El pedido de juicio político contra el presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, pasará a la Corte Constitucional, su última etapa, después de que el Congreso remitió este lunes la solicitud al considerar que cumple con todos los requisitos.
La Corte Constitucional tiene la última palabra sobre dar o no luz verde al pedido de juicio contra Lasso por un presunto caso de corrupción que salpica a su cuñado y a un ex funcionario de una empresa pública.
Con cinco votos a favor y dos abstenciones el Consejo de Administración del Legislativo admitió el trámite y “remitirá la resolución” a la Corte “para que emita el dictamen previo de admisibilidad”, señaló la Asamblea Nacional en su cuenta de Twitter.
El máximo tribunal ecuatoriano tiene un plazo de seis días para pronunciarse. En caso de que la corte emita un dictamen en contra del juicio, el proceso quedará archivado.
La solicitud fue presentada el viernes pasado por 59 de los 137 asambleístas, quienes alegan que Lasso supuestamente ha protegido a una estructura criminal montada por su cuñado Danilo Carrera y Hernán Luque, exdelegado del presidente en el directorio de la Empresa Coordinadora de Empresa Públicas (EMCO).
“El presidente tiene responsabilidad política por los delitos de concusión y de peculado”, dijo la asambleísta Viviana Veloz, del opositor partido Unión por la Esperanza (UNES), al presentar el pedido.
El gobierno, de su lado, niega las acusaciones y sostiene que es un “intento más de desestabilización” desde el Congreso, donde la oposición es mayoría pero está dispersa.
Lasso aceptó que la Fiscalía del Estado investigue a su cuñado, el empresario y banquero Danilo Carrera, salpicado por una trama de supuesta corrupción en empresas públicas y con implicados con nexos con una presunta red de narcotráfico.
La reacción del mandatario se dio luego de la filtración de unos audios a través del medio digital La Posta, en los que se escuchan las voces de generales de la Policía sobre el archivo de una investigación reservada denominada “León de Troya”, enfocada en el seguimiento a una supuesta red de tráfico de drogas, en la que aparece una persona cercana al oficialismo.
Este es el segundo intento del Legislativo de destituir a Lasso. En junio, en medio de violentas protestas indígenas por el alto costo de la vida, asambleístas opositores presentaron una moción para cesar al mandatario por grave conmoción social, pero no reunieron los votos necesarios.
De darse el juicio político, se requiere el voto de dos terceras partes de los diputados (92) para destituir al presidente, en el poder desde 2021.
(Con información de AFP)
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