La Justicia de Chile dio por comenzado este martes el juicio contra el líder radical mapuche Héctor Llaitul, en la ciudad de Temuco, La Araucanía. El proceso durará cerca de un mes y analizará evidencias y testimonios por los delitos de incitación y apología a la violencia, hurto simple, atentado contra la autoridad y usurpación.
En el pasado, Llaitul ha reconocido en primera persona la autoría de algunos hechos delictivos.
Por todo esto, la Fiscalía y el Ministerio del Interior -querellantes en la causa- solicitan a los magistrados una pena de 25 años de cárcel para el líder de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), una agrupación que reivindica a menudo ataques incendiarios contra latifundistas en esta zona sur del país. De ser así, recobraría su libertad recién a los 81 años.
Llaitul está en prisión preventiva desde agosto de 2022 aunque las investigaciones en su contra se remontan a enero de 2020 -durante el gobierno de Sebastián Piñera- cuando emitió unas polémicas declaraciones durante la lectura de la sentencia de otro militante de su agrupación.
Entonces, realizó “un llamado a nuestras comunidades a estar activos en relación a lo que es la confrontación, principalmente, en contra de las empresas forestales” y adelantó que “la respuesta se viene” y “todos los procesos de reivindicación territorial políticos se van a activar de manera contundente de aquí para adelante”.
Tras sus palabras, la Fiscalía contabilizó 54 hechos de violencia en la zona.
A estas declaraciones se sumó otro pronunciamiento del líder radical, que también fueron incluidas en la causa junto con los otros delitos de los que se lo acusa. Según se lee en el expediente, en julio de 2022 Llaitul escribió un mensaje en el medio Werken Noticias en el que aseguraba: “La lucha mapuche no es algo que no tenga contenido. Tiene mucho fundamento: histórico, político, ideológico, cultural, espiritual. Por lo tanto, se nos mandató a decir que la resistencia se mantendrá. Y la resistencia tal cual, es una resistencia armada”.
Pocas semanas después de conocerse esta publicación, se amplió su querella para incluir delitos cometidos en los dos años anteriores y fue detenido, el 24 de agosto, ya con Gabriel Boric en la presidencia.
El “conflicto mapuche” en el sur de Chile se remonta a una disputa territorial entre comunidades radicales indígenas, el Estado y las empresas forestales que allí operan y explotan estas tierras, consideradas ancestrales para los primeros. Ante la falta de una resolución y el avance de la violencia, Piñera ordenó la militarización de la zona sur.
Boric, en tanto, prometió desde antes de su llegada al Palacio de la Moneda revertir esta medida pero acabó teniendo que imponer, en mayo de 2022, el estado de excepción y el despliegue del Ejército en la zona.
Si bien esta decisión elevó aún más la tensión, también permitió una disminución en la violencia rural.
Ernesto Llaitul, hijo del líder, también está envuelto en un proceso judicial por acciones similares. En su caso, en noviembre pasado fue condenado a 15 años y cuatro meses por un ataque incendiario de septiembre de 2021 en la localidad de Los Ángeles, en el Bío Bío, aunque en febrero, la Corte de Apelaciones anuló la condena y ordenó repetir el juicio.
(Con información de EFE)
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