El periodista nicaragüense Víctor Ticay, colaborador del Canal 10 de la televisión local y detenido en Semana Santa después de cubrir una procesión religiosa, fue declarado este viernes culpable de los delitos de “propagación de noticias falsas” y menoscabo a la integridad nacional, considerado “traición a la patria”.
El comunicador, director de la página de Facebook “La Portada”, fue condenado en horas de la madrugada, sin derecho a la defensa, y luego trasladado al Sistema Penitenciario Nacional, conocido como La Modelo, una prisión de máxima seguridad, indicó el abogado Braulio Abarca, defensor del organismo Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.
El periodista fue llevado a los juzgados de Managua la madrugada de este viernes, donde un juez le leyó la sentencia de culpabilidad, indicó.
La declaración de culpabilidad del comunicador forma parte de “un proceso arbitrario y sin garantías judiciales”, denunció el abogado, que criticó que haya sido condenado “en horas de la madrugada y sin derecho a la defensa”.
Además, “no se respetaron ni siquiera las garantías mínimas del debido proceso, no se ha respetado el proceso establecido tanto del Código Procesal Penal, como del Código Penal”, argumentó Abarca.
Ticay fue detenido el Jueves Santo pasado por agentes policiales del municipio de Nandaime, 56 kilómetros al suroeste de Managua, un día después de transmitir en su página de Facebook “una actividad religiosa que la Policía quiso prohibir” en esa ciudad, y que tras su detención fue borrado de la página” de Facebook.
Su detención, al igual que la de decenas de opositores y activistas, se dio previo al quinto aniversario de las manifestaciones contra la dictadura de Daniel Ortega.
En abril de 2018, miles de nicaragüenses salieron a las calles a protestar por unas controvertidas reformas a la seguridad social, que luego se convirtieron en una exigencia de renuncia de Ortega tras una brutal represión a las manifestaciones.
Las protestas dejaron al menos 355 muertos según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos nicaragüenses elevan la cifra a 684 y Ortega reconoce que fueron “más de 300″ y mantiene que se trató de un “intento de golpe de Estado”.
Confiscación de bienes a opositores expulsados
La dictadura Ortega Murillo también ordenó este viernes la confiscación de “todos los bienes inmuebles” de 222 opositores excarcelados y deportados a Estados Unidos el 9 de febrero, a través de una sentencia del Tribunal de Apelaciones.
El fallo tiene fecha del 19 de mayo, pero fue dado a conocer en esta fecha en que se cumplen cuatro meses de la excarcelación y destierro forzado de los 222 presos políticos, entre ellos siete ex aspirantes a la presidencia, abogados, ex guerrilleros sandinistas, defensores de derechos humanos y periodistas críticos al régimen de Daniel Ortega.
Según el texto judicial, los ex prisioneros fueron declarados “traidores a la patria”, despojados de su nacionalidad y deportados de su país, tras ser condenados por “cometer actos de menoscabar la independencia, la soberanía, la autodeterminación del pueblo” y por “incitar a la violencia, el terrorismo y la desestabilización económica”.
La sentencia de la Sala Penal 1 del Tribunal de Apelaciones ordena “la inmovilización y el decomiso a favor del Estado de Nicaragua de todos los bienes inmuebles que los condenados tengan inscritos” en los registros públicos, “en su carácter personal o jurídico”.
Además de las propiedades, se les confiscarán “todas las acciones y sociedades mercantiles” que puedan poseer, “para que respondan por los delitos cometidos y con el propósito de garantizar la paz social, la independencia, la soberanía (y) la autodeterminación del Estado de Nicaragua”, señaló el informe oficial.
(Con información de EFE)
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