Luis Fernando Camacho, una de las principales figuras de la oposición al actual presidente de Bolivia, Luis Arce, pidió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que investigue la represión ejercida contra el pueblo “cruceño” por el oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) durante las protestas de 2019.
“El pedido más importante que realicé a los comisionados de la CIDH es que se conforme un nuevo Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para que investigue las represiones brutales realizadas por la Policía contra el pueblo cruceño”, indicó en una misiva escrita tras una reunión con representantes de la Comisión.
Camacho, que se encuentra recluido en la cárcel de Chonchocoro, en La Paz, afirmó que “el pueblo necesita justicia”, ya que las cárceles están llenas de “perseguidos políticos”. “No dejaré de luchar porque somos la esperanza de mejores días para nuestro país”, sentenció en el texto, publicado en su cuenta de Twitter.
Camacho es el gobernador de la región más rica de Bolivia e históricamente contraria a los gobiernos del MAS, escenario de protestas y bloqueos en los meses de diciembre y enero del pasado año para oponerse a la ley del censo.
Su arresto estuvo motivado por su papel en las violentas manifestaciones y protestas que se produjeron después de que la oposición, apoyada por las Fuerzas Armadas, presionara al ex presidente Evo Morales a renunciar a su triunfo en las elecciones de octubre de 2019, cuyos resultados fueron cuestionados también por la Organización de Estados Americanos (OEA).
Tras su detención, se registraron protestas en Santa Cruz, llegando incluso a bloqueos en carreteras y aeropuertos. Asimismo, otros representantes de la oposición exigieron su liberación, advirtiendo al mismo tiempo al Gobierno de que no van a “claudicar” y que seguirán luchando “hasta las últimas consecuencias”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que inició este lunes una visita de cinco días a Bolivia, informó que su misión “in loco” hará “énfasis” en la institucionalidad democrática, el acceso y las garantías en la justicia, la población carcelaria y las personas en estado de vulnerabilidad.
En una breve declaración en la ciudad de La Paz, la vicepresidenta de la comisión y relatora sobre los derechos de la niñez, Esmeralda Arosemena de Troitiño, señaló que una “visita in loco es la oportunidad de cumplir uno de los mandatos para la observancia de los derechos humanos en los países de la región”.
Por su parte, el relator de país para Bolivia, Joel Hernández, dijo que “el objetivo de la visita es la observación in situ de la situación de los derechos humanos” en el país.
Explicó que el trabajo de la misión tiene un “énfasis especial en la institucionalidad democrática, los desafíos de acceso a la justicia y a las garantías judiciales, el acceso a los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, y la discriminación respecto de poblaciones en situación histórica de vulnerabilidad”.
La delegación, que está encabezada por la presidenta de la CIDH, Margarette May Macaulay, sostendrá varias reuniones en las ciudades de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y Sucre.
El “propósito es escuchar a todas las voces, reunirnos con autoridades estatales, organizaciones de la sociedad civil, activistas, personas defensoras de derechos humanos, gremios, personas privadas de libertad, en general con la población en el sentido más amplio”, señaló el comisionado Hernández.
El relator Hernández aclaró que la misión “tiene un ámbito de observación distinto al de la mesa de seguimiento al informe del GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes) sobre los hechos de violencia ocurridos en 2019″.
El informe presentado por el GIEI en agosto de 2021 concluyó en que en el país hubo “graves violaciones a los derechos humanos” durante la crisis de 2019 y consideró “fundamental” avanzar en las investigaciones y procesos por esos sucesos, aunque también advirtió sobre “serias deficiencias” estatales para garantizar la independencia judicial.
La delegación de la CIDH agradeció al Estado boliviano por permitir esta visita y señaló que el viernes dará las conclusiones preliminares de su agenda de cinco días en cuatro de las principales ciudades del país.
En esta jornada la comisión sostuvo reuniones a puerta cerrada con el vicepresidente boliviano, David Choquehuanca, y el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya.
El Gobierno boliviano señaló la semana pasada que la llegada de la CIDH manifiesta que hay “la apertura al escrutinio público” ante las acusaciones de que se tienen “presos políticos”.
La última vez que la CIDH realizó una visita de estas características a Bolivia fue en 2006 y un año después presentó un informe con recomendaciones sobre derechos humanos.
(Con información de Europa Press y EFE)
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