El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha empezado a limpiar de militares el Gobierno, en un momento de desconfianza con algunos sectores de las Fuerzas Armadas tras la intentona golpista de bolsonaristas radicales del 8 de enero. En sus primeros veinte días de mandato, el dirigente izquierdista destituyó al jefe del Ejército y ha prescindido de los servicios de unos 140 militares que trabajaban en órganos vinculados con la seguridad y la administración de la Presidencia.
La salida de esos militares se venía produciendo desde la investidura de Lula, pero se ha acelerado a partir del asalto a las sedes de la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema por parte de miles de seguidores del exgobernante ultraderechista Jair Bolsonaro.
El martes pasado, el Gobierno de Lula dispensó a 40 militares que trabajaban en la administración del Palacio de la Alvorada, la residencia oficial de la Presidencia.
Entre el miércoles y el jueves, le tocó el turno a una veintena que ejercían diversos cargos en el Gabinete de Seguridad Institucional (GSI), responsable por la protección de la vida del presidente.
Este cambio de paradigma en relación al peso de las FF.AA. en el Gobierno, que con Bolsonaro, un capitán retirado del Ejército, adquirieron un espacio de poder no visto desde los tiempos de la dictadura (1964-1985), entra dentro de los planes de Lula para desmilitarizar la administración pública.
Según datos oficiales, el número de militares, activos o de la reserva, ocupando cargos civiles saltó desde 2.765 en 2018, un año antes de que Bolsonaro llegara al poder, hasta los 6.157 en 2020, de los cuales cerca de la mitad son cargos “comisionados” que el nuevo Gobierno puede sustituir en el corto plazo.
Despolitizar los cuarteles es el otro gran desafío, el cual ha adquirido un sentido de urgencia desde el violento ataque a las instituciones del 8 de enero que buscaba derrocar a Lula y devolver al poder a Bolsonaro.
Las Fuerzas Armadas, como institución, se mantuvieron fieles a la Constitución y a Lula, en su condición de comandante supremo, aunque el Gobierno sospecha de la participación de algunos pocos militares en los actos golpistas, a los que pretende castigar “sin importar la patente”.
El propio Lula ha sembrado dudas sobre la actuación de algunos sectores de las FF.AA. frente al asalto de Brasilia.
La semana pasada, en un desayuno con periodistas, aseguró que hubo “muchos militares y policías” que fueron “conniventes” con el intento de golpe y que está “convencido” de que alguien de dentro del palacio presidencial de Planalto “facilitó” la entrada de los radicales.
El miércoles, en una entrevista a GloboNews, dejó entrever nuevamente esa desconfianza al criticar las agencias de inteligencia “del Ejército, de la Policía y de la Marina” por no avisarle de que bolsonaristas radicales se estaban organizando para el asalto.
Y fue taxativo al advertir que “quien quiera hacer política, que se quite el uniforme, renuncie al cargo y monte un partido político”. “Pero mientras esté en las Fuerzas Armadas no puede hacer política” porque es una institución de Estado, expresó.
En medio de la desmilitarización en cargos de la Presidencia, el Gobierno de Lula también cesó esta semana a los 27 superintendentes regionales de la Policía Federal de Carreteras y a 18 de la Policía Federal.
Este tipo de cambios en los comandos policiales son normales al entrar una nueva administración, pero esta vez se están llevando a cabo de forma más rápida y profunda.
Mientras, las operaciones se suceden en todo el país para identificar a los organizadores y financiadores de la intentona golpista.
En la lista de investigados de la Corte Suprema figura Bolsonaro, quien actualmente se encuentra en Estados Unidos sin billete de vuelta, por incitar a sus simpatizantes a atacar las instituciones democráticas.
Con información de EFE
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