El Ministerio de Defensa de Ecuador aseguró que combatirán con “absoluta firmeza” al terrorismo

Luego de que el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, dispuso la ejecución de operaciones militares para combatir a organizaciones terroristas y ordenara a las Fuerzas Armadas “iniciar, de manera inmediata, las acciones para reprimir la amenaza terrorista, con todos los medios a su disposición”; el Ministerio de Defensa Nacional indicó que los miembros militares acatarán lo dispuesto por el mandatario y explicó el alcance de sus acciones.

En un comunicado oficial, la Cartera de Estado señaló que en cumplimiento al decreto expedido por Lasso y a la resolución del Consejo de Seguridad Pública y del Estado, sus más de 30.000 miembros desplegados en todo el país realizan operaciones para combatir el terrorismo “de las organizaciones delictivas vinculadas con el narcotráfico y el crimen transnacional, que atentan contra la soberanía y la integridad territorial”.

El ministro Luis Lara, que es un general en servicio pasivo del Ejército, ha reiterado que la misión de las Fuerzas Armadas es “defender la vida, los derechos y las garantías de los ecuatorianos ante el embate de la delincuencia que ha creado terror en la población”.

En el pronunciamiento oficial, el secretario de Estado aseguró que los miembros de las Fuerzas Armadas “actuarán de inmediato, con absoluta firmeza, utilizando todo el poder militar, contra quienes pretenden, a través de actos de violencia extrema, no solo causar terror a los ecuatorianos sino atentar contra la democracia y el Estado de Derecho”.

Según el gobierno de Lasso, tanto la resolución del Consejo de Seguridad, que proclamó al terrorismo como amenaza para el país, así como el decreto presidencial se sustentan en la Constitución de la República, el Código Orgánico Integral Penal y el ordenamiento jurídico del país, así como en las normas internacionales en la materia.

El ministro Lara ha manifestado que la Ley Orgánica que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza “garantiza la presunción de inocencia y la garantía del debido proceso para aquellos servidores que en ejercicio de sus funciones se vean expuestos a procesos judiciales de carácter penal”.

En el comunicado ministerial también se ha explicado que en caso de que algún militar enfrente un proceso penal por el uso de la fuerza durante sus funciones, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas coordinará, con el Ministerio de Defensa Nacional y la Presidencia de la República, la defensa institucional, a través del patrocinio judicial, “para velar por el personal militar que se encuentre inmerso en un proceso judicial, a consecuencia de la ejecución de operaciones militares en contra del terrorismo”.

Sobre esto último, el portal Código Vidrio publicó que fuentes militares han asegurado que lo dispuesto por el presidente ecuatoriano ha generado preocupación entre los miembros de las Fuerzas Armadas: “Será difícil realizar operaciones militares ofensivas contra algún blanco considerado terrorista, comentó un alto oficial”, se lee en una de las más recientes publicaciones.

“El decreto evidencia apresuramiento. No ha sido consultado con quienes están en el terreno dirigiendo operaciones antidelictivas en coordinación con la Policía. Tampoco hay un sustento jurídico sólido ni empírico (experiencias similares sistematizadas en casos similares vividos en el pasado) sobre la intervención de militares en operaciones antiterroristas, bajo los parámetros del Derecho Internacional Humanitario y convenciones de derechos humanos”, recalca la plataforma ecuatoriana especializada en temas de seguridad.

Ecuador experimenta escenarios de violencia que mantienen en zozobra a la población. Los sicariatos, extorsiones y otro tipo de delitos se han vuelto comunes sobre todo en algunas ciudades de la costa ecuatoriana, como Guayaquil, que por la escala violenta ahora es una de las 50 urbes más peligrosas del mundo.

Las cifras oficiales indican que la tasa de homicidios pasó de 14 a 25 por cada 100.000 habitantes, entre 2021 y 2022. Además, la crisis carcelaria, que marcó el inicio de la violencia que ahora enfrenta el país, ha dejado en once masacres más de 400 presos asesinados.

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