El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, presentó una denuncia penal contra el secretario general de la Asamblea Nacional, Alejandro Muñoz, en medio de una intensa controversia política.
La denuncia, que acusa a Muñoz de simulación y usurpación de funciones públicas, surge luego de que este devolviera el Decreto Ejecutivo No. 500, en el que Noboa pretendía ausentarse temporalmente del cargo por razones de “fuerza mayor” vinculadas a su campaña electoral.
Muñoz rechazó categóricamente la denuncia, calificándola de “antijurídica e irracional”. Según el funcionario, su actuación se basó estrictamente en el cumplimiento de la Constitución y las leyes ecuatorianas. Muñoz argumentó que el decreto presidencial no cumple con las condiciones de fuerza mayor estipuladas en el artículo 30 del Código Civil, que contempla únicamente eventos como desastres naturales o actos de autoridad pública, pero no actividades políticas o electorales.
“Hacer campaña o proselitismo político no es una causa de fuerza mayor. El cumplimiento de la ley no es un caso de fuerza mayor”, afirmó .
En su declaración pública, Muñoz advirtió que el Presidente podría estar incurriendo en una infracción electoral grave al no solicitar licencia a la Asamblea Nacional, como lo exige el artículo 146 de la Constitución.
Además, señaló que esta omisión podría interpretarse como mal uso de recursos públicos para fines proselitistas, lo que constituiría un posible delito de peculado. El secretario general también responsabilizó al gobierno de Noboa por cualquier daño que pueda sufrir él o su familia, denunciando haber recibido amenazas destinadas a intimidarlo: “No he cometido ningún delito y es por eso que responsabilizo al gobierno de Daniel Noboa por cualquier cosa que me pueda pasar a mí o a mi familia”, expresó .
La denuncia penal fue vista por muchos sectores como una estrategia para debilitar la institucionalidad de la Asamblea Nacional y consolidar decisiones unilaterales desde el Ejecutivo.
La presidenta encargada del Parlamento, Esther Cuesta, respaldó la actuación de Muñoz al devolver el decreto presidencial, argumentando que no se ajusta a los requisitos establecidos en los artículos 146 de la Constitución y 42 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
Según Cuesta, cualquier licencia presidencial debe ser aprobada por mayoría absoluta del Pleno Legislativo, y, en caso de ausencia temporal del presidente, la Constitución otorga el liderazgo del Ejecutivo a la vicepresidenta, Verónica Abad.
Este conflicto legal y político ha escalado en las últimas semanas, intensificando las tensiones entre el Ejecutivo y la Asamblea. La vicepresidenta Abad también ha denunciado intentos del Gobierno por impedirle asumir funciones en caso de ausencia del presidente, calificando estas acciones como un “golpe de Estado letal” contra el orden democrático del país.
En este contexto, la denuncia penal contra Muñoz se percibe como parte de una serie de movimientos estratégicos por parte del presidente para consolidar su poder y minimizar los cuestionamientos legales a sus decisiones.
El Movimiento Construye emitió un comunicado en el que condenó la denuncia como un intento de amedrentamiento: “Resulta alarmante que el Gobierno convierta en sus enemigos a quienes, apegados a la Constitución y la ley, buscan que se ajuste a los principios democráticos y el Estado de Derecho. En esa misma lógica, el Ministro de Defensa amenazó a la jueza del caso de los cuatro niños desaparecidos y asesinados presuntamente en manos de malos elementos de las Fuerzas Armadas”, se lee.
En el boletín compartido por el movimiento –que impulsó la candidatura de Fernando Villavicencio en el 2023– se indicó que: “Noboa se ha dedicado a perseguir penalmente a quienes son sus adversarios políticos, antiguos familiares y ciudadanos que creen en el respeto a la ley, como es el caso del honorable jurista Muñoz, hoy Secretario General de la Función Legislativa”.
Últimas Noticias
Fracturas en el oficialismo y un escenario incierto en la oposición: quiénes se perfilan como los principales precandidatos para las elecciones en Bolivia
Aunque aún no se han inscrito alianzas ni candidaturas, varios actores políticos han manifestado su interés de postular a la Presidencia y han presentado programas de Gobierno. La oposición busca un candidato único en su cuarto intento por derrotar al MAS
Narcisista y con personalidad paranoide: la macabra historia de “La Quintrala” y sus crímenes en Chile
La arquitecta María del Pilar Pérez fue condenada en 2011 a presidio perpetuo como autora intelectual de los asesinatos del novio de su sobrina, su exmarido y la pareja de éste
Evo Morales cuestionó la independencia del juez que declaró su rebeldía en un proceso judicial en Bolivia: “Obedecen a quienes los nombran”
En un mensaje publicado en la red social X, el ex mandatario boliviano sostuvo que el juez Rocabado fue nombrado el 18 de abril de 2024 por el ex presidente del Consejo de la Magistratura, Marvin Molina, a quien calificó de “protegido” del Gobierno
Edmundo González Urrutia se reunió con cinco ex presidentes de Costa Rica y con la titular de la CIDH en San José
“La ausencia de democracia en Venezuela no solo afecta a nuestro pueblo, sino que pone en riesgo la estabilidad regional y los valores que compartimos”, consideró el presidente electo venezolano
Elecciones en Ecuador: la correísta Luisa González encabeza una reciente encuesta con ocho puntos de ventaja sobre el presidente Daniel Noboa
La rivalidad entre continuismo y cambio define un tenso escenario electoral, donde dominan las preocupaciones económicas y de seguridad, de acuerdo al estudio realizado por la consultora Trespuntozero
