Pese a la represión de la dictadura cubana, las protestas siguen en aumento en la isla: se registraron 263 en julio

Las protestas contra la dictadura cubana continúan en aumento en la isla, pese a la represión de las fuerzas del régimen castrista. En julio se registraron 263 manifestaciones, dos de ella multitudinarias, donde la gente salió a las calles para exigir mejores condiciones de vida, en un país que atraviesa una grave crisis alimentario, de salud, energética e inflacionaria. En solo el primer semestre del año se contabilizaron más de 1.700 protestas.

“La movilización de las fuerzas de seguridad en toda Cuba para evitar demostraciones públicas contra el gobierno en el primer aniversario de aquella histórica revuelta no consiguió impedir que en julio se produjeran 263, incluyendo estos abiertos desafíos callejeros. De ellas, las motivadas por problemas económicos y sociales superaron el 71 % (188) mientras que las de origen civil o político alcanzaron el 28 % (75). El desequilibrio entre ambas refleja la crisis general que en Cuba ha convertido la llamada vida cotidiana en muerte cotidiana”, señala un nuevo informe del Observatorio Cubano de Conflictos (OCC).

Según el OCC, la protestas contra la dictadura cubana tienen un fuerte componente político. En solo un mes (de junio a julio) hubo un incremento significativo de manifestaciones, de 28 pasaron a 85.

“Dos de las formas de violencia que ejerce la dictadura cubana contra la ciudadanía, la física (policial) y la cultural, a través del monopolio de los medios de comunicación y educación, se han vuelto ineficaces para controlar la conducta ciudadana. La razón es la insoportable violencia estructural de la vida cotidiana. Dicha violencia estructural –que se expresa en la crisis alimentaria, de salud, eléctrica y otras– genera víctimas al igual que la policial pero, a diferencia de aquella, impacta cada día a las grandes mayorías”, dice el informe.

La dictadura cubana ha aumentado sus tácticas represivas para intentar detener el creciente número de protestas. Sin embargo, la duras condiciones de vida y la creciente insatisfacción de las necesidades humanas básicas hace que la población salga a las calles.

Cuba en estos momento atraviesa una grave crisis energética donde se presentan constantes apagones. Por este motivo, en julio se registraron 47 protestas.

“El crecimiento de las protestas por motivos económicos y sociales está relacionado con los cortes de electricidad (“apagones”), el colapso del sistema de salud ante la epidemia creciente de dengue, la escasez de alimentos y medicamentos, así como la inflación. Es de destacar que 47 de estas fueron provocadas por apagones, lo que muestra una tendencia creciente por esta motivación en comparación con las 39 en junio y las 28 ocurridas en mayo”, señala informe.

La dictadura cubana recurre a la violencia física directa, a la violencia cultural y a la estructural para intentar controlar a la población, según OCC. Sin embargo, estas formas de violencia se han vuelto ineficaces. El descontento social es tan grande que la ciudadanía perdió el miedo a las fuerzas del régimen.

Entre las provincias donde más se presentaron protestas, La Habana ocupó el primer lugar con 79 concentraciones. Seguida de Villa Clara, con 20; Camagüey, con 19, y Holguín, con 19.

“Los indicadores generales de gobernabilidad han continuado apuntando a la baja mientras que las protestas, lejos de desaparecer, han adquirido la modalidad de múltiples rebeliones de magnitud diversa y por ahora geográficamente aisladas. El gatillo que las dispara es la continua caída de las condiciones de subsistencia de la población agravadas por los cortes de electricidad”, dice el informe.

Entre las múltiples dimensiones de la crisis en Cuba, el informe de la OCC destaca la energética, la crisis del sistema de salud y salubridad, la creciente inflación, la crisis del transporte público, la crisis de vivienda, entre otras.

Sobre la crisis energética, el informe señala que el sistema de energía de Cuba ha colapsado. La gran parte de las plantas del país son viejas y necesitan ser renovadas. La dictadura admitió que la situación energética de la isla no se solucionará en el corto plazo y reconoció que el problema está generando una fuerte irritación en la sociedad.

“Nos duele, nos disgusta que la población tenga que estar pasando por esta situación”, apuntó el dictador Miguel Díaz-Canel en su último discurso al Parlamento.

Y sobre la crisis del sistema de salud, el informe señala: “El principio de equidad en el acceso ha sido sepultado por la creciente desigualdad que marcan los privilegios de clase y el acceso a dólares. Sin divisas convertibles, instrumentos y utensilios, medicinas y otros detalles es muy difícil ser intervenido quirúrgicamente o acceder a los medicamentos necesarios para controlar un padecimiento crónico que puede volverse letal”.

En junio, la ONG Prisoners Defenders denunció que desde el 1 de junio de 2021 hasta el 31 de mayo de 2022 han sufrido prisión política un total de 1.236 personas.

“En este momento concreto, con cierre de datos a fecha 31 de mayo de 2022, la lista de presos políticos de Cuba contiene 1.046 prisioneros políticos sufriendo condenas judiciales, así como también disposiciones de limitación de libertad por parte de las fiscalías sin supervisión judicial alguna, en flagrante violación de la ley internacional y el debido proceso”, denunció la ONG.

En su último informe, la organización indicó que realizó un estudio de algunas de las violaciones generalizadas más flangrantes de la Ley internacional, comunes a los 1.236 procesos de acusación.

Estas son: “Detención superior a 24 horas y prisión provisional; siempre impuestas por la parte acusadora (policía y fiscalía) sin supervisión judicial alguna; sólo han tenido ‘abogados’ dependientes del Gobierno; no han tenido acceso a la causa y el expediente completo de su acusación; los juicios se han realizado a puerta cerrada; las pruebas periciales son todas de parte, puesto que los peritos dependen y trabajan para el Ministerio del Interior; y los testigos eran todos policías, miembros de las organizaciones del partido de poder o funcionarios del Estado”.

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