Una persona muere cada cuatro días en las cárceles de Nayib Bukele en El Salvador

Juan José no se atrevía a acercarse a su compañero de celda en el Penal de Izalco de El Salvador. Los gritos del otro recluso le daban pánico. Y lo peor, cuenta, es que los alaridos no pararon por días: el hombre se quejaba del dolor en el estómago y el abdomen bajo que le acompañaba desde que un grupo de custodios carcelarios la sacaron de la celda para darle una paliza que duro por lo menos una hora. “Pedíamos que lo fueran a sacar para que lo atendieran, pero un custodio nos decía que lo iban a sacar cuando se muriera, que esa era la única en que las personas saldríamos de ahí, muertas”, cuenta.

Juan José (el nombre del protagonista de esta historia se ha cambiado por seguridad y para no entorpecer procesos judiciales pendientes) es un agricultor salvadoreño, un campesino. Él y su familia viven en las montañas del noroeste salvadoreño, cerca de una reserva natural. El 23 de mayo de 2022, como todos los días, Juan José y cinco de sus familiares, incluidos su padre y su abuelo de 67 años, se levantaron a las cinco de la mañana para emprender la caminata cerro arriba hacia la finca en la que trabajan.

A eso de las 5:30 a.m. los interceptó una patrulla de policías que, sin decirles demasiado, los capturó. Lo único que les gritaron es que se iban presos porque ellos, los campesinos, eran miembros de una pandilla. Juan José protestó, pidió por su abuelo. Nada. Todos presos, incluida una cuñada que iba con ellos. Los llevaron al Penal de Izalco, una de las cárceles del sistema penitenciario salvadoreño, de las más utilizadas por el gobierno de Nayib Bukele para meter ahí a personas capturadas durante el régimen de excepción que su gobierno decretó en marzo de 2022, luego de que un pacto que él tenía con las pandillas Barrio 18 y MS13 se rompió.

Al llegar a Izalco los recibieron con una golpiza. “Cuando llegamos los custodios nos pegaron, nos dijeron que era la bienvenida. A los que llevábamos el pelo un poquito más largo, con navaja nos lo quitaron. Nos dijeron que éramos pandilleros y que ahí a ese lugar habíamos llegado a morir, y que la única manera en que podíamos salir de ahí era muertos. Nos decían eso y nos golpeaban”, recuerda Juan José en una charla telefónica con Infobae realizada poco después de que él saliera de prisión luego de 15 meses encerrado. En las cárceles del sistema quedan sus otros familiares, incluido su abuelo, de quien nadie tiene noticias desde junio de 2022, cuando lo separaron del grupo. La familia y abogados que han llevado el caso sospechan que el abuelo de Juan José está muerto.

“Estamos un proceso de investigar si el abuelo sigue con vida. Era un señor de 67 años que llegó con enfermedades como hipertensión y diabetes. Juan José nos contó que también lo golpearon al abuelo y que dos veces le faltó el aire”, relató a Infobae una abogada que conoce el caso de esta familia y cuyo nombre se omite por seguridad.

Al menos tres abogados privados, asignados a este caso por una organización civil de asistencia legal, han pedido peritajes, audiencias especiales y una revisión corporal para determinar si el abuelo de Juan José sigue vivo. Las autoridades judiciales salvadoreñas, la mayoría de las cuales suelen fallar a favor de los casos que presenta la fiscalía controlada por el presidente Bukele, se han negado en redondo. A veces ni siquiera contestan. “Tenemos la impresión de que alguien se ha muerto”, dice una de las abogadas.

Si resulta que el abuelo de Juan José está muerto, su nombre se uniría al de otros 188 salvadoreños y salvadoreñas que han fallecido mientras estuvieron en custodia del Estado desde que Bukele y su Congreso decretaron el régimen de excepción en marzo de 2022 hasta la primera semana de septiembre de 2023. La cifra es extraída de un informe presentado hace menos de un mes por el Socorro Jurídico Humanitario (SJH), que está basado en cientos de entrevistas con familiares de reos, personas que como Juan José han sido liberadas con medidas sustitutivas, abogados y fuentes internas del sistema penitenciario, la fiscalía y la Policía Nacional Civil. Los informes del SJH han servido de base a varias denuncias de organismos internacionales por el deterioro democrático y de derechos humanos en El Salvador de Nayib Bukele.

Ni Juan José ni su familia han tenido noticias del abuelo desde hace más de un año. Tampoco sabe demasiado el campesino del resto de sus familiares.

“De mi abuelo no se sabe nada. Niegan cualquier tipo de información en los centros penales, en la procuraduría. Hemos intentado saber la situación de él, porque ya es una persona de edad avanzada, pero hasta la fecha no sabemos nada. Lo último que supimos es que lo metieron al sistema como si fuera un pandillero peligroso, y el señor tiene casi 70 años”, dice.

De acuerdo con el conteo de muertes hecho por el SJH, una persona ha muerto cada cuatro días en las cárceles salvadoreñas desde que inició el régimen de excepción, lo que dista mucho de las cifras publicadas por el gobierno. De acuerdo con el Instituto de Medicina Legal, también controlado por Bukele y sus funcionarios, solo 73 personas fallecieron en el sistema penitenciario desde marzo de 2022 hasta finales de agosto de este año. Y según Osiris Luna, el jefe de las cárceles salvadoreñas, “todas” esas personas murieron por enfermedades que ya tenían al ser arrestados.

El informe del SHJ, sin embargo, cataloga el 40% de las muertes carcelarias como homicidios y atribuye el 31% a negligencias médicas, como la falta de atención apropiada ante una enfermedad, infecciones, sangrados u otros. Solo dos de las muertes, de acuerdo el reporte, se debieron a enfermedades terminales. Sin presentar datos específicos, el ministro de seguridad de Bukele, Gustavo Villatoro, ha renegado de estas cifras en entrevistas televisivas diciendo que la gran mayoría de las muertes son “por condiciones médicas previas”.

La cifra podría ser mayor de acuerdo con los investigadores del SJH, que en su informe detalla que, según fuentes consultadas en la Fiscalía General de la República y otras instituciones, el número podría llegar incluso a los 500 muertos.

Un funcionario de alto nivel en el gabinete de seguridad de Bukele dijo a Infobae bajo condición de anonimato que la cifra real podría rondar las tres centenas; de acuerdo con esta fuente, el Instituto de Medicina Legal ha realizado cerca de 250 reconocimientos de cadáveres de personas no condenadas en las cárceles salvadoreñas desde que inició el régimen de excepción.

Estas muertes, aclara Ingrid Escobar, del Socorro Jurídico Humanitario, corresponden solo a personas que están en fase de investigación desde que inició el régimen extraordinario. Es una lista diferente a la de 400 muertes de personas ya condenadas, un número que sí reconoce el gobierno.

Escobar asegura que su organización está investigando cuántas de las 188 muertes que ellos han confirmado ocurrieron luego de que jueces salvadoreños dieron cartas de libertad a los reos, quienes, sin embargo, no pudieron salir de inmediato del sistema por órdenes de Osiris Luna, el director carcelario de Nayib Bukele y uno de los funcionarios que según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos es responsable de actos de corrupción y de gestionar el pacto del gobierno con las pandillas.

Infobae consultó con una fuente penitenciaria salvadoreña sobre el proceso de liberación de reos capturados durante el régimen de excepción luego de que un juez emite carta de libertad. El funcionario, que habló desde el anonimato por seguridad, dijo que en muchas ocasiones los reos no salen a pesar de que ya cuentan con un documento firmado por un juez y que, por requerimiento de Luna, la mayoría debe de pasar por una prueba de polígrafo antes de salir, algo que es ilegal. Infobae trató de obtener un comentario de las autoridades penitenciarias pero no hubo respuesta.

“De las muertes confirmadas queremos saber quiénes tenían carta de libertad. Sabemos que a pesar de que hay órdenes judiciales se les está haciendo el polígrafo. Si han muertos personas después de recibir cartas de libertad el responsable de esas muertes es Osiris Luna. Si esto es así se trata de crímenes de lesa humanidad”, asegura Ingrid Escobar.

La abogada Zaira Navas, de la organización Cristosal, coincide. Hay, dice, suficientes elementos de prueba para que el Estado salvadoreño y funcionarios del gobierno Bukele sean juzgados eventualmente por crímenes de lesa humanidad.

Por ahora, sin embargo, toda la política de seguridad pública de Nayib Bukele, incluidos el encarcelamiento masivo, las muertes carcelarias sin investigar, las posibles torturas o las violaciones al debido proceso gozan de una popularidad muy saludable en El Salvador, donde entre el 80% y el 90% de la población apoya al presidente y a sus políticas.

Juan José, el campesino que presenció torturas y sufrió golpizas durante los 15 meses que estuvo en la cárcel, lo sabe. “Sé que hay mucha gente que apoya estas medidas, pero me imagino que son gentes que nunca han estado presas y no han tenido un familiar preso, pero a cualquiera le puede pasar”, se lamenta.

Quienes se oponen a sus políticas de seguridad, suele decir el presidente salvadoreño, son opositores políticos, periodistas tendenciosos o mal informados, incluso funcionarios o gobiernos extranjeros que meten las narices donde no les llaman. Nayib Bukele repitió parte del discurso la segunda semana de septiembre en el foro de Naciones Unidas. “Reiteramos nuestro derecho a tomar nuestras propias decisiones y nuestro derecho a tener la razón”, dijo en su alocución más reciente a la Asamblea General de la ONU reunida en Nueva York.

“Cambiamos las leyes para asegurarnos que los terroristas no salieran de nuevo a las calles”, dijo Bukele ante la ONU poco antes de lamentarse de que sus críticos se opusieran a algunas de sus medidas y cuestionaran decisiones como dinamitar la independencia judicial o la del ministerio público.

Bukele y sus funcionarios insisten en que la gran mayoría de los detenidos durante el régimen de excepción son pandilleros, un grupo al que la legislación salvadoreña cataloga como terrorista. Sin embargo, ninguno de esos detenidos ha sido condenado aún por un juez. De hecho, el gobierno ya ha liberado a unas 7,000 personas de las cerca de 72,000 arrestadas durante el régimen de excepción. Buena parte de ellos, dice el Socorro Jurídico Humanitario, sufrieron golpizas y vejaciones a pesar de ser inocentes.

Todo lo que se está haciendo en El Salvador, insistió Bukele ante la ONU, funciona. “Cualquier extranjero puede ir a comprobarlo por sí mismo”, dijo el presidente. Esto último no es del todo cierto: Infobae consultó con tres corresponsales extranjeros que han pedido permiso para visitar cárceles en El Salvador y no han recibido respuestas. Decenas de reporteros han visitado el país y han escrito historias en los que destacan la debilidad de las pandillas en las calles, lo cual contrastan con el precio que han tenido que pagar miles de personas a las que el Estado ha encarcelado sin pruebas y con el deterioro democrático.

“Me admiro como los que trabajan en el gobierno pueden tener la conciencia tranquila cuando lo que están haciendo es estar matando a muchas personas. El gobierno no trata de enmendar nada. Mi familia lleva ya para 17 meses de estar encarcelados injustamente. Si uno es pobre y sin vínculos con el gobierno lo hacen quedar mal inventado cosas que no son y luego uno no puede levantar la cara. Ojalá estas muertes un día puedan esclarecerse…”, se lamenta Juan José, el campesino.

A este hombre, un labriego que ha vivido toda su vida en el mismo lugar y ha trabajado siempre en las montañas del occidente salvadoreño, las políticas de Nayib Bukele le cercenaron la vida. Hoy está libre, pero su proceso por supuesta pertenencia a pandillas continúa y en su carta de libertad provisional el juez de su caso da por hecho alguna relación con esos grupos. “En mis papeles de salida dice que soy pandillero y eso es una gran mentira del Estado…”, dice con la voz apagada, con el mismo tono suave y triste que ha mantenido durante toda la conversación.

“Internacionalmente el gobierno lo quiere hacer ver como si uno fuera la peor basura de El Salvador cuando no es así. Yo nunca tuve que ver con pandillas, pero sí me hicieron quedar como pandillero. Es una injusticia. Hay tantas muertes de personas capturadas arbitrariamente”, reclama Juan José.

Hoy, al menos, Juan José ha salido de las celdas en las que estuvo, primero en el Penal de Izalco y luego en el Penal La Esperanza en las afueras de San Salvador, donde fue trasladado. En Mariona, como se conoce a la segunda cárcel, estuvo en un galerón en el que convivía con otros 2,000 reos, la mayoría presos por el régimen de excepción.

Los recuerdos sobre los meses en la cárcel pueblan los días de Juan José. Él no lo niega. Es difícil olvidar las palizas de los primeros días, cuando por una mala mirada a algún custodio los sacaban a la cancha de fútbol en Izalco para vapulearlos. O cuando, recién llegado a Mariona, la piel se le empezó a descascarar después de que lo sacaron al sol tras tenerlo encerrado, sin luz, durante dos meses. O la comida.

“La alimentación la llevaban en un depósito que era para dos personas, dos tenían que comer de la misma porción. A veces en la comida me salieron cucarachas, caca de ratón, todo eso salía en la comida. Pero al no tener nada uno se obligaba. Bajé mucho peso. Me enfermé. Mucha gente entró en desnutrición severa…” Es una conversación llena de estos recuerdos, de impotencia.

El régimen de excepción por el que Juan José y el 1% de la población salvadoreña ha ido a parar a las cárceles ha sido prorrogado 18 veces y no hay visos de que sea suspendido en un futuro cercano. Después de todo, se ufana Nayib Bukele, es una de las políticas públicas más exitosas del continente.