El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, cargó nuevamente contra Nicaragua y lo acusó de no respetar el derecho internacional, abriendo así un nuevo capítulo en la crisis diplomática entre los países.
El 7 de febrero, el ex presidente panameño Ricardo Martinelli ingresó en la sede diplomática nicaragüense bajo condición de asilado, tras ser condenado a casi once años de prisión por blanqueo de capitales en el caso New Business. Este hecho llevó a que la relación entre los países se deteriorara, aunque la situación empeoró con el correr de los meses, a raíz de lo que el Gobierno local considera “acciones político-partidistas” del ex mandatario, que son de carácter “ilegal, conforme al derecho internacional”.
Desde la Embajada, Martinelli suele inmiscuirse en cuestiones políticas y opinar sobre debates de agenda, “promoviendo el caos” y buscando generar conflictos en la sociedad. Una de sus últimas demostraciones fue en redes sociales, donde opinó sobre un proyecto de ley impulsado por el oficialismo, que busca modificar la Seguridad Social.
Por estos dichos, la Cancillería panameña convocó a una reunión a la diplomática nicaragüense, Consuelo Sandoval Meza, en la que le presentó una queja formal y le exigió que el edificio no sea un “foco de reuniones públicas” sino que cumpla con los convenios internacionales sobre asilo, que establecen que las personas en calidad de asilados deben abstenerse de lanzar mensajes políticos.
“En lenguaje diplomático, cuando llamas a un embajador a la cancillería es porque el tema es serio, y sí, lo es. Sobre todo, es algo que no se puede permitir”, dijo Mulino tras el pedido a la cartera.
Más tarde, este jueves, el Presidente volvió a referirse al tema, esta vez elevando el tono de sus declaraciones y la tensión entre las partes.
“Yo le pedí al canciller (Javier Martínez Acha) que hiciera eso (...) para poner un poco de orden ahí, que se cumpla con los convenios internacionales de asilo. Tan sencillo como eso. No transformaremos ni esa ni ninguna embajada en un centro político ni de actividad político-partidista, ni a favor ni en contra de nadie”, comenzó diciendo y advirtió: “Espero que la República de Nicaragua entienda eso... es la primera advertencia que hacemos en ese sentido. Si no cumplen, entonces actuaremos”.
A continuación, Mulino cargó contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que avalan este tipo de acciones en su sede y la estadía del político, que se dice un perseguido político, y denunció que Nicaragua “es un país bastante sui géneris en materia de apelar a la suplicación del derecho”.
“Eso no existe ahí, no hay derecho en Nicaragua. Es un país que no tiene ni Dios ni ley. No estamos trabajando con un país común y corriente, y respetuoso del derecho internacional. No respeta ni el internacional, ni el interno, ni ningún derecho”, denunció.
A mediados de abril, el Gobierno de Panamá ya había manifestado su descontento con Managua al llamar a consultas a su embajadora en el país, nuevamente por la violación “flagrante y reiterada” del derecho internacional que representa el despliegue de las “acciones político-partidistas” en su sede diplomática.
“La República de Panamá se siente verdaderamente afectada en su integridad territorial por la actitud permisiva de la República de Nicaragua, que viola flagrantemente y de manera reiterada normas fundamentales del derecho internacional”, expresó entonces la Cancillería en un comunicado.
(Con información de AFP y EFE)
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