La Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua, de mayoría oficialista, canceló este jueves las personalidades jurídicas de otras 100 ONG, con lo que suman 1.058 las organizaciones de este tipo disueltas tras la revuelta popular de abril de 2018, calificada como intento de golpe de Estado por el régimen de Daniel Ortega.
La ilegalización de esas 100 Organizaciones No Gubernamentales (ONG), a petición del Ejecutivo a través del Ministerio de Gobernación, fue aprobada con carácter urgente por los 75 diputados sandinistas y sus aliados.
Otros 16 legisladores, de los 91 que integran el Congreso, se abstuvieron de votar.
Por segundo día consecutivo, los legisladores sandinistas y sus aliados cancelaron la personalidad jurídica de 100 ONG. Por lo que en lo que va de año, el Parlamento ha liquidado 859 ONG y un total de 1.058 desde diciembre de 2018.
En la nueva lista de ONG afectadas hay asociaciones de defensa de los derechos humanos, medioambiente, periodistas, salud, desarrollo comunitario, asistencia social, ciencia y tecnología, entre otras.
“SON ORGANIZACIONES DE PAPEL”
El diputado sandinista Carlos Emilio López dijo que las ONG afectadas “violentan las leyes de Nicaragua, irrespetan el orden jurídico y han pretendido pisotear las normas jurídicas que rigen las leyes de este país”.
“Son organizaciones de papel. No existen en la vida de las familias y las comunidades nicaragüenses”, sostuvo.
El también diputado sandinista Filiberto Rodríguez, promotor de las iniciativas, ha dicho en el plenario que las ONG afectadas utilizaron recursos de las donaciones que recibían para intentar derrocar a Ortega en las manifestaciones que estallaron en abril de 2018, aunque no ha presentado pruebas.
En abril de 2018, miles de nicaragüenses salieron a las calles a protestar por unas controvertidas reformas a la seguridad social, que luego se convirtieron en una exigencia de renuncia de Ortega debido a que respondió con la fuerza.
Las protestas dejaron al menos 355 muertos según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 684 y el régimen reconoce 200.
Por su lado, el titular del Parlamento, el oficialista Gustavo Porras, ha dicho que la ilegalización de las ONG forma parte de un proceso de ordenamiento “de algo que estaba al garete”, debido a que habían organizaciones sin funcionar y otras que incumplían con las leyes, no rendían cuentas o no cumplían con sus propios estatutos.
También ha anunciado que continuarán “con este trabajo de limpieza” bajo el argumento de que no pueden existir más de 6.000 ONG en Nicaragua “que no estén haciendo nada”.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del pasado 7 de noviembre, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión.
Ortega, de 76 años, lleva 15 años y 5 meses consecutivos en el poder, en medio de denuncias de autoritarismo y fraude electoral.
(Con información de EFE)
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