Una ONG pidió a empresas españolas que “no participen en la explotación feudal” de los trabajadores cubanos

Este jueves el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) emitió un comunicado en el que le pide a las empresas españolas con actividad en Cuba que exijan al gobierno cubano una modificación de las leyes laborales que permiten que el régimen se quede con hasta el 90% del salario del trabajador, según afirmó Alejandro González Raga, director ejecutivo del OCDH.

El organismo realizó el Cuarto Informe sobre el Estado de los Derechos Sociales en Cuba y entregó los resultados a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales y a la Cámara de Comercio. En el comunicado pidió que estas organizaciones no permitan a las empresas participar en “la explotación feudal de los trabajadores cubanos”.

La asociación con el periodo histórico de la época medieval tiene que ver con que las empresas no contratan directamente a los trabajadores sino que lo hacen a través del régimen cubano, pagándole los salarios a éste para que luego los reparta. El grave problema es que los asalariados alcanzan a ver una mínima parte de esa remuneración.

El estudio arrojó que el 70% de los cubanos considera que la contratación en el sector turístico debería hacerse directamente entre la empresa y el trabajador, sin tener de mediador al gobierno. Esto tiene que ver, entre otras cosas, con que el 55% de los cubanos considera que existe “discriminación de algún tipo” a la hora de ingresar a trabajar al sector. Las forma de discriminación que más aparecen son, en primer lugar, la que tiene que ver con las ideas politicas -72%-, seguida por la que tiene que ver con las relaciones sociales o con tener o no influencias en el gobierno -36%-, la orientación sexual -33%-, y participar en una organización cívica independiente -32%-.

Sumado a esto, el 70% de los trabajadores del sector está de acuerdo en que el Estado no debería apropiarse de parte del salario del trabajador y el 80% afirma que prefiere la libertad de contratación antes que la intermediación del régimen. Además, el estudio muestra que el 54% de los cubanos considera que hay más control político e ideológico en el sector en comparación con otros. Solo 2 de cada 10 trabajadores consideran, según el estudio, que pueden desarrollar su actividad sindical libremente al interior de la industria turística.

“La situación del sector turístico es reveladora. Los cubanos exigen recibir directamente los salarios de las empresas extranjeras, sin permitir el expolio de hasta el 90% por parte del gobierno cubano. Estamos a favor de la inversión extranjera en la isla, pero siempre cumpliendo los estándares a los que obligan la Unión Europea y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre los derechos de los trabajadores”, declaró Alejandro González Raga.

No es la primera vez que el régimen cubano está en el centro de la polémica por las condiciones laborales de sus trabajadores. En junio de este año el Parlamento Europeo calificó como trata de personas y esclavitud moderna a las misiones de médicos cubanos en el extranjero. El documento votado por el parlamento condenó “las violaciones sistémicas de los derechos humanos y laborales cometidas por el Estado cubano contra su personal sanitario enviado a prestar servicios en el extranjero en misiones médicas”.

Afirman que estas misiones pueden ser consideradas como trata de personas y esclavitud moderna por las jornadas extendidas de más de 12 horas y la falta de un salario, que es retenido hasta su regreso a cuba y del que solo se les otorga entre el 5% y el 25% de su totalidad. El resto queda en manos del régimen. También señalan que que, desde la aplicación del primer acuerdo bilateral entre La Habana y la Unión Europea en 2017, Cuba “no ha registrado avances concretos” en materia de derechos humanos, libertades fundamentales, condiciones económicas y sociales, y derechos y libertades civiles de sus ciudadanos.

En su momento, el gobierno cubano rechazó la resolución calificándola de “espuria e injerencista” y subrayando que ese “engendro” fue promovido por un grupo de eurodiputados alineados con Estados Unidos.

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