El Gobierno de Bolivia prometió evitar un “derramamiento de sangre” durante el operativo para liberar las rutas bloqueadas por manifestantes

El Gobierno de Bolivia afirmó que realizaría todos los esfuerzos necesarios para evitar un derramamiento de sangre durante el operativo destinado a desbloquear las vías que permanecieron cerradas desde hace 11 días en el país.

La declaración surgió en medio de una fuerte operación llamada “Corredor humanitario”, de la Policía y las Fuerzas Armadas, que comenzó en la madrugada del sábado y movilizó a más de 3.500 efectivos para liberar los principales accesos a la ciudad y restablecer el abastecimiento de alimentos, combustibles y medicinas.

Los uniformados lograron despejar más de 15 puntos de bloqueo en rutas estratégicas, permitiendo el tránsito de convoyes con suministros esenciales hacia La Paz y El Alto.

“Vamos a hacer hasta el último esfuerzo para evitar que haya derramamiento de sangre por el uso de la violencia de cualquiera de las partes”, dijo el vocero presidencial, José Luis Gálvez, en una rueda de prensa.

La operación se concentró en carreteras clave que conectan con Oruro, Perú y el centro del país, pero la situación cambió rápidamente cuando grupos de manifestantes se reorganizaron y reinstalaron piquetes en varios sectores, particularmente en El Alto, donde la resistencia se intensificó.

En ese punto, los bloqueadores utilizaron explosivos, piedras y levantaron barricadas, mientras que la policía respondió con agentes químicos. El enfrentamiento dejó varios policías heridos y derivó en la detención de personas acusadas de actos vandálicos.

En zonas como Huajchilla y La Ceja, los activistas lograron superar la presencia policial, lanzaron piedras y cartuchos de dinamita para frenar el avance de los agentes, y encendieron fogatas para obstaculizar la circulación.

En la estación de teleférico de Río Seco, un ataque obligó a suspender el servicio en uno de sus tramos, mientras que la violencia también alcanzó a trabajadores de prensa, quienes sufrieron retenciones y daños en sus equipos, según denunciaron las autoridades.

El conflicto se originó por la presión de sectores sociales como la Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación de Campesinos de La Paz ‘Tupac Katari’, que exigieron la renuncia de autoridades al considerar que no resolvieron los problemas del país.

Al mismo tiempo, una marcha de seguidores del expresidente Evo Morales avanzó por el altiplano rumbo a la sede de Gobierno, con la intención de intensificar las protestas. El Ejecutivo denunció la existencia de un plan para quebrar el orden constitucional, presuntamente dirigido y financiado desde sectores vinculados al narcotráfico, acusaciones que Morales rechazó.

Durante esta jornada, la Sala Constitucional Segunda de La Paz concedió una tutela parcial de acción popular presentada por el exdiputado Amilcar Barral, ordenando a todos los movimientos sociales levantar los bloqueos y permitir el paso de bienes esenciales.

El fallo consideró ilegal e inconstitucional impedir el tránsito de alimentos y medicamentos, y exigió al Gobierno implementar mecanismos de diálogo para una solución pacífica. También se ordenó individualizar y procesar a los responsables si persistían las medidas de presión.

(Con información de EFE)