El Congreso ecuatoriano levantó la reserva de dos informes del caso Encuentro que fue investigado por una comisión legislativa. Esa investigación pretende demostrar los vínculos entre grupos albaneses y el círculo cercano del presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, para argumentar el juicio político que la oposición en la Asamblea Nacional impulsa en contra del primer mandatario.
A menos de doce horas de la decisión del pleno legislativo, Gissela Garzón, de la bancada correísta, aseguró que “hay responsabilidad política” del presidente Lasso, en los presuntos actos de corrupción en empresas públicas y aseguró que la documentación demuestra que hay una causal de omisión para llevarlo a juicio político. La oposición de Lasso ha manifestado que podría usar una figura de “cohecho por omisión”, que consiste en responsabilizar a alguien por el cohecho cometido por otra persona, pero esta figura no existe en la Constitución ecuatoriana ni en el Código Penal vigente.
Mientras que el legislador Ricardo Vanegas, de Pachakutik, ha señalado que “no hay una sola pista que vincule al presidente, Guillermo Lasso, ni al señor Danilo Carrera (cuñado de Lasso)” en actos irregulares, por lo tanto “¿qué valor puede tener esto en un juicio (político)?”.
La Asamblea Nacional levantó la reserva de un informe de la Superintendencia de Compañías sobre supuestos vínculos de grupos delincuenciales albaneses con políticos y de las bitácoras de la Presidencia, que son el registro de quiénes entraban y salían de Carondelet, la casa presidencial de Ecuador. Estas bitácoras fueron entregadas a la Asamblea dentro de la investigación León de Troya, que realizó por su cuenta el Frente Parlamentario Anticorrupción, independientemente de la comisión que investiga el caso Encuentro. Juan Fernando Flores, jefe de la bancada oficialista, explicó que todos los documentos serán escaneados y distribuidos a los 137 asambleístas y también serán públicos para los medios de comunicación.
El asambleísta Vanegas leyó esta mañana ante la prensa los nombres de los políticos ecuatorianos que, según el informe de la Superintendencia de Compañías, tendrían nexos con albaneses. Entre ellos constan dos asambleístas de este periodo: Dalton Bacigalupo, de la Izquierda Democrática, y Fernando Cedeño, de la bancada correísta; 11 alcaldes, tres ministros actuales; 24 concejales; tres asambleístas de periodos anteriores; y una ex ministra de Lasso.
En declaraciones de este 15 de marzo, Bacigalupo sostuvo que su “única relación societaria es con empresas de orden familiar, por las actividades que tiene su familias por más de 50 años en Ecuador”. Además, aclaró que quienes constan en el informe de la Superintendencia no están acusados de ningún delito.
El bloque de la oposición ecuatoriana en la Asamblea Nacional confirmó el último viernes que buscará iniciar el proceso de juicio político sobre el presidente Guillermo Lasso. El mandatario está siendo investigado en una presunta trama de corrupción que involucra empresas públicas y en las que aparece mencionado su cuñado.
El anuncio de las últimas horas, en el que se remarcó que “la petición de juicio político está firme y será presentada a mediados de marzo”, constituye un importante avance en el caso ya que las fuerzas opositoras son mayoría en el Parlamento.
Entre los legisladores que suscribieron el comunicado se encuentran el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, y una variedad de representantes de distintos grupos, como Unión por la Esperanza (Unes) -afín al ex presidente Rafael Correa- y el Partido Social Cristiano (PSC).
También firmaron el escrito representantes de un sector del movimiento indigenista Pachakutik, cercano al actual líder de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, y otro sector disidente de la Izquierda Democrática (ID).
Todos ellos han manifestado su apoyo a la decisión del juicio político en contra del mandatario, que podría derivar en su salida del poder.
Sin embargo el juicio político debe ser calificado ante la Corte Constitucional, pues debe estar inscrito dentro de las causales dispuestas en la Constitución del Ecuador.
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