
La cancelación de las elecciones primarias en Bolivia, previstas para los comicios generales de 2025, ha generado un enfrentamiento público entre el presidente Luis Arce y el ex mandatario Evo Morales. En una rueda de prensa en El Alto, Morales acusó al actual gobierno de respaldar la medida debido a un supuesto “miedo” de Arce a enfrentarlo en las urnas.
La suspensión de las primarias, oficializada mediante la promulgación de una ley, ha sido criticada fuertemente por el ex presidente, quien interpretó la decisión como un intento de limitar la competencia interna en el Movimiento al Socialismo (MAS), el partido oficialista al que ambos pertenecen.
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En Bolivia se elige mediante sufragio la candidatura de presidente y vicepresidente de cada partido. Morales expresó que sin primarias “no hay democracia interna en cualquier partido” y resaltó la necesidad de estos comicios para que los militantes elijan a su candidato.

El ex mandatario también cuestionó la proposición de Arce de llevar a cabo un referendo sobre la reelección presidencial continua o discontinua, sugiriendo que tal maniobra busca prevenir su candidatura en las elecciones de 2025.
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“Lucho sabe que Evo está habilitado como candidato a presidente, ahora busca mediante el referendo hacerme inhabilitar con el pueblo”, afirmó Morales.
El distanciamiento entre Morales y Arce se ha profundizado desde finales de 2021 debido a divergencias en la administración del Estado y la necesidad de renovar la dirección nacional del MAS.
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Estas diferencias han provocado una falta de consenso entre las facciones leales a ambos líderes. La candidatura de Morales ha sido otro punto de controversia dentro del oficialismo, con el gobierno sosteniendo que el ex presidente no puede postularse nuevamente, mientras que sus partidarios afirman lo contrario.

En el encuentro político de julio con el órgano electoral, se acordó la suspensión de las primarias presidenciales para priorizar las elecciones judiciales, previstas ahora para el 1 de diciembre de 2023.
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El Gobierno de Bolivia había anunciado a finales de enero un “gran diálogo nacional” para consensuar las elecciones judiciales con “urgencia y lo más pronto posible”, después de que desde Naciones Unidas alertaran del retraso en el proceso, incidiendo en que la caducidad de los mandatos de los máximos tribunales amenaza la independencia e imparcialidad de la justicia.
Arce, que ha abundado en que “el camino es y siempre será la democracia”, ha garantizado que las autoridades del Órgano Judicial “serán elegidas por voto directo del pueblo boliviano”, en estricto cumplimiento con la Constitución.
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“Como Gobierno garantizamos los recursos necesarios para la realización de las elecciones judiciales el 1 de diciembre de 2024, tal como lo estableció el Tribunal Supremo Electoral”, manifestó el mandatario boliviano en su perfil oficial en redes sociales.
Todos los participantes, excepto Morales, apoyaron la medida.
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El ex mandatario condicionó su respaldo al reconocimiento del congreso nacional del MAS realizado en 2023, en el que fue ratificado como presidente del partido y declarado “candidato único” para las elecciones de 2025.
Morales recordó que no tiene “miedo” de someterse a un nuevo referendo, evocando el precedente de 2008 cuando fue ratificado con más del 67% de los votos. El ex jefe de Estado confía en que el órgano electoral acompañará un nuevo congreso del MAS convocado para septiembre próximo, buscando legitimar su posición dentro del partido.
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La situación ha intensificado la división interna en el partido oficialista, acentuando la pugna por el control y la legitimidad en la preparación de los próximos comicios generales. La dinámica política en Bolivia sigue evolucionando con estos acontecimientos, subrayando las tensiones y desafíos tanto dentro del MAS como en el ámbito político nacional.
(Con información de EFE y Europa Press)
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