El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, presentó una denuncia penal contra el secretario general de la Asamblea Nacional, Alejandro Muñoz, en medio de una intensa controversia política.
La denuncia, que acusa a Muñoz de simulación y usurpación de funciones públicas, surge luego de que este devolviera el Decreto Ejecutivo No. 500, en el que Noboa pretendía ausentarse temporalmente del cargo por razones de “fuerza mayor” vinculadas a su campaña electoral.
Muñoz rechazó categóricamente la denuncia, calificándola de “antijurídica e irracional”. Según el funcionario, su actuación se basó estrictamente en el cumplimiento de la Constitución y las leyes ecuatorianas. Muñoz argumentó que el decreto presidencial no cumple con las condiciones de fuerza mayor estipuladas en el artículo 30 del Código Civil, que contempla únicamente eventos como desastres naturales o actos de autoridad pública, pero no actividades políticas o electorales.
“Hacer campaña o proselitismo político no es una causa de fuerza mayor. El cumplimiento de la ley no es un caso de fuerza mayor”, afirmó .
En su declaración pública, Muñoz advirtió que el Presidente podría estar incurriendo en una infracción electoral grave al no solicitar licencia a la Asamblea Nacional, como lo exige el artículo 146 de la Constitución.
Además, señaló que esta omisión podría interpretarse como mal uso de recursos públicos para fines proselitistas, lo que constituiría un posible delito de peculado. El secretario general también responsabilizó al gobierno de Noboa por cualquier daño que pueda sufrir él o su familia, denunciando haber recibido amenazas destinadas a intimidarlo: “No he cometido ningún delito y es por eso que responsabilizo al gobierno de Daniel Noboa por cualquier cosa que me pueda pasar a mí o a mi familia”, expresó .
La denuncia penal fue vista por muchos sectores como una estrategia para debilitar la institucionalidad de la Asamblea Nacional y consolidar decisiones unilaterales desde el Ejecutivo.
La presidenta encargada del Parlamento, Esther Cuesta, respaldó la actuación de Muñoz al devolver el decreto presidencial, argumentando que no se ajusta a los requisitos establecidos en los artículos 146 de la Constitución y 42 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
Según Cuesta, cualquier licencia presidencial debe ser aprobada por mayoría absoluta del Pleno Legislativo, y, en caso de ausencia temporal del presidente, la Constitución otorga el liderazgo del Ejecutivo a la vicepresidenta, Verónica Abad.
Este conflicto legal y político ha escalado en las últimas semanas, intensificando las tensiones entre el Ejecutivo y la Asamblea. La vicepresidenta Abad también ha denunciado intentos del Gobierno por impedirle asumir funciones en caso de ausencia del presidente, calificando estas acciones como un “golpe de Estado letal” contra el orden democrático del país.
En este contexto, la denuncia penal contra Muñoz se percibe como parte de una serie de movimientos estratégicos por parte del presidente para consolidar su poder y minimizar los cuestionamientos legales a sus decisiones.
El Movimiento Construye emitió un comunicado en el que condenó la denuncia como un intento de amedrentamiento: “Resulta alarmante que el Gobierno convierta en sus enemigos a quienes, apegados a la Constitución y la ley, buscan que se ajuste a los principios democráticos y el Estado de Derecho. En esa misma lógica, el Ministro de Defensa amenazó a la jueza del caso de los cuatro niños desaparecidos y asesinados presuntamente en manos de malos elementos de las Fuerzas Armadas”, se lee.
En el boletín compartido por el movimiento –que impulsó la candidatura de Fernando Villavicencio en el 2023– se indicó que: “Noboa se ha dedicado a perseguir penalmente a quienes son sus adversarios políticos, antiguos familiares y ciudadanos que creen en el respeto a la ley, como es el caso del honorable jurista Muñoz, hoy Secretario General de la Función Legislativa”.
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