Una investigación periodística en Chile reveló que fueron borrados los correos electrónicos de ex ministros y altos funcionarios del gobierno de Sebastián Piñera indagados por eventuales violaciones a los derechos humanos durante el denominado “estallido social” ocurrido en octubre del 2019.
La información publicada por el Centro de Investigación Periodística (CIPER) detalló que la fiscalía solicitó en marzo de este año al actual subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, el resguardo de los correos electrónicos de los ex ministros Andrés Chadwick, Gonzalo Blumel, Víctor Pérez, Rodrigo Delgado, y de Mijail Bonito, éste último asesor de gobierno. La mayoría de estos ocuparon puestos de poder en el Ministerio del Interior y Seguridad Pública desde el 18 de octubre de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2020.
Sin embargo, el 29 de marzo el Ministerio del Interior informó a la fiscalía que conforme “a las políticas de correos electrónicos y a la capacidad de almacenamiento”, los correos de los ex ministros Chadwick, Pérez y Blumel, y del ex subsecretario Ubilla se deshabilitaron por 30 días y después se borraron automáticamente.
“De conformidad a las políticas de correos electrónicos y a la capacidad de almacenamiento de las plataformas de este ministerio, las casillas de quienes dejan de desempeñarse en este se deshabilitan por 30 días y luego se borran automáticamente”, informó un oficio firmado por el actual subsecretario Manuel Monsalve.
Según CIPER, “no existen copias ni respaldos de los correos de los ex ministros Chadwick, Pérez ni Blumel, ni tampoco del ex subsecretario Ubilla”, a quienes les tocó abordar el denominado “estallido social” ocurrido en octubre del 2019 en Chile, y el que dejó diversas denuncias por violaciones a los derechos humanos en contra de manifestantes, e indagaciones judiciales a la autoridad política de entonces por el manejo de esta crisis.
Por otro lado, el oficio enviado por el subsecretario Monsalve informó a la fiscalía que los correos del ex ministro del Interior Rodrigo Delgado, del ex subsecretario Juan Francisco Galli y de Mijail Bonito lograron ser respaldados y que serán entregados a los persecutores. “Los referidos archivos se entregarán en disco duro externo junto al presente oficio”, informó el documento.
Por todo esto es que dos abogadas de Londres 38, una organización chilena que resguarda los derechos humanos, están evaluando presentar acciones judiciales por la eliminación de los correos electrónicos. “Esto refleja una cultura que no tiene presente la rendición de cuentas de las principales autoridades del país de los hechos y gestión de sus propios gobiernos”, dijo Magdalena Garcés, defensora de esta entidad.
¿Por qué se borraron los correos?
Según CIPER, la determinación de mantener o de eliminar los correos electrónicos de una funcionario depende “de la respectiva autoridad política”. En el caso del Ministerio del Interior estos se deshabilitaron y luego se borraron, pero el Ministerio de Salud “sí genera una copia de los emails enviados y recibidos por sus autoridades, los que cada noche se respaldan en servidores de Entel”.
La investigación periodística preguntó al subsecretario Monsalve desde cuándo el Ministerio del Interior decidió borrar los correos de sus autoridades “pero no obtuvimos respuesta. Tampoco nos dijeron si existía algún oficio o dictamen que formalizara esa decisión, ni cuál era la política de respaldo de correos que está ejecutando el actual gobierno”.
El 4 de abril pasado CIPER solicitó copias de los correos electrónicos de los ex ministros Andrés Chadwick y Gonzalo Blumel y de los ex subsecretarios Rodrigo Ubilla y Juan Francisco Galli. Pero según la investigación periodística, “las actuales autoridades de la cartera se negaron a entregar esa información, pero además señalaron que no era posible acceder a ella, porque ya no existía”. Sin embargo, lo que omitió el ministerio es que sí existían correos de Galli tal como fue informado a la fiscalía.
“Cuando lo solicita el Ministerio Público es porque ello es necesario para la investigación de un delito y existe obligación de prestar toda la colaboración posible dentro del marco legal”, respondió Monsalve sobre por qué negó esta información a CIPER.
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