Los primeros 30 días de gobierno de Lula: resistencia de la democracia, incertidumbre en la economía y ambigüedad en política exterior

Apenas ha transcurrido un mes en el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y, sin embargo, parece una eternidad por la cantidad de acontecimientos complejos que se han producido y el torrente de declaraciones que los han acompañado.

Lo cierto es que el verdadero incipit de este nuevo mandato, la invasión el 8 de enero de los palacios del poder en Brasilia, mostró al mundo la solidez de la democracia brasileña y de las instituciones que la representan. La amenaza extremista fue detenida a tiempo y no contagió al resto del país. Jair Messias Bolsonaro permaneció en Florida, probablemente se quedará en EEUU hasta finales de febrero, o tal vez nunca regrese a Brasil como dijo su hijo Flávio. Políticamente no resucitó y quizás su carrera política haya terminado para siempre.

Mientras tanto el país, terminadas las fiestas de Navidad, se distrae con los preparativos del inminente Carnaval, cuyo final marca en Brasil el verdadero comienzo del año. Sólo queda la prensa y los analistas para hacer un balance de los primeros 30 días del presidente Lula, ahora en su tercer mandato. Es probable que los ciudadanos de a pie sólo se den un baño de realidad una vez terminadas las celebraciones del Carnaval yendo al supermercado o a abastecer el tanque de gasolina. Y comprenderán que los pronunciamientos políticos siempre repercuten en la moneda nacional y, por lo tanto, en la inflación.

Al final de este primer mes de gobierno, de hecho, más que un balance, quedan preguntas y dudas, una incertidumbre que el mercado expresa cada día con inestabilidad. Aún no está claro qué dirección, sobre todo económica, pretende seguir Brasil, ya que ha habido muchas declaraciones contradictorias que más de una vez han sacudido el mercado bursátil. Incluso una parte del Partido de los Trabajadores, el PT de Lula, según rumores de la prensa brasileña, está pidiendo al presidente que evite declaraciones desestabilizadoras, especialmente en la economía.

Sin embargo, los hechos se quedan ahí. Y los hechos cuentan cómo hasta ahora las principales promesas de la campaña electoral, cuando no se han cumplido, siguen sin ser tenidas en cuenta. En resumen, el eslogan electoral “los pobres en el presupuesto, los ricos en la declaración de la renta” ha resultado ser hasta ahora sólo retórica, porque los pobres y la clase media se han llevado a casa en este mes poco o nada, a pesar de las promesas, empezando por el aumento del salario mínimo, que se mantendrá en 1302 reales, es decir 255 dólares, frente a los 1320 reales prometidos, unos tres dólares más. A los sindicatos que protestaran se les ofreció un grupo de discusión para negociar una solución para el futuro. Tampoco se ha anunciado hasta ahora el aumento del presupuesto, parado desde el 2017, para las meriendas en las escuelas públicas, que en Brasil representan a menudo la única comida del día para muchos niños pobres, y fue uno de los caballos de batalla de Lula en la última campaña electoral. Lo mismo cabe decir de la reanudación de las obras relacionadas con la educación. Según el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), Brasil tiene 3993 obras paralizadas e inacabadas, como escuelas y guarderías.

Lula también canceló un viaje previsto a Bahía para relanzar el programa de vivienda “Mi casa, mi vida” que él mismo creó en 2009. La mayoría de las viviendas del programa estaban en situación precaria y necesitarían reformas para ser entregadas. En la campaña electoral, el presidente también había prometido una corrección de la declaración de renta para eximir a los que ganan menos de 5.000 reales al mes, unos 920 dólares, y hacer pagar a los más ricos. Pero de momento, aparte algunas promesas del ministro de Trabajo, Luiz Marinho, todo sigue como antes. Ni siquiera se ha anunciado el refuerzo del programa Farmacia Popular y la reducción de las colas del Sistema Único de Salud (SUS), sobre los que Lula había arremetido contra Bolsonaro. También están en alta mar las reformas fiscal y del trabajo. En realidad, esta última ya se hizo en el gobierno del ex presidente Michel Temer, pero el PT quiere una nueva legislación “que extienda la protección social a todas las formas de empleo, ocupación y relaciones laborales”. Un enfoque que probablemente creará tensiones en los próximos meses con las empresas de aplicaciones como Uber y sus trabajadores. Muchos durante la pandemia se han salvado precisamente gracias a esta forma autónoma de trabajo, que ha demostrado ser una oportunidad de “ascenso económico” incluso para quienes carecen de currículum vitae, según han contado a Infobae muchos chóferes y entregadores de comida que trabajan con aplicaciones.

En cuanto a la reforma fiscal, se ha convertido ahora en una especie de comodín que saca especialmente el Ministro de Economía, Fernando Haddad, cuando las cosas van mal y hay que calmar a los mercados. Pero como demostró su última entrevista del pasado viernes al diario Valor Econômico, el comodín no siempre salva al ministro, que cae a veces en contradicciones. Por un lado, Haddad ha declarado a Valor que quiere preparar una alternativa al techo de gasto para que puedan bajar la tasa de interés del Banco Central, mientras que por otro ha apuntado a la posibilidad de una mayor inflación, como ha mencionado, no sin polémicas, también Lula.

En su primera entrevista televisiva, el 18 de enero, en la TV Globo, el presidente hizo saltar de la silla a más de un economista, cuestionando en pocos minutos la independencia del Banco Central (una conquista para Brasil desde 2019), el valor actual de la tasa de interés y la meta de inflación por debajo del 4,5%. Palabras que de llevarse a la práctica podrían desembocar en una guerra con el Banco Central en los próximos meses y en una crisis económica similar a la que vivió Brasil en el segundo mandato de Dilma Rousseff, que acabó con su impeachment en 2016.

Pero 30 días de gobierno es sin duda demasiado poco tiempo para hacerlo todo y además ser juzgado por ello. Sin embargo, ante las muchas incertidumbres en el frente interno, Lula ha revelado sin muchas dudas en qué tipo de política exterior pretende situar a Brasil. Una sentencia de la Justicia Federal reactivó en las últimas horas el programa de médicos cubanos “Más Médicos” y los contratos de unos 1.700 médicos cubanos, rescindidos por el gobierno de Temer en 2018. El programa de médicos del gobierno de la Havana también ha sido acusado por Human Rights Watch de violaciones de los derechos humanos. En lugar de aumentar los salarios de los médicos brasileños para atraerlos a zonas difíciles como la de los Yanomamis, la estrategia del Brazil ahora es de utilizar los médicos cubanos, que reciben el 10% del salario mientras que el 90% va directo a la dictadura de La Habana.

El viernes Lula también prohibió el envío de municiones brasileñas a Ucrania, solicitado por Alemania, “para no provocar a los rusos”. El 13 de enero, autorizó la llegada a Río de Janeiro de dos buques de la marina iraní, uno de los cuales, el Dena, transporta los misiles más potentes de Irán, con un alcance de 300 km.

En Argentina, al margen de la 7ª reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), anunció que el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) financiaría arriesgados proyectos fuera de Brasil. Además, en lugar de distanciarse de dictaduras crueles como Cuba, Nicaragua y Venezuela, pidió “cariño” para la isla de Fidel Castro y el fin de lo que llamó embargo y no sanciones.

Sobre la Venezuela de Maduro, acusada de violar constantemente los derechos humanos, se limitó a decir “pido para Brasil lo mismo que para Venezuela, respeto a mi soberanía”. Más que una “realpolitik”, en definitiva, Lula persigue una agenda que el periodista brasileño Demétrio Magnoli calificó de “fósil”, en la que el presidente “realizó sus habituales acrobacias para legitimar tiranías”. El secreto de cinco años que el nuevo gobierno colocó en la lista de 3.500 invitados a la toma de posesión de Lula también sigue siendo un misterio. Y aunque es un derecho consagrado en la ley 12.527, uno se pregunta quién estaba allí para necesitarse tal secreto.

Por último, no fueron pocas las críticas suscitadas por sus declaraciones en Buenos Aires, repetidas después en su viaje a Uruguay sobre la destitución de Dilma Rousseff, que Lula calificó de “golpe de Estado”, incluso haciéndolo constar en la web oficial del palacio presidencial de Planalto.

Sin embargo, como también declaró el sucesor de Dilma, Temer, todo el proceso se llevó a cabo respetando plenamente las instituciones democráticas de Brasil. Lula “a pesar de haber ganado las elecciones para hacerse cargo del futuro de Brasil parece insistir en mantener los pies en el escenario y los ojos en el espejo retrovisor, tratando de reescribir la historia con narrativas ideológicas”, escribió Temer en Twitter. “Le aconsejo que gobierne mirando al futuro, defendiendo la verdad, practicando la concordia y predicando la paz”, añadió.

Cabe recordar que tres ministros del actual gobierno votaron a favor del impeachment y siete se pronunciaron a favor. Entonces, ¿a quién beneficia esta agenda gubernamental? Sin duda no sirve a los pobres, ni a la economía, ni a los votantes que exigen progresismo. Tampoco beneficia a Lula. Que corre el riesgo de quemarse políticamente. De hecho ya dos pedidos de impeachment fueron presentados contra él por los diputados federales Ubiratan Sanderson, del Partido Liberal, el PL de Bolsonaro (que dicho sea de paso en 4 años al Planalto recibió 152 pedidos de impeachment), y Evair de Melo del partido Progresistas (PP), mientras que el diputado Kim Kataguiri, del partido Unión Brasil, activó la la Advocacía Geral de Uniao (AGU). Todos por la desinformación de Lula sobre el impeachment de Dilma.

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