Detenidos incomunicados, juicios irregulares y ciudades militarizadas: la OEA denunció violaciones a los derechos humanos en Cuba

Luego de que ayer los Estados Unidos sancionaran a altos cargos militares de Cuba por su presunto papel en la represión de las protestas de este mes, la Organización de Estados Americanos (OEA) manifestó su “preocupación por los reportes de graves violaciones a los derechos humanos en el contexto de las protestas en” la isla.

En un comunicado, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también reiteró “su condena a las acciones de represión denunciadas durante las manifestaciones”

En tanto, advirtió que “los reportes recibidos desde la sociedad civil son graves y merecen atención por parte de las autoridades y la comunidad internacional. Según la información recibida, las jornadas de protesta estuvieron seguidas de un despliegue policial tanto en las calles como en residencias de particulares, que se habría extendido por varios días”.

“Los hechos denunciados incluyen detenciones de cientos de manifestantes, incomunicación de las personas detenidas y la incertidumbre de familiares sobre su paradero. Además, se reportan acciones de vigilancia y monitoreo a residencias y apertura de procesos judiciales sumarios sin que se garantice adecuadamente el derecho de defensa de las personas bajo custodia estatal”, agregó la misiva.

En esa línea, el comunicado destacó que “entre las personas detenidas habría una cifra significativa de jóvenes, activistas, artistas, periodistas, personal médico, profesores y sacerdotes de varias confesiones religiosas. En este marco, la Relatoría ha sido informada sobre las primeras condenas de prisión a raíz de las protestas del 11 de julio, las cuales se habrían dictado luego de un juicio sumario en el que la mayoría de los acusados no contó con defensa legal y en la que doce personas recibieron sentencias de 10 meses a 1 año de cárcel”.

“La escasa información oficial disponible no responde a la dimensión del fenómeno denunciado. En una extensa entrevista, autoridades policiales y de la Fiscalía negaron que hubiese una sola persona desaparecida, afirmaron que en la isla no hay lugares de detención desconocidos o secretos y, al referirse a las listas que circulan y que son de conocimiento público, señalaron que habría: i) personas liberadas por no haber cometido delitos; ii) personas multadas administrativamente; iii) personas a las que se les ha dictado una medida cautelar “no detentiva”, como fianzas, reclusión domiciliaria u obligación de presentación ante autoridades; y iv) personas acusadas con expedientes en fase preparatoria y con prisión provisional. Esta información es insuficiente en tanto no indica cuántas personas estarían en cada una de las condiciones descritas por las autoridades cubanas y no especifica los cargos por los cuales se les detiene o sanciona”, detalló la OEA.

En tanto, el organismo continental sostuvo que “la aproximación estatal a la crisis de Cuba desconoce estándares internacionales sobre el derecho a la protesta. La CIDH pide a todos los Estados de las Américas que cumplan con su deber internacional de actuar sobre la base de la licitud de las protestas y bajo el supuesto de que no constituyen una amenaza al orden público. Esta presunción general en favor del ejercicio del derecho de reunión y asociación se funda en el interés social imperativo que reviste en la consolidación y funcionamiento de las sociedades”.

“En el caso particular de Cuba, la Relatoría ha podido constatar que los distintos llamados de la ciudadanía a manifestarse públicamente han sido enfáticos en su carácter pacífico. Sin embargo, desde el inicio de las protestas, las autoridades han elegido calificar las manifestaciones como actos de desorden, vandalismo, disturbio y provocación, y a los manifestantes como “instigadores”, “enemigos”, “gusanos” y “contrarrevolucionarios”. Estos señalamientos estigmatizantes pueden alentar a un enfrentamiento entre ciudadanos, generan un clima de permisividad al abuso de autoridad e inhiben expresiones legítimas, desincentivando el ejercicio de los derechos de expresión, reunión y asociación sobre asuntos de interés público”, lamentó la Relatoría.

El organismo también destacó que “la sociedad civil cubana ha denunciado un ambiente generalizado de miedo y autocensura. Esta Oficina recibió reportes que indican que familiares de personas detenidas o desaparecidas han optado por no preguntar a las autoridades, denunciar o exponer públicamente los casos por temor a que eso pueda poner en riesgo su vida o integridad, empeorar las condiciones de detención o agravar las consecuencias judiciales. A los cientos de casos reportados de represión, criminalización y estigmatización de la protesta se suman alegaciones de militarización de ciudades, vigilancia policial y alteraciones de acceso a internet. Estas acciones configuran un cerco a la deliberación pública, comprometen seriamente las garantías a la libertad de expresión presente y futura de la sociedad cubana en su conjunto, y dificultan que fluya información para la observación internacional de lo que está pasando en la isla”.

“La prensa ha denunciado ser blanco constante de agresiones físicas, intimidaciones, detenciones y ataques virtuales a sus portales informativos. Algunos medios de comunicación del interior del país habrían quedado inoperantes debido a las detenciones prolongadas de sus reporteros, otros habrían tenido que suspender la distribución de periódicos y en algunos municipios la acción de sacar un celular en la calle activa inmediata reprensión policial”, resaltó el comunicado.

En la misma línea, la Relatoría marcó que “en un escenario caracterizado por falta de información oficial pertinente sobre las violaciones a derechos humanos denunciadas, el periodismo independiente de calidad y profesional se vuelve más necesario e importante que nunca. La Relatoría reconoce los esfuerzos de la prensa local e internacional en la cobertura de lo que ocurre en la isla y les anima a continuar su trabajo”.

“En atención a lo expuesto, esta Oficina reitera su condena a las acciones de represión y al uso de la fuerza denunciados, y advierte sobre la opacidad de las detenciones y la activación de juicios sumarios sin la asistencia legal debida. La Relatoría llama a la pronta y urgente reflexión de la comunidad internacional para que los instrumentos y mecanismos multilaterales de derechos humanos contribuyan a facilitar plenas garantías a los derechos de reunión, asociación y libre expresión. Asimismo, insiste en su llamado al Estado a entablar un diálogo y a cesar su distanciamiento de los sistemas internacionales de derechos humanos”, concluyó la OEA.

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