La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aseguró este viernes que “aún persisten” los problemas estructurales que restringen los derechos humanos en Honduras e instó al Estado a promover un “diálogo sincero y abierto” con todos los sectores.
En su informe preliminar sobre su visita de cinco días a Honduras, la CIDH agradeció al Estado hondureño la “apertura al escrutinio internacional” y comentó que en su visita observó “una serie de problemas estructurales que han restringido durante décadas la eficacia de los derechos humanos de la población y que aún persisten”.
Las observaciones preliminares de la CIDH destacan “aquellos desafíos y avances estructurales que tiene el país y que se relacionan con desigualdad y pobreza; salud; educación; violencia, con un impacto diferenciado en las mujeres; seguridad ciudadana; independencia del Poder Judicial; acceso a la justicia, y conflictos sociales, ambientales y agrarios”.
La delegación, que encabeza la presidenta de la CIDH, Margarette May Macaulay, analizó problemas que afectan a grupos en “situación histórica de discriminación y exclusión”, como los pueblos indígenas y afrodescendientes, las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas de la comunidad LGBTI, personas mayores, en movilidad humana; defensoras; y privadas de libertad.
“Resultan alarmantes los altos índices de asesinatos de mujeres y feminicidios, personas LGBTI y personas defensoras de derechos humanos, particularmente quienes defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente”, indicó la CIDH en su informe tras concluir una visita “in loco” de cinco días al país centroamericano.
“La Comisión reconoce que en Honduras, los desafíos en derechos humanos se enfrentan a una realidad compleja en la que confluyen factores y problemas estructurales y de larga data, pendientes e impostergables”, añade el documento.
La violencia en Honduras dejó en 2022 un total de 390 mujeres muertas, y el 43,3% de las víctimas murieron a causa de heridas de arma de fuego empleadas por sus agresores, en su mayoría personas desconocidas, según datos de la ONG Centro de Derechos de Mujeres (CDM).
Aseguró que el contexto hondureño se ha caracterizado por “crisis de gobernanza recurrentes que han deteriorado el Estado de derecho y la capacidad institucional del Estado para garantizar los derechos humanos de su población”.
Desde el golpe de Estado de junio de 2009 al entonces presidente hondureño, Manuel Zelaya, “se han verificado procesos electorales ampliamente cuestionados, seguidos de hechos de violencia e impunidad”.
La CIDH recordó que la comisión visitó Honduras en 2012 para conocer sobre los derechos de las personas presas, y en 2014 y en 2018 para observar la situación general de derechos humanos.
La CIDH considera fundamental que el Estado de Honduras “propicie un diálogo sincero y abierto con todos los sectores, incluyendo a aquellas voces disidentes, y que garantice la participación activa de los grupos que históricamente han sido excluidos y discriminados en el país”.
“Solo de esa forma el Estado podrá brindar una respuesta integrada que responda efectivamente a estas necesidades, y recuperar la confianza de toda la población en sus instituciones”, señaló.
El lunes pasado la CIDH inició una visita a Honduras, donde sostuvo 87 reuniones en las ciudades de La Esperanza, Tegucigalpa, Tela, San Juan y San Pedro Sula, donde recabó “testimonios de víctimas de violaciones de los derechos humanos y sus familiares”, y visitó cuatro centros penitenciarios.
De acuerdo con la CIDH, Honduras “continúa siendo el país más violento de Centroamérica y el tercero más inseguro en la región”, precisó Margarette May Macaulay.
Según el Observatorio de Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), el 88 % de la población considera que Honduras “es un país inseguro y continuará siéndolo en los siguientes años”, destaca el documento.
(Con información de EFE)
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