
La Fiscalía de Perú ha decidido abrir una investigación preliminar contra el fiscal supremo y ex miembro del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) Luis Arce y el ex asesor presidencial de Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, en respuesta a unos audios en los que este último habría intentado gestionar sobornos a miembros del ente electoral a favor de la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.
Según recoge el diario peruano ‘El Comercio’, Arce, que renunció a seguir formando parte del órgano electoral, será investigado por el presunto delito de cohecho pasivo específico, mientras Montesinos lo será por cohecho activo específico.
Además, en el marco del caso también se investigará al abogado Guillermo Sendón y al excomandante Pedro Rejas, partícipes en los audios, también por cohecho activo específico.
La Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios ha dispuesto la apertura de la investigación y ha marcado cinco meses de plazo para realizar las indagaciones.
En este contexto, se pedirá al JNE una copia certificada de la renuncia de Arce al Pleno --que se produjo el pasado 23 de junio debido a que él consideraba que el ente carecía de “transparencia”,.

Asimismo, se recogerán las declaraciones del magistrado, el exasesor de Alberto Fujimori y del presidente de la agrupación política Frente Esperanza, Fernando Olivera, quien difundió los audios, entre otras personas involucradas en el caso, recoge el medio peruano antes citado.
LAS GRABACIONES
Vladimiro Montesinos facilitó a una de las figuras del fujimorismo, Rejas, “echar un poco de gasolina”, es decir, sobornar, a miembros del JNE para decantar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 6 de junio a favor de Keiko Fujimori.
“Escúchame, ¿te acuerdas de Guillermo? Ya, el pata tiene conexiones con el JNE. Es un colegiado de cuatro, ¿no es cierto? Él tiene llegada a tres, directo. Claro, con tres es suficiente. Entonces, sería bueno que lo localizaras a él para que pueda apoyar, tienes que echar un poco de gasolina (pagar sobornos). Tú me entiendes, ¿no? (...). Él te va a decir: ‘Hay tanto (que pagar) y cancelar ese tanto’ (...). Él puede ayudar bastante bien, y si se logra eso, se gana”, afirmó Montesinos en la conversación con Rejas durante un contacto supuestamente destinado a hablar con su esposa desde prisión el pasado 10 de junio.

Según la transcripción, Montesinos dio a Rojas el número de teléfono del abogado Guillermo Sendón Guerra, quien supuestamente mantenía contacto con miembros del JNE. Además, de la conversación se desprende que no fue la primera conversación sobre esta cuestión.
“Si hubiéramos hecho el trabajo que hemos planteado... Problema de mierda, por la mezquindad (de esos) nos ha pasado esto. Ahora ya es tarde, pero aparte de eso, la gente que tiene (Keiko Fujimori) son unos huevones”, dijo. En la conversación Montesinos carga contra el equipo de campaña y contra la estrategia de la “chica”, en referencia a la candidata presidencial.
Además, en las grabaciones se refleja que el abogado pidió tres millones de dólares para tres magistrados del JNE.
La Marina de Guerra y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), responsables de la prisión militar de Callao donde se encuentra recluido Montesinos, han confirmado la veracidad de la grabación, difundida por el ex congresista Fernando Olivera, y que tuvo permiso para comunicarse los días 10 y 23 de junio.
CONTEXTO ELECTORAL
Perú está a la espera de conocer su próximo presidente, después de la disputada segunda vuelta del pasado 6 de junio, que dejó al candidato de Perú Libre, el izquierdista Pedro Castillo, con el 50,12 por ciento de los votos, por delante de la opción ultra conservadora que representa Fujimori, quien con el 49,87 por ciento de las papeletas ha pedido nulidades de actas.
Actualmente, estas están bajo revisión en el JNE, que ha empezado ya a declararlas infundadas, mientras la aspirante de Fuerza Popular ha iniciado una campaña judicial para intentar revertir la situación.
Por su parte, misiones diplomáticas de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) o la Unión Europea (UE), entre otros, han descartado irregularidades.
(Con información de Europa Press)
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