El régimen cubano busca una sentencia de 11 años para la Dama de Blanco y activista política Sayli Navarro por su supuesta participación en las protestas del 11 de julio de 2021 contra el régimen de Díaz-Canel en Cuba, denunciaron activistas y medios cubanos.
“Ella es Saylí Navarro. La mujer más valiente que he conocido en mi vida Tiene 35 años. El 12/Jul/2021 fue a la policía a preguntar por los manifestantes del 11J que estaban desaparecidos. El lunes la dictadura la condenará a 11 años de prisión por ello”, denunció en Twitter la activista Rosa María Payá.
La dictadura castrista busca imponer una sentencia similar a cientos de manifestantes del 11 de julio, día del levantamiento popular en Cuba, cuando miles de ciudadanos salieron espontáneamente a las calles a pedir por la libertad del país.
El juicio ha sido programado para el 24 y 25 de enero, en el Tribunal Municipal Popular de Jovellanos.
Sayli Navarro fue detenida el 12 de julio, un día después de las multitudinarias protestas, en la localidad de Perico, Matanzas, cuando acompañaban al familiar de uno de los presos políticos a la unidad policial de la localidad.
Junto a ella, el régimen también encarceló a su padre Félix Navarro, un conocido opositor del régimen castrista, líder del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel (PDPLB), y otros siete manifestantes.
Sayli Navarro fue liberada horas después, pero el líder opositor fue llevado hacia la prisión Combinado del Sur en esa provincia, donde enfermó de Covid-19 y llevó a cabo una huelga de hambre en protesta por su encarcelamiento.
Desde entonces, Saylí Navarro denunció el hermetismo que mantiene el régimen cubano acerca de su padre y exigió evidencias de que estaba vivo.
En septiembre, ella y su madre se presentaron en la prisión Combinado del Sur para interesarse por la vida del opositor, pero no pudieron verlo.“La familia sigue lanzando a la comunidad internacional un SOS porque cada día, cada segundo que pasa, él está más en peligro”, declaró entonces Navarro a Radio Martí.
A pocos días del juicio, el pasado martes, la activista Ania Zamora dijo que Félix Navarro acababa de ser sacado de la enfermería de la prisión de máxima seguridad de Agüica. También indicó que el líder opositor “estuvo todos estos días atrás en la enfermería”, aquejado de diarreas, un brote de sarna, un forúnculo grande “en el pecho”, producido por la misma infección de la sarna.
Félix Navarro fue prisionero político y de conciencia en el año 2003, en el “Grupo de los 75″, integrado por opositores, activistas y periodistas independientes, quienes fueron detenidos en una operación masiva sin precedentes hasta entonces, conocida en todo el mundo como la Primavera Negra de Cuba.
La Unión Europea y Estados Unidos, además de grupos de derechos humanos, han criticado duramente al régimen cubano por el arresto de Saylí Navarro y el silencio en torno a su caso.
En diciembre, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Brian Nichols, denunció que Saylí y Félix Navarro serán enjuiciados “por intentar el simple acto de expresarse”.
Años de valiente lucha
“Expulsada de mis estudios en el 2010. Odio las tiranías. Anticomunista. Para mi Cuba que sufre: Urge Cambio de Sistema”, afirma Saylí en su perfil d ela red social Twitter. Así, sin miedo, lleva años luchando por la democracia en la isla.
La activista estudiaba de derecho en la universidad local de Perico, provincia de Matanzas (a 100 km al este de La Habana) cuando la mañana del 12 de enero de 2010, el vicerrector de la Universidad de Matanzas y el director de la ciudad universitaria de Perico, se presentaron en su casa.
Casi como si fuera un interrogatorio, le preguntaron si había participado en un curso de periodismo organizado por la Sección de Intereses de Estados Unidos en La Habana. Cuando ella confirmó que así había sido, le notificaron que sería expulsada. Las autoridades de la dictadura castrista aseguraron que el objetivo de la universidad en Cuba era formar profesionales revolucionarios y que, al participar en ese curso, había “violado sus deberes”.
A Saylí la expulsaron de la Universidad por pensar, por tener voz propia.
Pero eso no la detuvo, continuó trabajando como periodista independiente. Según dijo en un informe de violaciones a los DDHH en Cuba de Amnistía Internacional siempre sintió que tenía la obligación de informar al mundo exterior de las historias de las personas encarceladas en Cuba.
Falta de garantías y penas elevadas
Varias ONG han denunciado falta de garantías, fabricación de pruebas y penas muy elevadas para los acusados en estos procesos por los sucesos del 11 de julio.
Las autoridades de la dictadura cubana aseguran que se cumplen estrictamente los instrumentos internacionales, niegan que se trata de procesos políticos y subrayan que juzgan sólo delitos violentos y actos de vandalismo.
Según Prisoners Defenders, una ONG española que defiende los derechos humanos en Cuba, al menos 842 personas se encontraban a finales de 2021 en prisión en la isla por motivos políticos, en la mayoría de los casos por los hechos del 11 de julio. Entre ellos la ONG asegura que hay 26 niños de entre 14 y 17 años.
Por su parte, la ONG cubana Cubalex ha identificado en su último recuento un total de 1.377 detenidos a raíz del 11 de julio y otros 94 por la frustrada protesta del 15 de noviembre. De ellos, 727 (de los que 15 son menores) siguen arrestados. Otros 361 han sido juzgados en procesos sumarios u ordinarios.
La ONG Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció recientemente ante el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU y el Fondo de las Naciones Unidas Para la Infancia (Unicef) la situación de 39 menores de 21 años “encarcelados en Cuba por protestar pacíficamente”.
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