
El Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA) en Uruguay firmó un acuerdo con todos los gobiernos departamentales y con el Ministerio de Agricultura que habilitará la castración y colocación de chips de identificación a más de 90.000 perros por año en todo el país.
Es una campaña masiva de castraciones, que también es gratuita, sin precedentes en el país, según dijo el director ejecutivo del INBA, Gastón Cossia, al Informativo Carve.
“Nos llevó mucho trabajo, fueron varios meses de recorrer el país, incluso en plena pandemia. La base de los acuerdos es uno a uno con cada intendencia”, comentó Cossia. La intención es que las propias intendencias funcionen como centros logísticos que puedan desarrollar en cada departamento las intervenciones. “Creemos que va a haber un antes y un después en la estrategia de control de las poblaciones caninas”, agregó.
Cossia hizo referencia a la Ley de Urgente Consideración (LUC), el proyecto de ley presentado por Luis Lacalle Pou apenas comenzado su mandato en marzo de 2020 y el cual ha generado polémicas hasta la junta de votos para un referéndum. “Uno de los aspectos fundamentales de la creación del Instituto es el Programa Nacional de Control Reproductivo y hay muchos actores interesados en trabajar en esto por el impacto negativo que ha tenido el crecimiento de la población canina”, declaró.
El acuerdo costará una inversión de 60 millones de pesos (USD 1.400.000) por parte del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca, y 34 millones de pesos (USD 800.000) por parte de las intendencias. Con ello, se fortalecerán los mecanismos ya existentes para el control de la población canina en todo el territorio.
“Cada esterilización va acompañada de la colocación del dispositivo microchip y la inserción en el Registro Nacional de Animales de Compañía”, según Cossia. Las tareas estarán a cargo de cada intendencia que capacitarán personal administrativo en el sistema. “Por año vamos a estar ingresando 90.000 animales al Registro, sumado a otros convenios”, agrega.

A través de estos mecanismos, se cumplirá el objetivo definido en 2018 de que exista una referencia entre el tenedor del animal y el animal para generar responsabilidad social. “Lo que hoy está ocurriendo es abandono, maltrato, accidentes por mordeduras, accidentes en campaña, especialmente en los sistemas de producción ovinos”, aclaró.
Cossia hizo referencia a que los convenios también apuestan a mantener el trabajo conjunto en la educación, en la sensibilización y en la responsabilidad social que implica tener un animal a cargo.
Uno de los desafíos que tendrá la campaña de castración gratuita es llegar al llamado “interior profundo”, las zonas rurales con menos recursos en el país. “No hay clínicas veterinarias en esos lugares, hace algunos años que no se han hecho jornadas de castración y en algunas localidades se ha generado un aumento de población canina realmente significativa”, dijo el director de INBA.
Para atacar el problema, las intendencias trabajarán con veterinarios de libre ejercicio, centros veterinarios de cada departamento, organizaciones de protección animal y, en algunos casos, licitaciones. Se estima que, de esta forma, las intendencias que realicen menos cantidad de castraciones harán alrededor de 2.000 por año y, las que más, 12.000.
Con respecto a la fecha estimada de comienzo del proyecto, en el correr de esta semana estuvieron arribando a INBA los expedientes firmados por los intendentes, que se les fueron presentados la semana pasada en el Congreso de Intendentes en el departamento de Durazno, en el centro de Uruguay. Una vez arribados los 19 expedientes, más los de los secretarios de intendencia y el del ministro de Ganadería, se dará comienzo al estudio de los planes de trabajo y a su puesta en marcha.
“En tres o cuatro años, tenés un impacto significativo y un cambio sustancial en lo que hemos cuestionado mucho, que es esa relación tan alta entre perros y personas que tenemos en Uruguay”, finalizó Cossia.
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