Sectores productivos de Bolivia confirmaron un paro el 10 de febrero en rechazo a una disposición sobre el decomiso de productos

En un encuentro realizado este jueves en la ciudad de Sucre, varios sectores productivos de Bolivia determinaron realizar un paro nacional el 10 de febrero en rechazo a una disposición del Presupuesto General del Estado (PGE) que han pedido derogar sin éxito hasta ahora.

La controversia gira en torno a una disposición adicional del PGE que establece controles y autoriza el decomiso de productos alimenticios a los comerciantes, en el caso de que se evidencie un encarecimiento inusual de los precios o desabastecimiento en el mercado interno con el fin de evitar el agio y la especulación.

“Nosotros no especulamos, nosotros no hacemos agio, nosotros no conspiramos, nosotros no hacemos política; nosotros producimos”, manifestó el presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Pablo Camacho.

El documento firmado por miembros de la industria alimenticia, empresarios, gremiales y sectores cívicos que se sumaron al encuentro sostiene que “en caso de no ser escuchados y no proceder a la derogación, los integrantes de la cadena, de abastecimiento de la cadena productiva realizaremos un paro nacional de 24 horas el día 10 de febrero”.

De igual forma, exigen al Órgano Ejecutivo realizar “gestiones inmediatas” para la derogación de la norma cuestionada y al presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, David Choquehuanca, que viabilice el proceso. En esa línea, anunciaron que presentarán un proyecto de ley en los próximos días.

El Gobierno ha manifestado que no puede derogar la ley porque no es parte de sus atribuciones, pese a que ésta fue aprobada por decreto supremo, e invitó a los sectores que la rechazan a discutir su reglamentación.

Sin embargo, los sectores exigen su anulación. El dirigente gremial César González, que leyó las conclusiones del encuentro, manifestó que “el gobierno tuvo 60 días para dialogar, para poner en conocimiento de la población de todos los sectores. Estuvieron todo noviembre, todo diciembre. No lo hicieron. Lo hicieron aprobar de manera amañada (el PGE)”.

El proyecto de ley del presupuesto estatal para este año debía ser discutido y aprobado por el Congreso, sin embargo la sesión no se realizó y a finales de año, el vicepresidente David Choquehuanca, que encabeza al parlamento, determinó un receso legislativo que imposibilitó su tratamiento. En ese contexto, el presupuesto fue aprobado por decreto.

El año pasado estuvo marcado por la profundización de la crisis económica que se sintió en el incremento de los precios de la canasta básica, la escasez de algunos productos, la falta de dólares, el surgimiento de un mercado paralelo de divisas y el suministro irregular de combustibles que ocasionó periodos de desabastecimiento de diésel y gasolina.

El 2024 cerró con la tasa de inflación más alta de los últimos 16 años: 9,97%, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). El porcentaje de este año casi triplica la proyección inicial del Gobierno, en diciembre de 2023, la administración de Arce había proyectado una inflación de 3,60 por ciento.

Según algunos expertos, la pérdida del poder adquisitivo fue de al menos el 60% el año pasado. Solo en los últimos días de 2024, se dispararon los precios del aceite, el arroz y la carne de pollo, que el Gobierno atribuyó al agio y especulación por lo que vetó temporalmente las exportaciones de aceite refinado de soya e intervino ingenios arroceros.

Pese a estas medidas, los precios no han parado de subir y se prevé que el alza continúe en los próximos meses.