Chile extendió la militarización del sur del país por los enfrentamientos con los grupos radicales mapuches

El presidente Gabriel Boric extendió el lunes la vigencia de un estado de emergencia para que los militares sigan resguardando las principales carreteras de dos regiones del sur de Chile, aunque rechazó las exigencias de la oposición conservadora y de una de las coaliciones oficialistas de ampliar el resguardo de las fuerzas armadas a áreas urbanas y a rutas secundarias.

En la llamada “macrozona sur”, formada por La Araucanía y el Biobío, indígenas mapuches demandan la restitución de territorios ancestrales. A esa exigencia se han sumado varios grupos violentistas que desarrollan ataques armados e incendiarios contra maquinarias de empresas forestales, grandes predios agrícolas, iglesias, escuelas y camiones, entre otros. Además, en los alrededores hay robos de madera a las forestales y narcotráfico, señalan autoridades regionales. En la zona fue asesinado un trabajador forestal y otros dos resultaron heridos hace una semana.

La ministra del Interior, Izkia Siches, anunció que el estado de emergencia se prorroga “en los mismos términos”. El estado de emergencia permite al presidente usar a las fuerzas armadas en situaciones de alteración del orden público, aunque no están preparadas para ello y usan armas de guerra a diferencias de las policías.

Boric decretó a regañadientes el estado de excepción por 15 días —que vencen el martes— en toda la región de La Araucanía y en dos provincias del Biobío, unos 600 kilómetros al sur de Santiago, donde la violencia que se arrastra por décadas se incrementó en los últimos meses. Con los militares vigilando las vías principales, un obrero fue asesinado en una ruta interior cuando viajaba junto a una veintena de trabajadores.

El mandatario se vio obligado a dictar el estado de emergencia luego de que su principal coalición -formada por el Partido Comunista y el izquierdista Frente Amplio- le negó los votos para aprobar un “estado intermedio”, en el que los militares fueran liderados por un civil y no tuvieran las facultades de restringir los derechos de reunión y de movilización.

Aunque Boric había reiterado que no impondría el estado de excepción, cambió de opinión tras el incremento de la violencia y por la presión de camioneros que obstruyeron por varios días la principal carretera chilena después de un ataque armado que hirió gravemente a un chofer a fines de abril y de la quema simultánea de 33 camiones.

La extensión del estado de excepción se conoce a menos de 48 horas de que Boric entregue su primer mensaje al país y a menos de tres meses de su llegada al poder. Entre sus principales preocupaciones están la violencia en el sur, el aumento de delitos en zonas urbanas y una creciente inflación que alcanza un 10,5% en doce meses.

(Con información de AP)

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