La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le solicitó el miércoles a las autoridades de El Salvador derogar su controvertido estado de excepción que se implementó en el país para enfrentar a las pandillas criminales.
Esta petición se basó en datos oficiales del Estado que aseguraron una mejora en la seguridad ciudadana.
Por ello, la CIDH, con sede en Washington, afirmó en su informe que “urge al Estado salvadoreño a derogar el régimen de excepción” ya que “no existe una situación que justifique mantener vigente la suspensión de derechos y garantías”.
En marzo de 2022, el gobierno del presidente Nayib Bukele le solicitó al Congreso la aprobación de un régimen de emergencia para suspender ciertas garantías constitucionales. Esta solicitud fue motivada por un aumento de la violencia de las organizaciones delictivas que resultó en 62 homicidios en un solo día, marcando la jornada más violenta desde junio de 2019, cuando Bukele asumió la presidencia del país centroamericano, según informó CNN.
Esta medida ha sido prorrogada 30 veces por el oficialismo, con la última extensión aprobada por la Asamblea Legislativa el 8 de agosto, respaldada por 57 de los 60 diputados. La prórroga actual se mantendrá hasta el 7 de septiembre. Además, los legisladores expresaron su intención de seguir extendiendo el estado de excepción para asegurar la tranquilidad de los ciudadanos.
La CIDH señaló que “observa situaciones preocupantes” debido a un patrón de ilegalidades y arbitrariedades en las detenciones, como la falta de flagrancia o de una orden administrativa o judicial, y la omisión de informar a los detenidos sobre el motivo de su captura. Estas irregularidades se confirmaron con testimonios de personas encarceladas durante el régimen.
Además, según la organización de derechos humanos Cristosal, al menos 265 personas, entre ellas cuatro niños, fallecieron bajo custodia del Estado durante el régimen de emergencia.
El gobierno de Bukele rechazó las acusaciones y no respondió a una solicitud de comentario. Según la ONU, el mandatario aseguró que su país paso de ser del más peligroso del mundo a uno de los más seguros.
El Estado informó que durante más de dos años de vigencia de esta medida, las fuerzas de seguridad arrestaron a más de 81.900 presuntos miembros de pandillas, y, de acuerdo con los datos oficiales, el número de homicidios disminuyó de manera significativa.
El Gobierno también afirmó que no revertiría su política de seguridad, ya que consideraba que había producido buenos resultados, y acusó a los organismos internacionales que criticaban el régimen de defender a los pandilleros.
(Con información de Reuters)
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