El Comité de Derechos Humanos de la ONU expresó su preocupación por los casos de hostigamiento e intimidación a defensores de derechos humanos y periodistas en Bolivia, que incluyeron detenciones arbitrarias cuando cubrieron manifestaciones entre 2019 y 2021.
En su informe periódico sobre la situación de los derechos humanos en Bolivia, que repasa eventos del último lustro, el comité de expertos también muestra su preocupación por el hecho de que la difamación, la calumnia y la injuria sigan tipificadas como delitos, “con la consiguiente amenaza para la libertad de expresión”.
El comité recibió denuncias sobre uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, a veces con consecuencias mortales, en el contexto de la crisis postelectoral boliviana de 2019, y pide que estos hechos se investiguen sin demora “de manera exhaustiva, independiente e imparcial”.
Muestra por otro lado inquietud por el nivel de hacinamiento en las prisiones bolivianas, que se encuentran al 148 % de su capacidad, y por el hecho de que casi dos tercios de las personas privadas de libertad se encuentren en prisión preventiva.
El comité señala que el Servicio para la Prevención de la Tortura ha recogido en el país sudamericano más de 3.000 casos de tortura y malos tratos entre 2013 y 2021, principalmente perpetrados por la policía en recintos penitenciarios.
Aunque se han abierto investigaciones internas a 70 efectivos policiales, el comité subraya que no ha sido informado con precisión del resultado de estas pesquisas.
Bolivia, por otro lado, presenta “bajas tasas de condena en relación con casos de violencia contra las mujeres”, con al menos 113 femicidios cometidos desde noviembre de 2020, indica el informe publicado hoy.
Al comité le preocupa que la definición de los delitos de violación y estupro no se adapten en la ley boliviana a los estándares internacionales, lo que “en la práctica implica impunidad” en casos de agresión sexual y abuso de menores.
Por otro lado, los expertos de la ONU celebran que en 2014 el Tribunal Constitucional de Bolivia declarara inconstitucional el requisito de autorización judicial para interrumpir un embarazo cuando éste fuera resultado de violaciones, incesto o estupro, pero denuncia que sigue habiendo obstáculos a la hora de abortar.
El comité ha recibido en este sentido alegaciones de unas 200 mujeres enjuiciadas por el delito de aborto tras haber sido denunciadas por personal de salud.
Por último, el comité saluda la creación en 2016 de una Comisión de la Verdad y la elaboración de su informe final relativo a las violaciones graves de derechos humanos perpetradas entre 1964 y 1982, pero afirma que 147 de las 1.714 víctimas reconocidas en relación con esos hechos aún no han recibido ninguna compensación.
El resto de víctimas “sólo han recibido el 20 % de los montos asignados”, concluye el informe del comité de Naciones Unidas.
(Con información de EFE)
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