El régimen de Nicaragua canceló este miércoles, a través del Ministerio de Gobernación, otras 91 ONG, la mayoría religiosas, en el contexto de un proceso que inició tras el estallido social contra Daniel Ortega en 2018.
Las ONG fueron canceladas porque supuestamente “han incumplido sus obligaciones conforme el marco normativo”, y “no reportaron, por períodos de entre 2 y 29 años, juntas directivas, estados financieros, balanza de comprobación, detalle de donaciones, así como información de identidad y origen de todos sus miembros donantes”, explicó el Ministerio de Gobernación en La Gaceta, diario oficial.
De las 91 ONG ilegalizadas, 27 son religiosas y 8 internacionales. Entre ellas están la Asociación de Mujeres Cristianas Dios es Amor, la Fundación Cristiana Niños para Cristo y la estadounidense Solid Rock Foundation.
El Poder Ejecutivo, con el apoyo del Legislativo, ahora suma 2.926 ONG ilegalizadas desde el estallido contra Ortega hace cuatro años y medio, quien sostiene que fue víctima de un intento de golpe de Estado, del que no ha ofrecido pruebas.
La mayoría de cancelaciones (2.802), se han ejecutado desde marzo pasado, según un informe presentado recientemente por 18 organizaciones, en una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
De acuerdo con la denuncia, y por declaraciones de las autoridades nicaragüenses, la ilegalización de las ONG está relacionada con las protestas antigubernamentales de 2018, en las que murieron al menos 355 personas, según la CIDH, aunque organismos locales elevan la cifra a 684 y el régimen reconoce 200.
Los sandinistas también han argumentado que la ilegalización de esas ONG forma parte de un proceso de ordenamiento, debido a que no todas de las más de 6.000 registradas estaban operando.
Estas acciones son posibles ya que la Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro delega en manos del Ejecutivo -a cargo de Daniel Ortega- las medidas sobre las organizaciones tanto extranjeras como nacionales. Todo ello se realiza a través del Ministerio de Gobernación y sin necesidad de un trámite parlamentario.
De todas formas, independientemente de quién sea el encargado de firmar estas órdenes, su carácter y los argumentos que las respaldan siguen siendo los mismos, ya que el oficialismo acusa a estas ONG por irregularidades de tipo administrativo.
El bloqueo a estas organizaciones recibió el repudio de la oposición local asi como de la comunidad internacional, incluida la ONU, quienes cuestionaron esta campaña y advirtieron que se enmarca dentro de una ola de represión.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.
(Con información de EFE y EP)
Seguir leyendo:
Últimas Noticias
Prisión preventiva para la aliada de Evo Morales que logró la encarcelación de sus opositores en Bolivia
La exdiputada Lidia Patty fue quien inició los procesos contra Jeanine Añez y otros líderes de la oposición. Ahora está señalada por un caso de corrupción en el programa Fondo Indígena
Por qué el conteo de votos en Honduras quedó paralizado y cómo se llegó al escenario más tenso desde 2017
La falta de avances en el proceso de escrutinio mantiene a la nación en un clima de incertidumbre política, mientras las autoridades enfrentan presiones internas y externas para reanudar el cómputo y garantizar la transparencia del resultado
A un año de la desaparición y asesinato de los cuatro de Guayaquil: la reconstrucción judicial
Diecisiete militares enfrentan juicio mientras las familias exigen una verdad completa. Cronología de un caso que conmueve a Ecuador
El 65% de los bolivianos aprueba la gestión de Rodrigo Paz en Bolivia, según un estudio de opinión
Este lunes el presidente boliviano cumple un mes en el poder. Según una encuesta, crece el apoyo a su gestión en los lugares donde perdió en las elecciones y disminuye en los lugares donde ganó
Polémica en Brasil por la modificación de la Ley de Impeachment del Tribunal Supremo: “Ataque a la estructura del Estado de derecho”
La decisión monocrática del juez Gilmar Mendes elevó el quórum necesario para destituir magistrados y limitó quién puede acusarlos, desatando acusaciones de violación a la separación de poderes a menos de un mes del inicio del año electoral
