La oriental Santa Cruz, la mayor región de Bolivia, acata este lunes una huelga ciudadana en rechazo a la postergación por dos años del censo de población y vivienda que debía realizarse en noviembre, mientras que el Gobierno nacional minimizó la medida de presión y hubo 14 personas arrestadas.
El Comité Pro Santa Cruz, una entidad cívica de esa región, inició la jornada de paro a los pies del Cristo Redentor, una imagen emblemática cruceña, exigiendo un “censo justo” y que se defina una nueva fecha para que el censo se realice en 2023 y no en 2024.
La ciudad amaneció con varios puntos de bloqueo en calles y avenidas, en algunos casos con pancartas pidiendo el censo y en otros se cerró el paso con banderas, neumáticos y piedras, entre otros.
En tanto las personas se movilizaban en motos o bicicletas para pasar los puntos de bloqueo en esta región que es el motor económico del país.
“Somos ciudadanos que creemos en la libertad, en la democracia, pero sobre todo en el respeto a la ley (...) basta del irrespeto, basta de engañar a este pueblo trabajador”, comentó a Efe Martha Gutiérrez, una ciudadana que acató el paro.
El sindicato de transportistas de Santa Cruz decidió replegar sus unidades y algunos trabajaron dentro de un mismo barrio, mientras que algunos mercados operaron de forma parcial.
También se registraron amagues de enfrentamientos en el barrio Plan 3.000, uno de los bastiones del oficialismo en Santa Cruz, entre las personas que acataron la huelga y los que querían desbloquear, muchos de ellos afines al gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), según medios locales.
El presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, realizó una caravana para visitar los puntos de bloqueo y sostuvo que el pueblo cruceño “está dando el ejemplo” al acatar esta medida de presión.
Asimismo, el gobernador de Santa Cruz, el opositor Luis Fernando Camacho, agradeció en una conferencia de prensa al pueblo cruceño por acatar la huelga de forma “pacífica” y “valiente”. Además consideró que fue una “media jornada espectacular”, ya que el paro, a su juicio, está siendo acatado “con firmeza”.
El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, informó a los medios que hay 14 personas arrestadas por “consumir bebidas alcohólicas en vía pública y generar riñas y peleas”.
Además sostuvo que más de el 90% de los municipios cruceños trabaja con normalidad y no acató la huelga.
Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, visitó algunos barrios como el Plan 3.000 e indicó que el paro “es un fracaso” y que el tránsito es “totalmente normal” en esa ciudad.
El ministro de Salud, Jeyson Auza, advirtió con descuentos salariales si el sector salud acata la medida y si esto “continúa reiteradamente” se analizará la destitución de estos funcionarios.
El Gobierno boliviano dispuso el año pasado que el censo debía realizarse el próximo 16 de noviembre, con una financiación de unos 68 millones de dólares y anticipó que los resultados oficiales se iban a conocer en 2023.
Sin embargo, el proceso tropezó con dificultades como la renuncia del director del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Humberto Arandia, alegando motivos de salud y la designación de un interino en su lugar mientras se recupera.
En una reunión realizada este mes, el Consejo Nacional de Autonomías, conformado por representantes de los distintos niveles de gobierno, resolvió por “consenso”, aunque sin la participación de Camacho, que el censo se realice en mayo o junio de 2024 para que la encuesta “sea una verdadera herramienta de planificación”.
El aplazamiento se oficializó después mediante un decreto, aunque hay sectores y autoridades locales, como el alcalde de La Paz, Iván Arias, que ven viable que la consulta se efectúe en 2023.
Santa Cruz es la región que más ha insistido con la realización de la encuesta debido a que de ella dependen aspectos como una nueva distribución de recursos según la población y la asignación de cuotas de representación política en el Parlamento.
El miércoles el presidente Luis Arce se reunirá con los alcaldes de las ciudades capitales y El Alto para dialogar entre otros sobre el censo.
(Con información de EFE)
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