El régimen de Nicaragua expropió 35 propiedades en la capital

El régimen de Nicaragua, mediante la Procuraduría General de la República, declaró de utilidad pública 35 propiedades “que se encuentran en estado de abandono y que podrían ser utilizadas para perturbar la paz, el bienestar social y la seguridad ciudadana de los nicaragüenses”.

Las 35 propiedades se encuentran en Managua, la capital de Nicaragua, y fueron declaradas de utilidad pública conforme a la Ley de Expropiación, informó Wendy Morales Urbina, Procuradora General de la República, que responde a los mandatos de la dictadura de Daniel Ortega.

“Para fortalecer la seguridad ciudadana y nacional, se declara de utilidad pública 35 propiedades ubicadas en el municipio y departamento de Managua”, dice la resolución de la Procuraduría, que detalla las fincas y áreas afectadas.

En los considerandos, la Procuraduría argumentó que es deber del Estado garantizar la seguridad nacional en todos sus aspectos, incluyendo la seguridad ciudadana, y por ello, hacer estas declaraciones son necesarias.

En este sentido, también destacó la importancia de implementar estrategias preventivas para combatir la delincuencia, la narco actividad y el terrorismo, priorizando medidas que aseguren la estabilidad y seguridad del país.

Hasta el momento no se ha confirmado si las propiedades declaradas de utilidad pública pertenecen a alguno de los opositores desterrados de Nicaragua.

En los últimos dos años, las autoridades de Nicaragua han despojado de su nacionalidad y bienes a un total de 452 nicaragüenses. Muchos de ellos son críticos abiertos del gobierno sandinista, el cual los ha acusado de delitos como traición a la patria.

Una investigación realizada por el Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción (OPTA) y el organismo Hagamos Democracia estimó que las expropiaciones efectuadas por el Estado de Nicaragua hasta mayo pasado ascienden a un valor aproximado de 250 millones de dólares.

El informe indica que las “confiscaciones ilegales de bienes” representan una deuda pública que recaerá sobre los nicaragüenses, similar a lo que ocurrió con las propiedades confiscadas durante el primer gobierno sandinista (1979-1990), conocido como la ‘piñata’.

La denominada ‘piñata’ se refiere a la distribución de bienes y propiedades confiscadas a la familia Somoza, sus allegados y opositores durante la década de los ochenta en Nicaragua. Este proceso también ocurrió entre febrero y abril de 1990, durante la transición presidencial en la que Daniel Ortega entregó el poder a Violeta Barrios de Chamorro.

Según la investigación de OPTA, durante el actual mandato sandinista, que comenzó en 2007, se ha llevado a cabo lo que denominan “La nueva piñata Ortega Murillo”. En este período, el gobierno ha confiscado bienes y propiedades pertenecientes a diversas organizaciones sin fines de lucro, empresarios, cámaras empresariales, universidades, la Iglesia católica y medios de comunicación, entre otros.

(Con información de EFE)