresiones físicas, amenazas digitales y procesos judiciales utilizados como mecanismos de intimidación. La situación se agrava en regiones donde la cobertura de temas como narcotráfico, corrupción y minería ilegal conlleva mayores riesgos.
El informe de la RELE subraya que, en el marco del actual proceso de asistencia técnica, se han identificado tres prioridades urgentes: fortalecer la capacidad operativa del mecanismo de protección, mejorar la formación de fiscales en la investigación de crímenes contra periodistas y establecer directrices claras sobre el deber de los funcionarios públicos de abstenerse de realizar declaraciones que puedan estigmatizar a la prensa. Además, instó al gobierno ecuatoriano a activar un fondo de emergencia para periodistas en riesgo, con el fin de proporcionar medidas de protección directa en situaciones de amenaza.
Respecto a la situación general de la prensa en Ecuador, la Relatoría alertó sobre el cierre de varios medios de comunicación en los últimos años, ya sea por ataques, dificultades económicas o falta de pago de indemnizaciones a periodistas despedidos. Asimismo, se registraron denuncias sobre restricciones en el acceso a la información pública y la existencia de listas de exclusión de periodistas por parte de entidades gubernamentales. Según el informe, en varias provincias, la falta de voceros oficiales y el alto nivel de riesgo han generado un ambiente de autocensura que afecta la calidad del periodismo en el país.
La CIDH enfatizó que la libertad de expresión es un derecho fundamental y que los Estados tienen la obligación de prevenir e investigar los crímenes contra la prensa, así como de sancionar a sus autores. La RELE indicó que continuará monitoreando la situación de los periodistas en Ecuador y que seguirá brindando asistencia técnica para su protección.
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