Mafe Carrascal expresó preocupación por la situación de seguridad en el campo colombiano y pidió atención prioritaria del nuevo gobierno - crédito @MafeCarrascal/X
La representante a la Cámara por el Pacto Histórico María Fernanda “Mafe” Carrascal fijó su postura frente al Gobierno entrante del presidente electo, Abelardo de la Espriella, enfocando sus preocupaciones en el futuro del sector rural y el campesinado colombiano.
A pesar de declararse en oposición a la nueva administración que asumirá el poder el 7 de agosto, luego de que ella fuera una de las lideresas de la campaña de Iván Cepeda, la congresista hizo un llamado urgente para que se escuche y se proteja la vida de las familias del campo.
Mafe Carrascal ‘prende fuego’ político al nuevo Gobierno por la crisis del campo
Mafe Carrascal encendió las alarmas sobre el incremento de la violencia contra las comunidades que recibieron terrenos durante el saliente Gobierno de Gustavo Petro, al señalar que la seguridad en las zonas rurales debe ser una prioridad absoluta para el nuevo mandatario.
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“El próximo gobierno tendrá un reto enorme: proteger la vida de las familias campesinas que recibieron tierra y garantizar que puedan permanecer en ella. La dignidad que miles de personas comenzaron a recuperar con la Reforma Agraria no puede perderse por la violencia (sic)”, escribió la congresista en su cuenta en la red social X.

Luego añadió a su post escrito en la red social que: “El Estado deberá enfrentar a quienes pretenden arrebatar, mediante las armas y la intimidación, los avances alcanzados en el acceso a la tierra y el derecho de los campesinos a vivir y trabajar en paz”.
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La congresista detalló la grave situación de orden público mediante un video con el que acompañó su mensaje, en el que relató la realidad de cómo una familia campesina llega por fin a la tierra que el Estado le adjudicó después de años de espera y empieza a sembrar, a construir una casa y a imaginar un futuro, pero días o semanas después aparecen hombres armados.
La congresista expuso los casos registrados tras las elecciones presidenciales, en los que se denuncia que hombres armados amenazan e intimidan a familias campesinas para despojarlas de sus tierras; las mismas que fueron restituidas y reemplazadas de cultivos ilícitos por cacao.
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Estas presiones criminales se suman a las intimidaciones en Córdoba contra la comunidad afroantioqueña y fuertes presiones contra funcionarios de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), según reveló la congresista en su video.
Para Carrascal, la raíz del problema sigue siendo la misma deuda histórica del territorio nacional, al asegurar en su intervención que “lo que está ocurriendo no es solamente un asunto de seguridad pública, es la vieja historia colombiana: la disputa por la tierra”.
La congresista recordó que, mientras en algunos países el desarrollo rural se construyó a partir de una redistribución relativamente amplia de la propiedad, Colombia siguió un camino distinto, casi que feudal, concentrando la riqueza en pocas manos.
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El dilema sobre el futuro de la Agencia Nacional de Tierras
Uno de los puntos más críticos señalados por la representante del Pacto Histórico tiene que ver con las propuestas de campaña de Abelardo de la Espriella, las cuales contemplaban una drástica reducción del tamaño del Estado y la posible eliminación de varias entidades públicas clave para el sector agrario.
“Durante la campaña presidencial, Abelardo de la Espriella planteó una profunda y drástica reducción del Estado. Entre los documentos que circularon apareció la propuesta de eliminar la Agencia Nacional de Tierras. Les pregunto: ¿debería mantenerse la institucionalidad encargada de ejecutar la reforma agraria o reemplazarse por otro modelo?”, cuestionó la congresista en su video.
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Para Carrascal, desmantelar o suprimir la ANT no se limita al cierre de una oficina pública, sino que significaría cambiar radicalmente las reglas sobre quién administra los baldíos de la Nación, quién formaliza los títulos de propiedad para los productores rurales y quién ejecuta los compromisos firmados en el Acuerdo de Paz de 2016.

La legisladora concluyó que la entrega de un título de propiedad carece de valor real si el Estado colombiano no es capaz de garantizar la seguridad física en los territorios, al advertir que “si un campesino recibe un título, pero termina expulsado por grupos armados o por quienes reclaman la tierra mediante la fuerza, el mensaje es devastador: el papel vale menos que las armas”.
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A las puertas del inicio del periodo presidencial 2026-2030, Mafe Carrascal dejó sobre la mesa interrogantes para el gobierno entrante al cerrar su video: “¿Quién tiene realmente el derecho sobre la tierra? ¿Cuántas vidas más se perderán?”.
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