Los dirigentes de grupos cívicos y plataformas ciudadanas críticos al gobierno de Bolivia deciden el miércoles en un cabildo, una suerte de asamblea masiva de las bases a nivel local, si retoman las protestas que levantaron la semana pasada tras casi 15 días de movilizaciones y bloqueos de carreteras en protesta por la detención de un líder opositor.
Santa Cruz, la región considerada el motor económico del país y bastión opositor, se reveló contra el encarcelamiento por cargos de presunto terrorismo de Luis Fernando Camacho, gobernador de esa provincia y oponente a la gestión del presidente Luis Arce y a la de Evo Morales en el pasado.
La convocatoria al cabildo es a nivel nacional y se prevén reuniones en nueve ciudades. En unos casos, los movimientos cívicos buscan defender a Camacho, pero en otros se convocan contra el gobierno de Arce.
El cabildo de Santa Cruz es el que tiene visos de llegar a ser multitudinario. Cualquier ciudadano puede acudir a estas reuniones a plantear su postura para que la dirigencia cívica tome una decisión final sobre el curso de las movilizaciones o la estrategia de oposición a seguir.
“Queremos un cabildo de unidad, de lucha que puede llevarnos a medidas de largo plazo”, dijo el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Rómulo Calvo. “Santa Cruz es el cimiento de la democracia... Porque no aceptamos el autoritarismo, no aceptamos que se quiera imponer una dictadura en Bolivia”, agregó.
Camacho, que está en prisión preventiva por cuatro meses, enfrenta cargos por su participación y liderazgo en el estallido social de 2019 que forzó al entonces presidente Morales a dimitir tras unas elecciones calificadas de fraudulentas por la Organización de los Estados Americanos (OEA) en las que buscaba su cuarto mandato.
Los motivos de la convocatoria
Dirigentes de movimientos cívicos y plataformas ciudadanas críticos al gobierno llamaron a un cabildo nacional, en el que se decidirá si retoman las jornadas de protestas y paralizacones. Los opositores al gobierno aspiran a recabar más apoyo en las provincias de occidente del país, en las que Camacho no ha cosechado la misma simpatía que en su natal Santa Cruz.
Según la ley de Régimen Electoral de Bolivia, la asamblea y el cabildo tienen un carácter deliberativo; sus decisiones no son de carácter vinculante, pero deben ser consideradas por las autoridades del movimiento que convoca a las bases.
El gobernador de Santa Cruz, líder de la fuerza política de derecha Creemos, la segunda en el Congreso, salió precisamente de las filas de un movimiento cívico. Hoy ejerce sus funciones de gobernador desde su celda.
Las fuertes protestas en contra del proceso penal contra Camacho dejaron un saldo de más de 100 detenidos, 27 de ellos con cargos por destrozos, según el ministerio de Gobierno. Los bloqueos de carretera dejado aislado a ese departamento por más de 15 días y eso también repercutió en el aprovisionamiento de alimentos y en los precios en La Paz, sede de gobierno.
La diputada Tatiana Añez, vocera de la fuerza opositora de derecha Creemos, ha denunciado que lo que busca el partido de gobierno es realizar un “golpe a la gobernación, usando a la justicia, para que el gobernador Camacho no pueda ejercer”.
Según su criterio, “con la utilización de las mismas herramientas van a ir por alcaldes y gobernadores que piensan diferente y son contrarios al MAS”, añadió.
Desde el parlamento, las dos fuerzas opositoras Comunidad Ciudadana (CC), que tiene como líder al ex presidente Carlos Mesa (2003-2005), y Creemos, liderada por Camacho, han realizado denuncias de persecución política a nivel nacional como internacional. Reclaman que hay cerca de 200 presos políticos en Bolivia.
El gobernador de Santa Cruz es investigado por presuntos cargos de terrorismo por su participación y liderazgo en el estallido social de 2019 que sobrevino a las fallidas elecciones de ese año. El entonces presidente Evo Morales buscaba un cuarto mandato consecutivo y terminó renunciando al cargo. La OEA señaló de fraudulentos los comicios.
“La definición de terrorismo en la ley boliviana es tan amplia y vaga que permite su uso arbitrario y político”, expresó César Muñoz, director asociado de Human Rights Watch (HRW) para las Américas.
(Con información de AP)
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