Veintisiete países de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobaron este viernes una declaración en la que dicen estar “consternados” por la muerte en Nicaragua del histórico ex guerrillero sandinista Hugo Torres, que había sido detenido bajo acusaciones de “traición a la patria”.
La declaración fue respaldada por 27 de los 34 miembros activos del organismo, entre otros Estados Unidos, Argentina, Brasil, El Salvador, Chile y Colombia. En el texto, esos países consideraron que las circunstancias de la detención y muerte de Torres, de 73 años y conocido como “Comandante Uno”, constituyen una “dolorosa injusticia” y suponen una “afrenta” a los valores que defienden las naciones del continente americano. Y declararon que Torres fue “mantenido en condiciones inhumanas”.
La declaración también pide la liberación “inmediata” de todos los presos políticos y denuncia que el “sufrimiento humano” se ha intensificado en Nicaragua.
Torres falleció en detención el pasado día 12, ocho meses después de haber sido arrestado por el régimen del presidente Daniel Ortega, a quien rescató de la cárcel en 1974 durante la lucha contra la dictadura de Anastasio Somoza. El Ministerio Público nicaragüense señaló que Torres murió a causa de una “enfermedad” de la que no dio detalles.
Además, la declaración destaca que la organización “no puede permanecer en silencio ante la tragedia que se está produciendo en Nicaragua”, en referencia a la continua detención de presos políticos. Según la oposición, hay al menos 170 en el país desde protestas multitudinarias ocurridas en 2018.
Varios miembros de la comunidad internacional piden desde hace meses a Nicaragua que libere a todos los opositores al gobierno de Daniel Ortega, quien se declaró ganador de las elecciones del 7 de noviembre. En los comicios, Ortega logró un cuarto mandato consecutivo, el segundo junto a su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo.
Los países que apoyaron la declaración leída este viernes son Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, Surinam, Trinidad y Tobago y Uruguay. Mexico no apoyó la declaración al decir que la OEA no debe optar por medidas coercitivas sino más bien apostar por el diálogo con Nicaragua.
Berta Valle, esposa de Félix Maradiaga, uno de los siete aspirantes presidenciales que fueron encarcelados y a los que se les impidió participar en las elecciones de noviembre, habló en la reunión y dijo que hoy se cumplen 255 días desde que arrestaron a su marido. Maradiaga se encuentra en el cuarto día de un juicio “ilegal”, acusado con cargos “infundados y ridículos” como conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, dijo Valle.
“El régimen ha violado repetidamente su presunción de inocencia, denigrándoles como criminales,” dijo Valle en referencia a su marido y a otros que también están siendo juzgados.
Valle, al igual que la activista Bianca Jagger, denunciaron “condiciones infrahumanas” en las que los presos políticos son mantenidos en las cárceles. La salud de éstos empeora debido a la mala nutrición, al confinamiento solitario y a la falta de atención médica, dijeron. Jagger también dijo que se les tortura.
Stuardo Ralón, el relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, denunció que los actuales juicios a presos políticos ocurren de forma secreta.
“La CIDH ha documentado graves violaciones al debido proceso y garantías judiciales”, dijo Ralón. “Las personas acusadas han sido presentadas a juicio sin previo aviso y sin tener contacto con su defensor para después ser condenadas bajo penas desproporcionadas y acusaciones basadas en pruebas fabricadas.”
En diciembre el Consejo Permanente de la OEA aprobó una resolución que afirma que Nicaragua no cumple con los compromisos de la Carta Democrática Interamericana o la serie de medidas establecidas para garantizar el orden democrático en la región. La resolución, aprobada por 25 países, instaba al régimen de Ortega a poner en libertad a todos los presos políticos y a aceptar una misión de alto nivel autorizada por el Consejo Permanente de la OEA para ayudar a llevar a cabo reformas electorales.
(Con información de AP y EFE)
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