La polémica sobre la frustrada venta de la casa de Salvador Allende al Estado por un valor de $933 millones de pesos (USD 926 mil) para convertirla en museo salpicó finalmente al presidente Gabriel Boric, quien deberá declarar tras acogerse en tribunales una denuncia criminal por fraude al fisco contra el mandatario y todos quienes resulten responsables de la fallida adquisición.
El asunto ha sido calificado como un “autogol” del Gobierno y ya le costó el cargo a la ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval. El Partido Republicano anunció una comisión investigadora al respecto y están trabajando en un requerimiento que ingresarán al Tribunal Constitucional (TC), para que se pronuncie sobre la legalidad del contrato de compraventa firmado ante notario con el Estado por un abogado en representación de la ministra de Defensa, Maya Fernández, y la senadora Isabel Allende (PS), nieta e hija del fallecido exmandatario socialista, respectivamente.
Los puestos de ambas autoridades penden de un hilo, puesto que la Constitución establece que ministros y parlamentarios tienen prohibido “celebrar o caucionar contratos con el Estado”. Debido a esto, las criticas apuntan al segundo piso de La Moneda, es decir, a los asesores de Boric encabezados por Miguel Crispi.
La querella
En medio de esta arremetida, este jueves el abogado Raimundo Palamara, de la fundación Fuerza Ciudadana -ligada al Partido Republicano-, estampó ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago una querella contra el presidente Boric y “todos los que resulten responsables” de la fallida compra de la vivienda ubicada en la comuna santiaguina de Providencia, según consignó BBCL Investiga.
En el escrito argumentan que aunque al estallar la polémica el Gobierno dio marcha atrás y detuvo el proceso, el mandatario firmó el decreto del Ministerio de Bienes Nacionales que sacramentaba la compraventa, por lo que su participación en todo el entuerto estaría acreditada.
“Una vez que se cometió el acto, se firmó el decreto, se comete el delito, más allá de que ahora se quiera retrotraer o se retrotrajo”, señaló Palamara al medio citado.
Debido a ello, y puesto que la denuncia va dirigida a funcionarios públicos, la Fiscalía está obligada a abrir una investigación y citar a declarar a los involucrados.
Expresidenta del TC: “ambas deben cesar cargo”
La expresidenta del Tribunal Constitucional, Marisol Peña, aseguró el miércoles en conversación con Expreso Bío Bío que al Gobierno de Boric se hizo un “autogol” y sostuvo que, jurídicamente, corresponde que ambas autoridades “deben cesar cargo”.
“Lo que el TC debe constatar es la comisión de un ilícito constitucional. Se celebró o no se celebró, o se ocasionó un contrato cualquiera y en este caso es un contrato de compraventa”, indicó.
“A mi juicio, este es uno de los casos más inequívocos que yo tenga conocimiento que se hayan producido en el ordenamiento jurídico chileno”, anotó.
Peña, quien actualmente se desempeña como directora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo, dijo estar segura que ambas autoridades actuaron de buena fe. Sin embargo, “eso no quita que tanto la senadora Allende como la ministra Fernández fueron mal asesoradas”.
Según la abogada, resulta “increíble que un acto de esta naturaleza haya pasado por varias instancias, varios ministerios y entidades públicas y nadie haya sido capaz de advertir la doble inconstitucionalidad que se estaba produciendo”, subrayó, apuntando a los asesores del presidente Boric.
“En estos dos casos el TC va a tener una tremenda complicación, puesto que es prístino desde el punto de vista jurídico que el contrato se celebró. Yo no veo cómo pueda construir el Tribunal una argumentación jurídica constitucional que permita decir ‘mire, no se celebró’”, razonó.
La jurista dijo que “escuché declaraciones que decían que esta norma del Artículo 93, número 14, en la Constitución, que le da facultades al TC para conocer de este tipo de requerimientos en orden a producir la cesación del cargo de un parlamentario o de un ministro, eran letra muerta”, detalló.
“La norma dice exactamente lo mismo: es una prohibición de celebrar contratos con el Estado mientras se tenga el cargo respectivo”, sentenció.
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