
(Desde Santiago, Chile) En medio de las críticas transversales y acusaciones de privilegios debido a su estatus social y contactos políticos, la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente apeló a la medida cautelar de arresto domiciliario total de la ex alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, y pidió su prisión preventiva, asunto que se resolverá en los próximos días.
“La libertad de la imputada es peligrosa”, advierte el escrito de 20 páginas, al que tuvo acceso la Unidad de Investigación de BioBioChile. Según la fiscalía, la prisión preventiva es “indispensable” para la investigación, pues “se debe considerar especialmente cuando existiere sospecha grave y fundada de que el imputado pudiere obstaculizar la investigación mediante la destrucción, modificación, ocultación o falsificación de elementos de prueba”. O bien, “cuando pudiere inducir a coimputados, testigos, peritos o terceros para que informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente”.
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Ley del silencio
Las razones del Ministerio Público se sostienen en las declaraciones de testigos y co-imputados, que dan cuenta cómo Barriga ordenó a sus subalternos no dejar evidencia alguna de sus malversaciones. Dichas instrucciones siempre fueron dadas de “manera verbal”, pues la ex edil evitó usar medios escritos de comunicación o suscribir personalmente documentos “que dieran cuenta del actuar ilícito de los mismos”.
En el libelo se asegura también que la imputada instaló una “ley del silencio”, a fin de borrar rastros. Así, “intermedió sus órdenes ilícitas” a través de personas de confianza que hoy figuran como co-imputados. El cumplimiento “se aseguraba por medio del matonaje que sus mensajeros ejercían”.
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“Los testimonios de los destinatarios de dichas órdenes, que durante todo el período en que la imputada Barriga Guerra ejerció su cargo fueron reiteradamente amedrentados, se erigen como la principal forma de reconstruir el fraude”, continúa el recurso.

Matonaje
Para las fiscales Lorena Parra y Constanza Encina, hay pruebas concretas de que “la imputada ha contactado a testigos que han sido citados a declarar en esta causa, llamándolos por teléfono de forma previa y en ocasión también posterior a sus declaraciones ante la fiscalía”.
Citaron, a modo de ejemplo, el testimonio de uno de los ex funcionarios: “No sé cómo se enteró de que yo iba a venir a declarar (…) La verdad me sentí bastante sorprendido de que ella pudiera tener información el mismo día en que fui citado a declarar sobre esto (…). Fue hasta intimidante la forma en que me intentó contactar, ya que insistieron cerca de media hora con el llamado grupal, pero finalmente no les contesté”, declaró.
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Ambas persecutoras también tienen sospechas fundadas de que Barriga pueda destruir, ocultar o falsificar pruebas, pues un informe policial concluyó que el contenido de la carpeta digital de la municipalidad, asociada a Cathy Barriga, había sido eliminado. Dicho “vaciamiento” ocurrió pocos días antes de que la Policía de Investigaciones intentara incautar sus correos electrónicos.
Cabe destacar que también se encuentran “extraviados” el notebook que la municipalidad le entregó a Barriga, un segundo computador portátil que fue “sustraído” en enero de 2021, tres celulares y un tablet.
“No puede soslayarse que las naturalezas mismas de las imputaciones dirigidas contra Barriga dan cuenta de un constante ánimo de ocultación y encubrimiento del déficit provocado por su gestión (…) La ocultación ha sido la tónica constante”, remata el escrito.
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Paralelamente, la defensa de Cathy Barriga también apeló a las medida cautelares de arresto domiciliario total y arraigo nacional, buscando quedar sujeta sólo a arresto domiciliario nocturno. Según argumentaron sus abogados, hubo “contradicciones” por parte del juez Hugo Salgado al momento de dictar las medidas cautelares, el pasado jueves 18 de enero.
“No obstante haber desechado cada uno de los peligros o riesgos procesales invocados por los persecutores como hipotéticas necesidades de cautela, aun así el tribunal aplicó una medida cautelar especialmente intensa como es el arresto domiciliario total, lo que termina siendo un contrasentido”, menciona el documento.
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