
La Contraloría General del Estado planea utilizar la inteligencia artificial como herramienta para detectar posibles irregularidades en las declaraciones de bienes de los funcionarios públicos. Durante una conferencia de prensa en Quito, el Contralor del Estado, Mauricio Torres, anunció esta iniciativa y resaltó que el uso de la inteligencia artificial agilizará la revisión de las declaraciones patrimoniales, permitiendo abordar controles pendientes y enfocarse en casos sospechosos más relevantes.
En las pruebas iniciales llevadas a cabo este mes, se incluyeron exfuncionarios del gobierno anterior, entre ellos el ex presidente Guillermo Lasso. Torres informó que también se están auditando los patrimonios de los generales de las Fuerzas Armadas, aunque aún no se han obtenido resultados concretos. En la actualidad, la Contraloría cuenta con 2.900 empleados y debe revisar las declaraciones patrimoniales de alrededor de 3.400 entidades públicas. Cada proceso requiere la formación de un equipo auditor compuesto por cuatro o cinco personas y puede llevar varios días.
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Según Torres, la inteligencia artificial permitirá detectar inmediatamente incrementos y disminuciones en los patrimonios, lo que permitirá a las autoridades centrarse más en casos sospechosos. Sin embargo, para optimizar este sistema se necesitan recursos humanos adicionales (aproximadamente 300 o 400 auditores más) y recursos económicos cuya cantidad exacta no ha sido mencionada.
Torres espera que, a través de la consulta popular, se destinen recursos para implementar tecnologías que realicen auditorías en el sector público.
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Desde que asumió el cargo el 28 de noviembre, Torres ha firmado 32 informes que sugieren responsabilidades penales por un total de USD 40 millones. Estos informes se envían a la Fiscalía General del Estado para su correspondiente investigación. La Contraloría, respaldada por atribuciones constitucionales y legales, lleva a cabo controles sobre los bienes de los funcionarios públicos al inicio y al final de sus mandatos en Ecuador.
Torres reveló que se están realizando exámenes especiales en las declaraciones juradas de generales del Ejército y otros servidores públicos, incluyendo al expresidente Guillermo Lasso. Aunque aún no hay resultados disponibles, Torres expresó confianza en que pronto se conocerán. Además, hizo hincapié en las limitaciones presupuestarias y de personal a las que se enfrenta la Contraloría, destacando el uso de la inteligencia artificial como una herramienta para agilizar las auditorías y detectar posibles irregularidades en dichas declaraciones juradas. Torres aclaró también que la Ley de la Contraloría permite realizar auditorías a los servidores dentro de un plazo máximo de siete años y aseguró que sus informes son “imprescriptibles” para posibilitar acciones legales ante la justicia.
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En naciones como Perú, la Contraloría General de la República ha adoptado avances tecnológicos como la Inteligencia Artificial (IA), el Big Data, el Aprendizaje Automático y el Análisis de Datos para realizar auditorías exhaustivas. En este contexto, recientemente se descubrieron irregularidades en las contrataciones estatales, donde se identificaron 2.200 proveedores que realizaron contratos por un total de USD 158.000 a pesar de estar prohibidos de hacer negocios con el Estado.

Esta revelación ocurrió durante la Conferencia Anual Internacional por la Integridad (CAII) que tuvo lugar en noviembre de 2023. Durante este evento, los expertos coincidieron en que el uso de la IA está transformando la supervisión gubernamental a nivel mundial, especialmente en estrategias colaborativas de investigación.
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En respuesta a estos avances, las entidades encargadas del control fiscal en Perú están adaptándose a las innovaciones tecnológicas para supervisar eficientemente los diversos programas gubernamentales. La Contraloría General del Perú compartió su experiencia en la implementación del control concurrente y resaltó su efectividad para supervisar cómo se ejecutan los presupuestos públicos.
Se hizo hincapié en lo crucial que es implementar la IA para combatir la corrupción. Se hizo hincapié en que, según el organismo de control, la inteligencia artificial no sustituye el trabajo físico y presencial de los auditores, sino que lo complementa y fortalece. Esto fue mencionado por David Colmenares, Auditor Superior de la Federación de México.
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Otro ejemplo destacado fue el éxito que tuvo Brasil al utilizar una aplicación de Inteligencia Artificial llamada Alice en colaboración con el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) para examinar contrataciones públicas y detectar posibles irregularidades. En resumen, se enfatizó la importancia del uso de la IA en la lucha contra la corrupción, especialmente en el ámbito de las contrataciones públicas, donde a menudo se producen actos corruptos con consecuencias económicas y sociales negativas.
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