(Washington, Estados Unidos) - Estuvo preso durante nueve años por pertenecer al Movimiento de Liberacion Nacional (MNL- Tupamaros), una guerrilla que intentó derrocar a un gobierno elegido de forma democrática en Uruguay previo al golpe militar de 1973. Luego, 40 años después, fue ministro de Defensa durante la primera parte del gobierno de José Mujica (2010-2015). Se trata de Luis Rosadilla, el hombre elegido por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, para intentar mediar desde esta semana en Guatemala tras ocho días de protestas que tienen al país paralizado.
El Ratón, como le dicen a Rosadilla, es un político que cultiva el perfil bajo y las relaciones personales y de confianza. No tiene formación académica en negociación, pero quienes han tenido que dialogar con él, de todos los colores ideológicos, elogian sus actitudes para la búsqueda de acuerdos.
Su profesión es panadero, tarea que empezó a los 13 años y a la que se dedicó buena parte de su vida. En el medio integró el MLN Tupamaros y en diciembre de 1973, seis meses después del golpe de Estado en Uruguay, cayó preso con solo 20 años.
Luego de recuperar la libertad fue uno de los fundadores del Movimiento de Participación Popular (MPP), el sector político que muchos años después, en 2009, llevó a José Mujica a la Presidencia de Uruguay.

Durante el gobierno de Mujica, Rosadilla fue ministro de Defensa y compartió gabinete allí con Almagro, en ese entonces canciller uruguayo y desde 2015 secretario general de la OEA.
Los 835 presos liberados
Almagro ya apeló a los oficios negociadores de Rosadilla en otras oportunidades desde la Organización de Estados Americanos (OEA). En 2018 y 2019, cuando todavía procuraba encarrilar a la dictadura de Daniel Ortega por una senda democrática, Rosadilla era los ojos de Almagro en las negociaciones.

En 2016, cuando el régimen de Ortega mostraba sus actitudes totalitarias, Almagro le escribió una dura carta privada al presidente de Nicaragua. En ese momento la comunicación se mantuvo en privado, porque Ortega se mostró proclive a negociar.
Por la historia de los tupamaros con el sandinismo, apeló a Rosadilla, que tenía muy buenos vínculos tanto con el gobierno como con los exguerrilleros que tiempo atrás habían roto con Ortega y eran parte de la oposición que hoy lo enfrenta.
La situación con el correr del tiempo se fue poniendo más tensa y explotó en 2018, con las protestas que derivaron en una brutal represión. El régimen encarceló a cientos de opositores y allí Rosadilla fue uno de los negociadores de la OEA con Ortega.
Luego de muchísimas idas y vueltas, logró algunos avances que terminaron con acuerdos firmados por Almagro y Ortega que luego el gobierno desconoció. Pero uno de los logros que sí tiene la OEA de la mano de Rosadilla, junto con la Iglesia Católica y la Cruz Roja fue la liberación de 834 presos políticos
Como no caer en Guatemala en la misma trampa de Ortega
Las situaciones entre Guatemala hoy y Nicaragua en 2018 y 2019 son bien diferentes. Pero si hay algo que los opositores a Ortega le reclaman a la OEA es que con su rol negociador en esos años le dio aire a la dictadura para desmontar las protestas y ganar tiempo.

Ahora la OEA tiene el desafío en Guatemala de no caer en la misma situación, según explicaron a Infobae fuentes diplomáticas. Si bien está obligada a negociar y buscar acuerdos para que el país vuelva a la calma y a la vez la transición de gobierno siga adelante, carga con la mochila de Nicaragua.
El presidente Alejandro Giammattei le abrió las puertas a la OEA, primero a través de una misión de observación electoral (MOE), que fue clave para demostrar que no hubo fraude en la victoria de Bernardo Arévalo. Luego con una misión para acompañar la transición y ahora le pidió que mediara tras varios días de protestas ciudadanas que piden la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras.
A Porras la nombró y la ratificó Giammattei para un segundo período. Ahora, pese a los pedidos de Estados Unidos, se resiste a criticarla por sus acciones consideradas antidemocráticas.
Giammattei deberá entregar el poder el 14 de enero a Arévalo, en medio de una crisis institucional muy grande dado que el Ministerio Público lleva adelante acciones consideradas ilegales por toda la comunidad internacional.
A través de uno de sus fiscales, busca inhabilitar al partido Movimiento Semilla, por el que fue electo Arévalo con el 60% de los votos en el balotaje. Además realizó allanamientos con apertura de cajas y manipulación de actas al Tribunal Supremo Electoral (TSE), el único habilitado a manejar los votos.

Este asedio al partido del presidente electo y a las autoridades electorales ha generado muchas críticas tanto de la OEA, como de Estados Unidos y de todos los gobiernos de la región.
Desde hace ocho días el país está bajo fuertes protestas populares, que realizan piquetes en rutas y ciudades, reclamando la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras y del fiscal Rafael Curruchiche.
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