La administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, inició una investigación sobre abusos laborales y de derechos humanos en Nicaragua, dijo un funcionario estadounidense.
Es probable que la decisión afecte las relaciones con un país con el que Estados Unidos tiene un acuerdo de libre comercio en medio de crecientes preocupaciones sobre el régimen cada vez más autoritario de Daniel Ortega.
Se espera que la investigación, que será llevada a cabo por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, dure un año, según el funcionario y otra persona familiarizada con la investigación que hablaron bajo la condición del anonimato antes de que fuera anunciada.
Está previsto que la Casa Blanca anuncie la decisión más tarde el martes, dijeron las dos personas.
La investigación, autorizada bajo la sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, examinará no solo las denuncias de abuso, sino también en qué medida afectan el comercio con Estados Unidos. Solo hasta entonces se tomarán acciones, en consecuencia, de haberlas.
La portavoz del régimen sandinista y esposa de Daniel Ortega, Rosario Murillo, no respondió de momento a una solicitud de comentarios enviada por correo electrónico.
En mayo, el gobierno estadounidense impuso aranceles de la sección 301 a varios productos chinos, incluidos vehículos eléctricos, baterías avanzadas, células solares, acero y aluminio. Esos aranceles reflejaron en gran medida la conclusión de Estados Unidos de que China estaba subsidiando injustamente esas industrias.
“Durante años, el gobierno chino ha vertido dinero estatal en empresas chinas”, dijo el presidente Biden sobre esos aranceles. “No es competencia, es trampa”.
En el caso de Nicaragua, cualquier sanción sería complicada porque el país forma parte del Tratado de Libre Comercio de América Central.
De los cinco miembros del pacto comercial, Nicaragua es uno de los únicos dos que registran un superávit comercial con Estados Unidos, y que en 2022 fue de aproximadamente 3.000 millones de dólares, casi el 20% de su Producto Interno Bruto.
Ortega propuso el mes pasado una reforma constitucional que oficialmente lo haría a él y Rosario Murillo “copresidentes” de la nación centroamericana y extendería el mandato presidencial de cinco a seis años.
Las propuestas se producen en medio de una represión continua por parte del régimen de Ortega que ha resultado en el encarcelamiento masivo y el exilio forzado de adversarios, incluidos líderes religiosos y periodistas. Desde 2018, el gobierno ha cerrado más de 5.000 organizaciones, en su mayoría religiosas, y ha obligado a miles a huir del país.
Una familia entera fue obligada a abandonar el país
Por otra parte, el periodista, empresario y opositor nicaragüense Henry Briceño denunció el lunes que fue expulsado a la fuerza de su país junto a su familia —incluido un menor de edad— por la Policía Nacional y el Ejército de Nicaragua.
Briceño y su familia, que fueron desterrados a Costa Rica donde hizo la denuncia pública del hecho acompañado de abogados de la ONG humanitaria Colectivo Nicaragua Nunca Más, afirmó además que fue objeto de acoso y hostigamiento por parte de policías y militares, previo a su expulsión.
El comunicador relató a través de una conferencia de prensa virtual que el pasado domingo 24 de noviembre, en horas de la tarde, unos 20 oficiales, encabezados por el jefe de la policía del municipio de San Rafael del Sur (Pacífico), donde reside, acudieron a su vivienda con la orden de detenerlo y expulsarlo de Nicaragua.
Además de intervenir las cuatro propiedades que posee su núcleo familiar, entre ellos un hostal, un motel y un vivero.
Una vez aprehendidos, fueron montados en patrullas policiales para trasladarlo por tierra desde San Rafael del Sur hasta cerca de Peñas Blancas, el puesto de control fronterizo entre Nicaragua y Costa Rica.
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