El ex presidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada fue condenado a seis años y tres meses de cárcel por la aprobación de contratos petroleros sin aval del Legislativo en un juicio en ausencia tras un largo proceso judicial que duró unos 20 años.
El Tribunal Supremo de Justicia determinó que Sánchez de Lozada, de 94 años, y los dos ex ministros Jorge Berindoague, Carlos Alberto Contreras y el ex viceministro Carlos Alberto López fueran condenados por ser “autores de la comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica”, según la sentencia leída la noche del lunes.
La investigación también involucró a los ex mandatarios Jorge Tuto Quiroga y Carlos Mesa, quienes fueron excluidos del proceso penal por una amnistía otorgada por Evo Morales en 2018 para colaborar en la centenaria reclamación marítima boliviana ante Chile.
Quiroga siempre rechazó la acusación y aseguró ser perseguido por el entonces Gobierno de Morales.
El ministro de Justicia, César Siles, informó el martes en conferencia de prensa que el ex mandatario y sus ministros fueron juzgados en rebeldía y defendidos por abogados públicos. Sánchez de Lozada reside desde 2003 en Estados Unidos. El gobierno boliviano ha pedido la extradición del ex mandatario pero Washington no la ha aprobado. El ex presidente tiene las nacionalidades boliviana y estadounidense.
Siles agregó que el proceso marca un “precedente y habilita la posibilidad no solamente de extradición sino también de empezar con la acción reparatoria por el cuantioso daño económico”.
Según la sentencia del proceso que comenzó en 2005, el ex mandatario debería cumplir su condena en la cárcel de Chonchocoro, a las afueras de La Paz, pero primero Bolivia debe formalizar un nuevo pedido de extradición.
El ministerio indicó que el fallo judicial es un “acto de justicia esperado y ansiado” largamente y también “habilita la posibilidad de iniciar el proceso de extradición de los sentenciados”, que están fuera del país.
El gobierno de Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003) no pidió la autorización del Congreso para la firma de 107 contratos con petroleras extranjeras. Esos acuerdos atrajeron inversión extranjera para desarrollar la explotación, exploración y distribución de hidrocarburos, pero no fueron beneficiosos para el Estado.
“Con estos contratos las petroleras tenían una ganancia del 82% y el Estado sólo se quedaba con el 18%. Celebramos esta condena”, sostuvo el ministro Siles.
En 2006 el entonces presidente de Bolivia, Evo Morales, nacionalizó los hidrocarburos en un cambio de política de Estado. Desde su gobierno se declararon nulos los contratos con las petroleras extranjeras.
Bolivia fue uno de los principales exportadores de gas pero sus campos fueron declinando y actualmente es dependiente de la importación de combustibles.
Sánchez de Lozada también enfrenta acusaciones de genocidio tras las protestas callejeras de 2003 que dejaron 64 muertos y más de 400 heridos durante la llamada “guerra del gas” en rechazo a un proyecto del entonces gobierno de Sánchez de Lozada de exportar gas a través de puertos chilenos.
En septiembre del año pasado Sánchez de Lozada llegó a un acuerdo extrajudicial con las familias de ocho indígenas que murieron en esas protestas y aceptó pagar una indemnización por daños y perjuicios poniendo fin a un proceso judicial de 16 años.
El caso ‘Petrocontratos’ investigó a las ex autoridades por haber supuestamente favorecido a trasnacionales petroleras causando un daño económico al Estado al haber aprobado contratos petroleros sin la autorización del Congreso
(Con información de AP y EFE)
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