“Hay que cerrar la frontera con Perú, porque de allí entra la droga”, dijo el ex presidente Evo Morales a propósito de los escandalosos envíos de toneladas de cocaína boliviana a Europa, incluso en aviones de la línea aérea estatal.
Esta declaración, hecha en radio Kausachum Coca, del Chapare, donde Morales es dirigente vitalicio, y “comandante”, de los productores de coca, ahonda las diferencias entre los dos países, cuando en Perú un congresista pide la captura del cocalero boliviano, al que acusa de pretender anexar la provincia de Puno a la geografía de Bolivia.
Se sabe que avionetas ilegales traen pasta de coca (sulfato de cocaína) a Bolivia desde los territorios peruanos dominados por remanentes de Sendero Luminoso, pero no son interceptadas porque la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) no ha activado los trece radares franceses comprados en 2017 por 215 millones de dólares. La explicación es que de nada serviría activar esos radares si la FAB no cuenta con los aviones necesarios para seguir a las avionetas que fueran avistadas.
Morales también culpó al gobierno de Luis Arce, su pupilo, al que él mismo designó como candidato en 2020, de haber descuidado el control de los cultivos de coca en Bolivia y haber frenado las tareas de erradicación de esas plantaciones que cubren siete de los nueve departamentos de la geografía boliviana.
Y en Perú, el excanciller Luis Gonzales Posada ha pedido al gobierno de Lina Boluarte rechazar de inmediato que la diputada boliviana Lidia Patty Mullisaca asuma como cónsul en Puno, porque es muy servil a Morales, lo que es una provocación al Perú.
Patty, que viste ropa aimara, acusó a la expresidente Jeanine Áñez (diciembre 2019-noviembre 2020) de haber usurpado la presidencia cuando Morales renunció y huyó a México, y por ello la justicia manejada por Arce la ha condenado a 10 años de cárcel.
Morales está levantando la voz ahora, cuando la imagen de Arce, su rival como candidato del MAS para las elecciones de 2025, está muy afectada por los escándalos de los envíos de cocaína descubiertos a fines de mayo.

El Diario de La Paz dice que el embarque de 478 kilos de cocaína a España, a bordo de un avión de la estatal BoA, pasó por alto a siete entidades estatales de control, a lo que Morales añade que funcionarios del gobierno de Arce están ocultando información y llegaron a borrar grabaciones de las cámaras del aeropuerto de Santa Cruz, lo que dificulta la investigación.
El manejo de la empresa de aviación no es pulcro, ni siquiera en la elección de los empleados. La policía interrogó a cinco funcionarios de BoA y encontró que cuatro de ellos tenían antecedentes de conexiones con el narcotráfico.
El exministro de gobierno de Morales Carlos Romero dijo este fin de semana a los funcionarios de Luis Arce: “Dejen de hacer el ridículo, la gente se les está riendo en la cara”. Y reveló que en 2019, como ministro, desarticuló una banda de 14 narcos que llevaba droga desde el aeropuerto de Santa Cruz a España, pero que el actual gobierno ha permitido que la banda vuelva a las andadas.
En respuesta, muy disimulada, en esta guerra entre Arce y Morales, el presidente de la estatal petrolera YPFB, Armin Dorgathen, dijo que si no hay gas para exportar es porque en el gobierno anterior no fueron hechas las exploraciones necesarias. Y que ahora, finalmente, el gobierno toma el toro de los hidrocarburos por las astas.
Pero es notorio, en esta guerra, que Morales ha tomado impulso debido a los traspiés de Arce con la droga, aunque también es notorio que el cocalero no tiene apoyo en las filas del MAS, donde predomina la tendencia renovadora, que lo quiere jubilar.
En la oposición hay un silencio sepulcral. Es como si los dos aspirantes del MAS se hubieran adueñado del escenario y hubieran marginado a los opositores, a esos que están en el parlamento, pero no a los que están en las cárceles.
Los presos políticos de Bolivia, que son 260, comenzando por Jeanine Áñez y el gobernador de Santa Cruz, además del dirigente cívico de Potosí, Juan Carlos Pumari, tienen más fuerza que los opositores en libertad.
Por el momento, Arce y Morales no han descuidado el control del poder electoral, que no puede avanzar en el propósito de revisar el padrón electoral de un país donde se dice que los votantes son más que los habitantes debido al fraude montado por el MAS.
Dos veces el Tribunal Supremo Electoral ha intentado contratar una empresa que se ocupe de revisar el padrón, pero dos veces ha tenido que frenarse. Sus autoridades aducen que hay dificultades burocráticas, pero todo indica que las razones son mucho más complicadas.
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