El Congreso chileno desestimó un juicio político contra el ministro de Vivienda por el escándalo del Caso Convenios

(Desde Santiago, Chile) El Presidente Gabriel Boric aplaudió este jueves la decisión de la Cámara de Diputadas y Diputados de rechazar la acusación constitucional presentada por una parte de la oposición en contra del ministro de Vivienda, Carlos Montes, a propósito de su responsabilidad política en el Caso Convenios, que destapó a mediados de año traspasos fraudulentos millonarios desde ramas ministeriales -principalmente de Vivienda y de Desarrollo Social- hacia fundaciones y ONG´s.

“Por quinta vez, una acusación constitucional contra un integrante de nuestro gobierno es desestimada”, apuntó el mandatario en su cuenta oficial de X, recalcando la fe depositada en el secretario de Estado.

“Tiene mi confianza para seguir trabajando en la noble tarea de entregar 260 mil viviendas en nuestro período. No hay tiempo que perder”, remató Boric.

El ministro Montes, por su parte, aseguró tener “las manos y la conciencia muy limpias. Nunca pensé en dar un paso al costado, que era la decisión más fácil probablemente”, y apuntó a que el escrito presentado en su contra “no tenía fundamento técnico ni político”, según reza una nota de radio Cooperativa.

Faltas de ortografía

El abogado defensor del titular de Vivienda, Pablo Ruiz Tagle, arguyó durante el proceso que el libelo acusatorio era inaceptable pues estaba mal escrito, presentaba errores ortográficos y contemplaba distintos elementos que no tenían sustento.

Según el defensor, los cinco capítulos que componían el texto tenían errores de forma y de fondo, habían referencias que no llegaban a ninguna parte y algunas opiniones citadas en cursiva no tenían autores directos. Incluso señaló que era una falta de cortesía al Congreso Nacional presentar un documento de esta manera.

Quinta acusación fallida

En los casi dos años que van del gobierno de Boric, la oposición ha presentado cinco acusaciones constitucionales contra ministros de su gabinete, y aunque ninguna ha llegado a puerto, los cuatro interpelados anteriores sí que abandonaron el Gobierno poco tiempo después.

El primer golpe lo dio el Partido Republicano - liderado por Juan Antonio Kast -, a solo cuatro meses de que Boric iniciara su mandato, cuestionando el actuar tardío de la entonces ministra de Interior, Izkia Siches, en el conflicto mapuche, y que fue rechazado por la Cámara en julio de 2022. Siches fue reemplazada en el cargo por Carolina Tohá en el cambio de gabinete realizado tras el plebiscito de salida de septiembre de ese año.

La misma colectividad presentó en enero de 2023 un texto en contra del exministro de Desarrollo Social Giorgio Jackson - mano derecha del presidente Boric y compañero de vida política desde tiempos estudiantiles -, acusando deficiencias en su gestión en materia de tierras indígenas y servicios locales de Niñez, así como un incumplimiento del principio de probidad dentro de la cartera, el que tampoco prosperó.

En agosto de ese mismo año, los republicanos volvieron a la carga y amenazaron con volver a acusar a Jackson por su eventual participación en el Caso Convenios, pero desistieron cuando el fundador de Revolución Democrática renunció al cargo.

Mientras se tramitaba el libelo contra Jackson, bancadas de oposición presentaron otro texto en contra de la ministra de Justicia, Marcela Ríos, objetando su rol en los indultos otorgados a presos del estallido por el Presidente Boric, el que tampoco fue admitido por la Cámara.

En junio del año pasado, finalmente, el bloque opositor impugnó al entonces ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, argumentando una mala gestión de su parte. La discusión, sin embargo, rápidamente se desnaturalizó y estuvo marcada por la presunta homofobia de quienes la impulsaban. Y aunque el texto no avanzó al Senado, el militante de Revolución Democrática fue sustituido por Nicolás Cataldo, en el cambio de gabinete de agosto pasado.